El PP prepara su ‘ley trans’ sin las multas de Igualdad y con más límites a los menores

El lunes pasado el PP empezó a reunirse con distintas organizaciones para preparar su alternativa a la ‘ley trans’ del Gobierno de coalición. La idea de los conservadores es armar una propuesta legal durante las próximas semanas con sectores de la comunidad médica y educativa, y colectivos feministas y transexuales. En Génova tienen decidido que esta ley seguirá formando parte de su agenda política, como quedó demostrado con la última intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado. La próxima semana esas reuniones de trabajo continuarán. 

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la ley que promoverá el PP pretende hacer “muchos ajustes” a la norma del Ministerio de Igualdad, ya aprobada, poniendo el acento en las principales reivindicaciones del feminismo clásico (preocupado por las consecuencias que tendrá para las mujeres y la lucha por la igualdad), la protección a los menores (poniendo más filtros al cambio de sexo en el registro, que es la principal novedad de la norma) y revirtiendo lo que en el PP consideran “ataques” a la libertad de expresión.

Los conservadores inciden en este último aspecto porque la nueva ley impulsada por Irene Montero y que ha levantado ampollas en una parte del PSOE, incluye un paquete importante de sanciones administrativas en su Título IV. Las infracciones leves se refieren a la utilización de expresiones vejatorias que no lleguen a delitos de odio; las graves, a la no retirada de esas expresiones en webs o redes sociales y, por último, las muy graves se dirigen a quienes lleven a cabo “acoso discriminatorio, cuando no se constituya infracción penal, por razón de orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales”. Éstas últimas infracciones pueden ser sancionadas con una multa de hasta 150.000 euros. 

El PP considera que el apartado relativo a las sanciones es “un despropósito” que debe ser revisado teniendo en cuenta, además, que se trata de una ley administrativa y, por tanto, sería instruido por una autoridad de esa naturaleza y no por un juez a través de un procedimiento penal. En la dirección popular recuerdan un enfrentamiento en redes sociales entre la activista transexual Carla Antonelli, (que fue diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y ahora ha fichado por Más Madrid, como reveló este diario) y Carmen Calvo el pasado mes de enero.

Lo que yo espero @carmencalvo_ es que si vas algún día a la cárcel lo sea porque este país se viste x los pies y el odio y transfobia que supuras, en lo verbal y lo gestual, conlleve pena de prisión. Por cierto, ya no eres vicepresidenta y la Ley TRANS #SeráLEY ¿Te das cuén? 😘 https://t.co/pBqCqfQWZj

— Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) 9 de enero de 2023

Antonelli, que ha apoyado y participado en la ley de Montero, reprochó hace unas semanas a la exvicepresidenta del Gobierno sus críticas a la ‘ley trans’, acusándola de “supurar odio y transfobia”, e insistió en que esos comportamientos “en lo verbal y gestual” deberían conllevar “penas de prisión”.

Precisamente, el futuro proyecto de ley de los populares (el portavoz electoral de Génova, Borja Sémper, afirmó que si Feijóo llega a la Moncloa impulsará esta nueva norma en sus primeros 100 días de Gobierno) pretende ajustar algunas de las cuestiones que más han criticado en el feminismo clásico. 

El propio líder conservador le lanzó varias preguntas a Pedro Sánchez en el Senado desvelándolas: “¿Usted está realmente de acuerdo va con cómo va a afectar su ley a los criterios de paridad, a la reserva de plazas para mujeres, a los procedimientos de violencia machista, al deporte femenino o las consecuencias que tendrá en los espacios de intimidad?”, se preguntó el dirigente gallego englobando algunas de las cuestiones que más preocupan a sectores feministas y que formaron parte, algunas de ellas, de las enmiendas presentadas por el PSOE durante la tramitación de la ley.

LOS MENORES

Otro de los puntos clave en la propuesta de los conservadores se refiere a una mayor protección de los menores. Por un lado, propondrán más trabas para que se pueda producir el cambio en el Registro Civil. La nueva ley elimina la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas como requisitos para solicitar el cambio de sexo, que podrá autorizarse sólo con la voluntad del solicitante si tiene más de 16 años. Para los menores de entre 16 y 14 años será necesario acudir acompañados de sus padres o tutores legales, y los que tengan entre 12 y 14 años sí necesitarán una autorización judicial.

El PP considera que el criterio médico no puede apartarse y que se deben recuperar algunos filtros, además de periodos de reflexión más largos hasta que los solicitantes lleven a término su decisión. Según explican dirigentes populares implicadas en la futura ley, algunos sectores médicos y educativos les están refieriendo su preocupación por "diagnósticos precipitados o erróneos de otras patologías" que derivan en “conclusiones equivocadas” como un cambio de sexo precipitado.

EL PLAN DE FEIJÓO

Como publicó este diario, el PP está decidido a dar las batallas sociales y feministas que hasta el momento parecían patrimonio de la izquierda. De hecho, cuando Sémper anunció el pasado lunes que si Feijóo gobierna hará su propia ‘ley trans’ Vox no tardó en lanzar un ataque: “El PP ya no quiere derogar la ley trans, solo reformarla. Se agradece que lo digan antes de las elecciones para que nadie caiga en engaño: quieren gestionar la porquería legislativa de la izquierda”.

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La pugna en la derecha está servida y Vox incidirá en ella para tratar de mantener su espacio electoral. En Génova lo ven distinto tras haber detectado “un nicho de electores de centro izquierda” que no quieren votar al PSOE y que podrían decantarse por Feijóo tras el giro en algunas posiciones sociales como la aceptación de la ley de plazos en el aborto, la insistencia en corregir cuanto antes la ley del ‘sólo sí es sí’ y, ahora, abrirse a una ‘ley trans’ edulcorada. 

Aunque no es una cuestión prioritaria, en Génova siguen sin descartar por completo el recurso de inconstitucionalidad contra la norma del Gobierno. Son conscientes de que la nueva sensibilidad mayoritaria en el TC complica el éxito de sus recursos y ponen el acento en su compromiso de derogarla e impulsar una nueva.