El juez envía a prisión a las mujeres repatriadas de Siria por integración terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso preventivo en prisión de Yolanda Martínez y de Luna Fernández, las mujeres de yihadistas repatriadas desde Siria este lunes, tras escuchar sus declaraciones en la Audiencia Nacional.

Ambas tienen varios menores a su cargo -llegaron con un total de 13-, y fueron retornadas este lunes desde el campo de prisoneros de Al Roj, en Siria en un operación en la que participaron varios ministerios. El magistrado considera que en el caso de ambas existe un concreto riesgo de fuga debido al grave delito que se les atribuye, el de integración en organización terrorista, así como un "evidente" riesgo de que reiteren sus conductas delictivas.

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Tras escuchar su declaración ante el juez Santiago Pedraz, el fiscal Carlso Bautista solicitó la medidas cautelares de prisón, pero también instó a que se suspenda la patria potestad respecto de sus hijos por entender que podrían estar sometidos a adoctrinamiento por sus madres. Yolanda llegó a España con sus cuatro niños, mientras que Luna lo hizo con un total de 9 menores a su cargo.

Sin embargo, esta petición no ha sido atendida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que en el auto en el que justifica las prisiones razona que esta circunstancia hace desaparecer el riesgo potencial que que ambas puedan continuar "con un posible adoctrinamiento" de los pequeños.

Las dos mujeres, que se habrían casado con hombres que viajaron a Siria a hacer la Yihad, fueron detenidas tras su llegada a nuestro país en cumplimiento de las órdenes dictadas contra ellas en Septiembre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 5. En total se emitieron cuatro órdenes contra tres españolas --una de ellas no ha podido ser localizada--y una tercera mujer marroquí que estaban en los campos de Al Hol y Al Roj en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas del Estado Islámico, después de que expresaran su voluntad de regresar a España. 

El Gobierno anunció en noviembre pasado su intención de repatriarlas, y en la operación han participado varios ministerios y se ha contado con apoyo de Estados Unidos. Su retorno se consideraba por las autoridades una "obligación legal" para regularizar su situación procesal y la única solución humanitaria frente a la realidad que sufrían en los campos situados al noroeste de Siria, donde sobreviven más de 50.000 personas, la mayoría de ellas menores.

LABORES DE RADICALIZACIÓN EN MADRID

Por su parte, el juez Pedraz incardina su deción sobre estas mujeres en la la pérdida de control por parte de DAESH en Siria e Irak, lo que supuso aumentar el riesgo de dispersión o retorno de los conocidos como 'foreign terrorist fighters' (combatientes terroristas extranjeros), un listado del que forman parte estas dos mujeres.

La trayectoria de ambas coincide a juicio del magistrado con la de sus maridos, por lo que se les atribuye integración en la autodenominada Brigada Al Andalus, establecida en Madrid y que llevó a cabo labores de radicalización, reclutamiento y posterior facilitación del traslado a Siria e Irak para la comisión de ataques terroristas.

Las dos mujeres, indica, habrían participado en actividades a favor de DAESH, tanto antes de desplazarse a la zona sirio iraquí, como cuando se trasladaron junto a sus esposos a mediados de 2014 a esas zonas de conflicto, compartiendo y aceptando el mismo destino que aquellos con el "objetivo de demostrar su integración en la referida organización terrorista".

De ambas mujeres y de otra tercera, continúa la resolución, no se tuvo información fehaciente hasta su aparición en un vídeo de el diario El País, de abril de 2019. En el vídeo, una de ellas, Yolanda Martínez, aseguraba: "llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica".

Para el juez, pese a los intentos de Yolanda Martínez por desmarcarse de su integración en DAESH sus palabras la delatan, ya que solo a los miembros de esa organización se les cedía una casa y les daba un trabajo en la administración que el pseudocalifato dirigido por Abu Bakr al Bagdhadi estaba desarrollando.

Además, el hecho de que haya permanecido en aquella zona "muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa de DAESH". Indica además que "compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estático ante el conflicto sirio y pasar a la acción".

Respecto a la otra mujer, Luna Fernández, el magistrado señala que es también conversa al islam y mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de los integrantes de la brigada Al Andalus. En el mismo vídeo mencionado aparecía también esta mujer y sus palabras en él, según el juez, reflejan "la interiorización radical y extremista del Islam, donde la sharia o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países", pese a su interés por desmarcarse de DAESH a lo largo de la mencionada entrevista.