Andalucía pide paralizar el impuesto a los ricos a la espera del Constitucional

El Gobierno andaluz perfila su recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Ejecutivo de la nación y solicitará la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, si hay o no invasión de competencias. La consejería de Economía y Hacienda, que dirige Carolina España, informó en un comunicado de que los servicios jurídicos perfilan el contenido del recurso y esperan la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Impuesto a la Solidaridad de las Grandes Fortunas, tras su aprobación el miércoles por el Senado sin enmiendas. Se espera su entrada en vigor, probablemente en los próximos días.

Madrid ya anunció su recurso al Constitucional contra el impuesto, como Andalucía. La Junta solicitará, en primer término, la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso, "para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación". La solicitud de medidas cautelares para frenar el impuesto llega en un momento crítico para el Constitucional, envuelto en una crisis institucional sin precedentes en España, después de que el tribunal de garantías haya frenado la votación en el Senado de la reforma legal sobre su propia renovación a raíz de un recurso de amparo del PP.

Contraofensiva de Montero

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, insistió en que el impuesto es "un ataque directo a la comunidad andaluza y a su autonomía financiera". El Gobierno de Juan Manuel Moreno recuerda que "no fue hasta que Andalucía bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio cuando el Gobierno central decidió crear este tributo". "Sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista”, advierten. “Están regulando ‘ad hoc’ contra Andalucía y en contra de lo dispuesto en la Constitución. Por eso acudimos al Constitucional”, apuntó la consejera. “Es un fraude de ley, además de una chapuza técnica y política, ya que el atajo escogido por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos los informes de garantía constitucional”, añadió.

El Gobierno de Pedro Sánchez desactivó el paquete de rebajas fiscales anunciado por Andalucía con un nuevo "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas". Moreno anunció, siguiendo la estela de Madrid, la supresión de Patrimonio y su llamada a los ricos a censarse en Andalucía aprovechando los beneficios fiscales. La contraofensiva política del Gobierno fue clara. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos desactivó con el nuevo impuesto a los ricos una medida que desató una pugna fiscal entre los territorios y arrastró a comunidades socialistas como la valenciana, con Ximo Puig abanderando la bajada de IRPF para rentas hasta 60.000 euros.

Estatuto andaluz

El recurso señala además que el nuevo impuesto infringe el artículo 178.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo que también supone una infracción del bloque de constitucionalidad. En la misma línea de lo argumento por el PP en el recurso para frenar la reforma del poder judicial, Andalucía alerta de que se "ha privado a los miembros de la Cámara Legislativa de su derecho a enmendar el texto, corregirlo o modificarlo, es decir, infringe el procedimiento parlamentario y cercena el derecho de enmienda de los parlamentarios".

El argumento central del Gobierno andaluz es la invasión de competencias. Consideran que invade las competencias atribuidas con la cesión del Impuesto sobre el Patrimonio, en manos de las comunidades autónomas. El recurso sostiene que la modificación en la práctica del régimen de cesión de tributos "debió adoptarse mediante la aprobación de una Ley Orgánica o, al menos, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)", y no como se ha hecho, a través de una enmienda incluida en una proposición de ley para la creación de dos impuestos temporales, como los que gravan los ingresos de las entidades financieras y las empresas energéticas.

La Junta denuncia que el nuevo impuesto "ataca a la autonomía financiera", lo que "menoscaba ilegítimamente y sin justificación constitucional alguna la autonomía financiera que garantiza el artículo 156.1 de la Constitución Española e infringe el bloque de la constitucionalidad, es decir, aquellas normas, como la LOFCA o la Ley de Tributos Cedidos, que desarrollan los principios constitucionales".

Inseguridad jurídica

"Tampoco garantiza la seguridad jurídica, pues no está justificada la retroactividad, y, por ello incurre en la arbitrariedad constitucionalmente repudiada en el artículo 9.3 de la Constitución Española", sostiene el texto jurídico. El Gobierno andaluz alerta además de que al aplicarse "de manera inesperada e imprevista" crea inseguridad jurídica y "vulnera la legítima confianza de los contribuyentes y especialmente de los que han establecido su residencia fiscal en España por su fiscalidad, a los que no se les ha dado tiempo a reaccionar para adaptarse a las novedades introducidas por la nueva figura tributaria".

El recurso de inconstitucionalidad se debe formular dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley por la que se crea el nuevo impuesto. Una vez estudiada con detalle la ley publicada, y tras la realización de trámites internos en la Consejería, se derivarán los informes preceptivos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y al consejo Consultivo de Andalucía. Después, el Consejo de Gobierno autoriza la interposición del recurso de inconstitucionalidad y se envía el expediente al Gabinete jurídico para la presentación de la demanda frente al Constitucional.