Junts saca pecho de haber abocado a ERC a enmendar los desórdenes agravados

Además de presentar una enmienda para acotar la malversación a intentar que no sea aplicable al 1-O, ERC registró también este viernes un texto para retocar el delito de desórdenes públicos agravados que se incluye en el Código Penal una vez suprimida la sedición. El gesto de los republicanos ha estado precedido de una amplia crítica tanto de los movimientos sociales, que levantaron la mano para señalar que con esa modificación habría más herramientas para castigar la protesta, como de entidades como la ANC y partidos como Junts y la CUP, que se manifestaron precisamente el martes pasado en contra de la reforma pactada por ERC con el Gobierno. Tras la enmienda de los republicanos, Junts ha sacado pecho para señalar que la realidad les ha dado la razón.

"Se nos dijo de todo. Ahora nos dan la razón y solo intentan matizarlo. Menos años de prisión a cambio del riesgo de más gente en la cárcel no es ninguna solución", ha respondido este sábado el secretario general de Junts, Jordi Turull, unas palabras destinadas a afear a los republicanos que, bajo su juicio, hayan pactado unas medidas para beneficiarse de una rebaja de condena mientras se pone en riesgo a quienes se manifiestan. Esta fue una de las principales críticas que lanzaron los participantes de la movilización promovida por la ANC que acabó en la plaza Sant Jaume, frente a la Generalitat y en la que participaron 4.500 personas según la Guardia Urbana y 10.000 según los organizadores.

El Gobierno remueve el Código Penal para disimular la revisión a la baja del delito de malversación

Tanto ERC como el PSOE y Podemos han registrado enmiendas que coinciden en retocar los desórdenes públicos agravados para que no sean punibles acciones como la ocupación pacífica de un edificio u oficina. Los republicanos reclaman, además, bajar las penas para que el castigo mínimo sea de un año de cárcel en lugar de tres. En el caso de Junts, que también ha presentado una enmienda para alterar la redacción de un delito que consideran diseñado para "la persecución contra los líderes independentistas en el exilio", reclaman que exista una violencia concreta para poder aplicar los desórdenes públicos, así como limitar las situaciones en las que se puede aplicar el delito. Además, los posconvergentes piden rebajar las penas propuestas de cárcel máximas de tres a dos años.

En cambio, más aproximación hay entre ERC y Junts a la hora de intentar reformar el delito de malversación. Ambas formaciones hacen un planteamiento similar basado en deshacer la reforma que hizo el PP en el 2015 tras la consulta del 9-N para volver a la antigua definición de este delito, con la recuperación del "ánimo de lucro" como concepto clave. Los independentistas defienden que la organización del 1-O no debería poder ser perseguida.