BRONCA EN EL CONGRESO

Ocho leyes, unas elecciones y el parto de Belarra: el plan del Gobierno para legislar rápido acaba mal

  • El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, intentó este martes en la Junta de Portavoces del Congreso superar en dos jueves, en dos sesiones plenarias, los trámites de hasta ocho proyectos legislativos

  • Entre ellos, la norma de bienestar de los animales, que la ministra Ione Belarra querría defender en la Cámara antes de dar a luz. Este hecho lo llegó a citar el propio Simancas, pero no cuajó su plan

Ocho leyes, unas elecciones y el parto de Belarra: el plan del Gobierno para legislar rápido acaba mal
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Hace menos de 24 horas, sucedió algo asombroso en la Mesa del Congreso. De pronto, de un plumazo, desbloqueó ocho proyectos legislativos. En términos técnicos, equivale a que el plazo de presentación de enmiendas parciales (a parte del articulado) o a la totalidad del texto acabará este mismo miércoles. Hay quienes se tuvieron que frotar los ojos al verlo; esta legislatura no se ha prestado a semejante velocidad de crucero. La explicación reluce en seguida: faltan diez meses de tiempo real de legislación. Hay que correr.

Algunas de las leyes que desatascó la Mesa gracias a la mayoría que en ella tienen PSOE y Unidas Podemos (seis de los nueve integrantes, incluida la presidenta, Meritxell Batet) son de enjundia. Está el proyecto de ley trans, está el proyecto derivado de uno de los decretos aprobados para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Está también la ley de bienestar de los animales. Y la que reforma el Código Penal para castigar el maltrato animal. Está la nueva ley de cotización de los autónomos e incluso la que salió del decreto de ahorro energético, que hace sólo una semana estaba abandonado. Además, la reforma de la ley del aborto. En total, ocho proyectos.

Desde la semana pasada, estas prisas del Gobierno están causando tiranteces. En la reunión de la Mesa de la semana pasada el PP pidió explicaciones al respecto mediante escritos de reconsideración. A cada una de las normas mencionadas el Gobierno les puso la etiqueta de "tramitación por el procedimiento de urgencia". Traducido a lenguaje inteligible, quiere decir que para negociar los textos en el Congreso no habrá comparecencias de expertos y los plazos de presentación de enmiendas y de trabajo de la ponencia se estrechan a la mitad. Para el grupo que dirige Cuca Gamarra, el Ejecutivo está hurtando a los diputados su principal función: hacer leyes.

El ministro de Inclusión, José Luis Escriva, en su escaño, conversa con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. 

/ Mariscal / EFE

Por ser más preciso: más que despojar a los parlamentarios de tal función, la más importante de cuantas les confiere la Constitución, les está hurtando algunos de sus procedimientos. No es un detalle menor.

La cuestión no quedó zanjada hace una semana, la del comienzo del periodo de sesiones en el Congreso. Este martes, en la Junta de Portavoces, ha regresado. Cinco fuentes presentes en la reunión han señalado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, planteó cambiar el orden del día del pleno en curso para incluir en la sesión del jueves dos debates de totalidad: de la ley del aborto y del maltrato animal. Asimismo, dado que la agenda prevista para el jueves siguiente es corta, abogó por ubicar aquí los seis restantes debates de totalidad.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha negado a lo primero, lo que ha frustrado el plan del Gobierno, manifestado por boca de Simancas. Para modificar el orden del día de un pleno en curso es necesaria la unanimidad de la Junta de Portavoces. Como la diputada popular se ha pronunciado en contra con severidad, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha cerrado el debate. Ha sido tan tajante, en opinión de una de las fuentes consultadas, que algunos de los presentes se han sorprendido. Batet suele tender al diálogo, a veces más de lo aconsejable, opinan diputados y diputadas de trato diario con ella.

Lo más sorprendente de la sesión de la Junta estaba por llegar. Simancas, en la argumentación para acelerar los trámites, citó el embarazo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Según las versiones de las cinco fuentes, alegó que al salir de cuentas en unos días, la celebración del debate de totalidad de la ley de bienestar de los animales este jueves permitiría a la dirigente acudir al Congreso y subir a la tribuna del hemiciclo a defenderla. La explicación no convenció a Gamarra, ni a decir verdad a varios de los presentes.

En un debate de totalidad de una ley (los grupos votan las peticiones de devolución del texto presentadas por la oposición, de manera que si sale mayoría a favor, volverá al Gobierno, y si sale mayoría en contra, continuará su andadura parlamentaria), el Gobierno siempre interviene primero. Un ministro o ministra toma la palabra y desgrana las bonanzas de la nueva regulación. Belarra, cuentan las fuentes, estaría interesada en enumerar las fortalezas de una norma llamada a ser emblema del Ministerio que dirige y que dirigió antes Pablo Iglesias.

Pero no es la única razón. Una fuente de un grupo que sostiene el Gobierno recalca que las prisas tienen que ver sobre todo por el interés en alejar la agenda legislativa del ciclo electoral. Es una manera subrepticia de reconocer que a partir de febrero de 2023 legislar puede resultar tortuoso. Mejor acelerar ahora. El PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en ello. Al final y al cabo, las elecciones autonómicas y municipales de mayo están a la vuelta de la esquina.

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