CS TOMA LA INICIATIVA

La oposición se moviliza para obligar al Gobierno a negociar los decretos e impedir que los 'olvide'

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, lanza una propuesta para cambiar el reglamento del Congreso y blindar una serie de plazos que eviten que haya leyes que nunca se negocian y que, por ello, terminan desapareciendo

Según la petición, ya registrada y a la que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los proyectos legislativos procedentes de decretos se deberán negociar en un mes

La propuesta tiene visos de éxito porque PP, ERC y PNV son otros grupos molestos por este 'truco' parlamentario que en lo que va de legislatura afecta ya a 20 decretos

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos / EFE

Ángel Alonso Giménez

El pasado 25 de agosto, el pleno del Congreso avaló los decretos leyes números 13, 14 y 15 del presente año. Pese a ser los decretos instrumentos legislativos que la Constitución reserva para situaciones de “urgente necesidad”, la cifra no está mal. Ocho meses, 15 decretos. El Gobierno alega que durante la legislatura se han desencadenado numerosas urgencias, de ahí el uso abundante de dicha figura. Sólo en 2022, la guerra de Ucrania y este verano espantoso de calor, sequía e incendios.

De los tres decretos avalados ese día, uno fue especialmente polémico. El 14, en concreto, ya que contenía el plan de ahorro energético que el Ejecutivo ha desplegado para cumplir con las recomendaciones de la UE. La limitación del horario de escaparates, la gratuidad en cierto tipo de transporte público o la regulación de la temperatura de los aires acondicionados son tres de las medidas incluidas. Parecía que el decreto recorrería el pleno del Congreso sin más aspaviento que el de la contienda política. Pero se complicó todo cuando el PSOE y Unidas Podemos comprobaron que ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT tenían dudas.

¿Cómo las resolvió el Gobierno? Con un ardid totalmente legal, pero tramposo visto lo visto. Dijeron los representantes del Ejecutivo a los portavoces parlamentarios que el decreto se tramitaría como proyecto de ley. Esto, que es normal que no entienda un ciudadano de pie, consiste en abrir un proceso de negociación en el Congreso destinado a cambiar la norma. Es una manera de que la oposición intervenga en el texto tras su paso por el Consejo de Ministros y la consiguiente entrada en vigor.  

Cuando a Gabriel Rufián, líder de ERC en la Cámara Baja, le dijeron que el Gobierno aceptaba convertir el decreto en proyecto legislativo, pidió que le entregaran un compromiso por escrito. No se fiaba el diputado catalán un pelo de esa promesa. Tampoco el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel. Ni en EH Bildu.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la sede del Ministerio de la Presidencia, a 27 de julio de 2022, en Madrid.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la sede del Ministerio de la Presidencia, a 27 de julio de 2022, en Madrid. / Europa Press

¿Por qué la desconfianza? Porque en el Congreso hay ahora mismo 20 decretos leyes convertidos en proyectos de ley y, por tanto, susceptibles de modificarse, completamente olvidados. Es decir: abandonados. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues que el Gobierno se compromete a negociarlos para salvar las convalidaciones pero luego, apoyado en la mayoría que tiene en la Mesa, va encadenando ampliaciones de plazos de presentación de enmiendas. Y como no se puede empezar a cambiar un proyecto sin cerrarse ese periodo, los decretos van cogiendo polvo y unas cuantas capas de olvido.

De la época dura de la pandemia

Se puede ver en la web del Congreso. El proyecto de ley más longevo, el “Matusalén” de los proyectos, data de julio de 2020. La mayoría estableció que se tramitara en el Congreso para modificarlo y no se ha hecho nada con él. Lleva acumulando plazos de enmiendas desde hace exactamente 24 meses. Es cierto que se trata de un compendio de medidas dirigidas a combatir los efectos económicos derivados de la pandemia, pero se podría haber negociado en su momento. Tiempo para eso siempre se puede habilitar. Procedentes de la época más dura de la pandemia, el año 20 de este siglo, sobreviven en un cajón, abandonados, otros dos. 

Sin que nadie le haga caso está el proyecto del “brexit”, proveniente del decreto número 38 de 2020, y uno que a punto estuvo de crearle un problema enorme al Gobierno, el del plan de recuperación y resiliencia. El mecanismo de reparto de los fondos europeos está aquí. El Gobierno, para salvarlo, se comprometió a incluir cambios mediante la conversión en proyecto legislativo. Ahí sigue.

Para hacer frente a las olas pandémicas de 2021, la coalición articuló numerosos decretos leyes. Todos en vigor, cabe recordar, pues es requisito “sine qua non”. Pero una mayoría parlamentaria aceptó negociarlos y modificarlos sin éxito. Se dejaron ahí perdidos, enlazando plazos de enmiendas desde enero del año pasado. Son seis en total.

Sorpresa en este listado. Desde febrero se puede negociar en el Congreso el decreto ley 30/2021 por el que “se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables”. El título recuerda tanto a los planes de ahorro actuales, incluso al plan de contingencia que el Ministerio de Transición Ecológica va a negociar desde este jueves con los grupos parlamentarios… Está olvidado, sin embargo, como lo están el de la lucha contra la sequía en el ámbito agrario (marzo) o el de la primera batería de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania. 

Meritxell Batet y Guillermo Mariscal, PP, antes del comienzo de la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados.

Meritxell Batet y Guillermo Mariscal, PP, antes del comienzo de la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Otros decretos de “guerra” olvidados

Ese primer proyecto de ley relacionado con la invasión de Rusia a su vecino está acompañado por el que procede del decreto ley número 11 de este año. La norma, de 60 páginas, despliega propuestas en seis ámbitos, del agrario al de transportes. El mantenimiento del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina está aquí.

El pleno del Congreso lo debatió a mediados de julio. La representante del PNV en el debate afirmó entonces, en respuesta al ministro Félix Bolaños: "Los grupos parlamentarios nos tenemos que posicionar bajo la disyuntiva del todo o nada (...) No tienen mayoría absoluta, pero actúan como si la tuvieran y, luego, quieren hacer recaer la responsabilidad de que se aprueben o no estas medidas en los grupos parlamentarios, como si ustedes nada tuvieran que ver”.

La Mesa del Congreso formalizó la conversión del decreto en proyecto de ley y lo dejó al albur de la correspondiente tramitación parlamentaria. Tramitación que no ha empezado y que difícilmente empezará, pues acaba de aterrizar otro decreto transformado en proyecto, el del 1 de agosto. El número 14 del año.  

La misma diputada del PNV que un mes antes protestó, volvió a hacerlo el pasado día 25. Idoia Sagastizábal se llama. “Una vez más nos colocan en la disyuntiva del todo o nada; en definitiva, una vez más nos trasladan al resto de grupos parlamentarios la responsabilidad de que se convalide o no el decreto (...) No esperen al último momento y no tienten a la suerte, porque algún día las cuentas no van a salir”. 

Llamamiento de Bal

Efectivamente, puede ocurrir que la oposición, unida, vote en contra de un decreto y se derogue. Sería una derrota política tremenda. En el Gobierno creen que eso no pasará. Este juego de cálculos y amagos puede que se quede sólo en eso, en un juego.

En busca de una garantía reglamentaria que obligue al Ejecutivo a negociar los decretos que se convierten en proyectos se ha movido Cs. Su portavoz, Edmundo Bal, ha registrado en la Cámara una propuesta. Previa modificación del reglamento del Congreso, se garantizará “una limitación general de las prórrogas -de enmiendas- a un máximo de cuatro meses”. Si fuera necesario más tiempo, debido a la complejidad técnica de la norma, por ejemplo, sólo una mayoría reforzada de la Mesa (6 de sus miembros) podrá decretarlo.

Los procedimientos de urgencia (los 20 proyectos derivados de decretos están catalogados como procedimientos de urgencia, lo que tampoco ha servido para nada), en vez de en cuatro meses, se llevarán a cabo en dos. Y los proyectos legislativos procedentes de decretos, se tramitarán en un mes desde su convalidación. Un mes es justo lo que han acordado Gobierno y oposición para el decreto del plan de ahorro energético. Cs quiere blindar esto en el reglamento de la Cámara.

En declaraciones a este medio, Bal critica el uso desmedido de decretos por cuanto “se degrada la calidad democrática”. La oposición, sencillamente, no pinta nada en normas que afectan a cuestiones esenciales de la ciudadanía

Y no le molesta sólo “el chantaje” del Ejecutivo de coalición al plantear la convalidación de los decretos como “un todo o nada”. Como reconoce Cs en la exposición de motivos de la propuesta, esta “tendencia se ha exacerbado de manera especialmente intensa” con PSOE y Unidas Podemos.

Le molesta también que, una vez convertidos los decretos en proyectos, los partidos del Gobierno los bloquean “sine die” por ostentar la mayoría de la Mesa (6 de 9 integrantes). Pone un ejemplo: “El decreto de los ‘fondos europeos’ lleva tanto tiempo en el cajón que en el momento en que se apruebe, si llega a aprobarse, carecerá de razón de ser porque el grueso de los fondos se habrán ejecutado”.

Cs confía en llevar al pleno esta propuesta para su toma en consideración. Cree que PP, ERC, PNV y EH Bildu la apoyarán. Hablará con sus homólogos, dice. 

Y si consigue que se tramite la propuesta, intentará que no se quede dormida en un cajón, como esos 20 decretos que el Gobierno prometió negociar y no negocia.