El Senado 'toca' la ley del sí es sí y la de ciencia y amarga la euforia parlamentaria del Gobierno

Josep Lluís Cleries atraviesa su quinta legislatura en el Senado. Es un parlamentario veterano con fama, dicen los que le conocen, de estudiarse las leyes al dedillo. Tanto que encuentra incongruencias e incorrecciones en párrafos que no han visto antes los letrados, y los diputados y senadores saben que a los letrados de las Cortes Generales se les escapan pocas cosas.

Cleries, 66 años, representante de JxCat, portavoz de un grupo que integran su partido y otras dos formaciones canarias, conseller de la Generalitat hace una década, fue este martes uno de los grandes protagonistas del thriller sin tregua en que se ha convertido la política española, en concreto el parlamentarismo español. Sin querer, pero lo fue. Se lo debe a la enmienda 93 de las más de 150 que los grupos en la Cámara Alta presentaron a la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “ley del sólo sí es sí”. 

Es una enmienda increíble porque únicamente cambia una letra del texto que provino del Congreso. Hagamos el juego de las diferencias. A continuación, el párrafo de la exposición de motivos tal cual la aprobaron los diputados a finales de mayo: 

“El Título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales como base fundamental para su erradicación. Así, el Capítulo I dispone medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad; en tanto el Capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas”.

Ahora, el párrafo de la enmienda de Cleries: 

“El título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales como base fundamental para su erradicación. Así, el capítulo I dispone medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad; en tanto el capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos”.

Si han sido capaces de leer los dos extractos, es probable que no hayan dado con la diferencia. Pero fíjense en la penúltima letra: en el primer caso, una “a”; en el segundo, una “o”. 

Pues bien: esa “o” causó este martes en el Senado una polémica con ingredientes de estupor y de comedia. 

Una sesión de 10 horas

Los senadores acudieron al hemiciclo a las 11.00 horas debido a la convocatoria de un pleno extraordinario destinado a cerrar seis leyes: la proposición del PSOE para devolver al Consejo General del Poder Judicial la potestad de nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional, la del “sólo sí es sí”, la concursal, la de ciencia, la de juzgados de lo mercantil y la de acceso a información financiera en la lucha contra el crimen organizado. La sesión acabó pasadas las 21 horas; tres puntos quedaron para la de este miércoles.

Horas antes, la dirección parlamentaria socialista inició un exhaustivo proceso de diálogo con sus habituales aliados en la Cámara (desde ERC y EH Bildu, que aquí actúan conjuntamente, al PNV pasando por una pléyade de formaciones regionalistas y nacionalistas) y con el PP. El objetivo, arduo sin duda, consistía en asegurarse de que ninguna de las centenares de enmiendas presentadas sería aprobada. Era una misión muy relevante: si el Senado toca una norma, ha de regresar al Congreso y se retrasa en consecuencia la entrada en vigor.

Fuentes del PSOE en el Senado, a última hora de la mañana, no dudaban en expresar su optimismo. Veían el cuadernillo con el orden de las votaciones (un tocho) y les salían las cuentas. Hasta que llegó la enmienda 93 de Josep Lluís Cleries.

ERC, EH Bildu, Más País, Cs, JxCat y PP, entre otras formaciones, la apoyaron. En total, 130 votos a favor y 112 en contra. Cuando el presidente de la Cámara, el socialista Ander Gil, cantó el resultado, se propagaron murmullos. De la bancada del PSOE brotaron por incredulidad; de la del PP surgieron por una agradable sorpresa.

Tanto los senadores/as de una y otra dirección como sus asistentes y asesores se pusieron enseguida a buscar la dichosa enmienda. Cuando la encontraron, el grupo socialista creyó que se trataba de una modificación defectuosa, ya que se procedía a incluir en la ley un error gramatical. Cuando la leyeron en el PP, comprobaron que no, que había chicha. Y la chicha tiene que ver con el Convenio de Estambul que España ratificó en 2014 y cuyo artículo 39 identifica los “abortos y esterilizaciones forzosos” como violencias sexuales.

El PSOE consultó a los letrados, Ander Gil hizo lo propio. ¿Qué es lo que se había aprobado? Los servicios jurídicos del Senado analizaron la enmienda y no hallaron tacha ni objeción. Era correcta. En el grupo popular sonrieron; en el socialista, no, ya que la ley del sólo sí es sí tendrá que volver al Congreso, en donde un pleno (extraordinario si se celebra en julio o en agosto; ordinario si espera a septiembre) tendrá que ratificar el cambio o rechazarlo. 

Los planes y plazos del Gobierno sufrían por tanto un revés inesperado. Llevaba el Ejecutivo una racha muy buena de leyes complejas y alambicadas aprobadas tras laberínticas negociaciones, desde la audiovisual a la de los planes de pensiones. Darse tanta prisa con la agenda legislativa deviene en éxito político rotundo si efectivamente las leyes cristalizan. Sin embargo, si se trastabillan, afloran algunas debilidades. El Senado, con sólo cambiar una letra de una de las cinco leyes que debatió este martes, lo ha demostrado.

Pero aguardaba una sorpresa que lo demostraría con más contundencia.

Golpe del PP en la ley de ciencia

Pasadas las 21 horas, a punto de terminar la sesión, a punto de terminar la votación de las 141 enmiendas de la ley de ciencia, se produjo otro revés imprevisto, éste de más calado aún.

Los populares habían registrado una enmienda para suprimir la disposición adicional décima del proyecto que trasladó el Congreso. En otras palabras: para suprimir el acuerdo que Unidas Podemos, el PSOE y los demás aliados parlamentarios lograron para convertir en indefinidos los contratos hechos para proyectos financiados con fondos europeos, la mayoría temporales. Se trata de un golpe en toda regla que, no obstante, tendrá duración limitada: como el texto va a volver a la Cámara Baja, la mayoría que impulsó el cambio se activará de nuevo si no surge un hecho inesperado y, en consecuencia, la modificación se plasmará otra vez en la ley.

Es curioso el resultado de esta votación, la de la enmienda 76. Al PP se han unido PNV, ERC, Cs, JxCat y Coalición Canaria, entre otros. Es curioso porque aparece Esquerra.

“El Senado sirve”

La oposición en la Cámara Alta está enfadada porque las leyes procedentes del Congreso, desde que empezó el año, avanzan a toda velocidad gracias a trámites fugaces. No da tiempo a nada; la duración de los debates se estrecha sobremanera. Por ejemplo, la ley de ciencia aterrizó en el Senado el 1 de julio; al recibir carácter de urgencia, se fijó un plazo para el registro de enmiendas hasta el 7. El 12, la Comisión aprobó el informe de la ponencia y el dictamen. Este martes 19 ha obtenido el aval del pleno. En menos de 20 días se han discutido 141 enmiendas y siete votos particulares. Bueno, según la oposición, no se ha debatido nada.

El senador del PP Juan José Sanz aseguró en el hemiciclo, en el debate sobre la ley de ciencia precisamente: “La obligación del Senado es trabajar el texto; si el hecho de ser aprobado en el Congreso significa que no debe trabajarse más, tendría sentido preguntarse si tiene sentido el Senado”. Sanz, en verdad, puso palabras a una sensación que está muy generalizada porque antes, en el punto de la ley del “sólo sí es sí”, la transmitieron otros portavoces de grupos diferentes. 

Además de la perentoriedad en la tramitación, a los representantes de la oposición les molesta la facultad del Gobierno para vetar aquellas enmiendas que derivarán, de aprobarse, en disminución de ingresos o en aumentos de gastos, y por consiguiente, en alteración de las previsiones de los presupuestos del Estado. Es algo que permite la Constitución, el artículo 134.6. El Ejecutivo lo ha hecho en algunos casos, aunque excepcionalmente, pero ello no ha silenciado las quejas, como la del senador de Izquierda Confederal Vicenç Vidal. Había presentado una en la ley de ciencia, sólo una, y se la tumbaron. 

“Déjennos trabajar”, proclamó la senadora Assumpció Castellví, de JxCat. La protesta es legítima, pero también lo son los recursos del Gobierno para llevar el debate a sus asideros y a sus refugios. 

No obstante, el Senado no siempre lo es. Ya en la tramitación de los presupuestos vigentes el Gobierno recibió un susto, pues el proyecto volvió al Congreso. Y ahora ha sucedido lo mismo, aunque con la ley del “sólo sí es sí”. No es una enmienda de alto voltaje, pero queda demostrado que las mayorías no están blindadas ni muchos menos.

Todo podría haber sido muy distinto si no se hubieran repetido las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019. En las de abril de aquel año, el PSOE alcanzó la mayoría absoluta en el Senado. Luego, la perdió. Pero eso ya es otra historia.