La nueva ley de prevención de incendios lleva 21 meses dormida en el Congreso

Los más de 30 de incendios que hay en España han arrasado ya una superficie superior a toda la ciudad de Toledo. Miles de hectáreas son ahora cenizas. Al drama ambiental se suma la tragedia humana, pues han fallecido hasta la fecha dos personas: un bombero y un ganadero, ambos en la provincia de Zamora, una de las más afectadas. Más de 2.000 personas han sido desalojadas de sus casas por la ferocidad de las llamas; son personas que viven en este momento con angustia porque sus vidas pueden cambiar para siempre.

Esta viñeta de números es terrible, pero las previsiones no ayudan. Las temperaturas seguirán por encima de los 30 grados en casi todo el territorio peninsular y el inmenso operativo de personal desplegado se encuentra cansado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó este lunes a Extremadura para conocer presencialmente la evolución de los acontecimientos y transmitir su apoyo a quienes combaten el fuego; a la misma comunidad acudió el rey. España arde; el país se está carbonizando. Los expertos hablan de una paulatina desertización.

En el Congreso, desde hace tiempo, esta negra realidad no es ajena. Hace poco, en la sesión de control al Gobierno del 18 de mayo, el líder de Más País, Íñigo Errejón, preguntó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, qué plan de prevención de incendios barajaba el Ejecutivo. Informativamente, la vicepresidenta tercera no aportó nada. Su declaración de intenciones, sin embargo, fue intachable. "Trabajamos (...) en coordinación con los servicios de protección civil; trabajamos también con las comunidades autónomas y pensamos que, incluso, dentro del marco de su propia organización, hay espacio para mejorar las condiciones de trabajo" de los bomberos forestales, señaló ese día en el hemiciclo.

Errejón, sin embargo, no buscaba en el Gobierno un ejercicio de voluntad política. Quería una concreción, un dato, una previsión. Pero no lo encontró. También deseaba colar un mensaje. Se acercaba entonces el verano.

Y el mensaje fue: "Le queremos proponer un plan de revitalización de las comarcas y del mundo rural que estimule la ganadería extensiva, la agricultura de proximidad o, incluso, las centrales de biomasa del material recogido en los bosques. En segundo lugar, ponga en marcha un fondo para el cuidado de los bosques (...). Y en tercer lugar, y esto es de justicia, hace falta que usted lidere, junto con las comunidades autónomas, un programa para dignificar y estabilizar las condiciones laborales de los bomberos forestales. La gente que se juega la vida frente al fuego no puede seguir ni un día más en precario".

El diputado madrileño se refirió al nuevo Estatuto del sector, un proyecto de ley en el que el Ministerio de Teresa Ribera lleva trabajando desde hace más de año y medio, sin suerte por el momento. Fuentes parlamentarias conocedoras del proceso afirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el texto no cuaja por las resistencias de las comunidades autónomas, expresadas en diversas conferencias sectoriales.

En la lucha apremiante contra los incendios, no es la única propuesta legislativa detenida o dormida. La nueva ley para la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios acumula ya 21 meses en estado de letargo. Falta que una ponencia de la Comisión de Interior del Congreso empiece a cocinar el informe. Las enmiendas parciales están registradas desde noviembre. La idea del PSOE es acometer el proyecto en cuanto acabe la derogación de la ley mordaza, lo que no está resultando nada sencillo. Las fuentes de los grupos aliados dudan.

Así que, sí, en el Congreso saben que los incendios en veranos cada vez más calurosos son un problema. Pero saben también que son un problema que colisiona contra otro problema, y se paraliza. El muro, por el momento, es la voluntad política.

Una medida (olvidada) del pacto de la coalición

En el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se incluyó este punto. El pacto se firmó el 30 de diciembre de 2019, una semana antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Debajo de un epígrafe denominado "servicios de rescate, extinción de incendios y salvamento", el futuro Gobierno de coalición asumió estos compromisos, entre otros: la aprobación de una ley del "sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil; la aplicación de una norma específica para los bomberos forestales; y "la mejora de la estabilidad y condiciones de empleo en los servicios aéreos de rescate".

Unidas Podemos, que a través del diputado Rafael Mayoral ha tenido interlocución fluida con sindicatos y asociaciones de trabajadores del sector, retiró poco después de la formación del Gobierno la proposición de ley que databa de la legislatura 2016-2019. La idea era dejar en manos del Ejecutivo, y en consecuencia de un proyecto legislativo, las medidas prometidas. Sin embargo, en julio de 2020, debido a la ausencia de avances con el Ministerio de Interior, responsable de la normativa de coordinación, y con el de Transición Ecológica, competente para el nuevo Estatuto de los bomberos forestales, Unidas Podemos envió sendas cartas a los dos departamentos para recordar, y advertir, que había un compromiso que cumplir.

Según una fuente al tanto de las negociaciones, el equipo de Fernando Grande-Marlaska no contestó. El de Teresa Ribera, sí. La formación de Ione Belarra tomó entonces, en septiembre de ese año, una decisión: registró de nuevo la proposición de ley que tenía hecha y le concedió máxima prioridad, hasta el punto de que el 13 de octubre la llevó al pleno para que la admitiera a trámite. Un total de 309 votos a favor respaldaron la iniciativa, incluidos los de los 120 diputados del PSOE. Entre los partidarios de dar curso en el Congreso a la propuesta, PP y Cs, de ahí el amplio apoyo. Entre los reacios, ERC y PNV.

Mayoral se encargó de defender la proposición. El debate versó esencialmente sobre la definición de los marcos competenciales. El diputado era consciente de que ahí estaba el muro, y por eso, enfatizó: "Esta ley pretende precisamente la coordinación entre todas las administraciones competentes. No resta ni una sola de las competencias de cada una de las administraciones, sino que se rige fundamentalmente por la necesidad del servicio público y por la obligación del conjunto de las administraciones de coordinarse al servicio de las mayorías sociales".

En representación del PSOE intervino José Vélez, quien, tras reseñar que en España hay más de 130 servicios de bomberos profesionales distribuidos en más de 500 parques, abogó por tramitar un marco normativo sobre la profesión y las competencias a asumir. A pesar del respaldo mayoritario, la propuesta cayó en el letargo, y después, en el olvido. 13 meses duró el plazo de las prórrogas de enmiendas. En noviembre del año pasado, el texto aterrizó en la Comisión de Interior, en donde, nuevamente, espera noticias. Entretanto, Interior comunicó a Unidas Podemos que un marco para coordinación no es necesario; que ya está la Dirección General de Protección Civil para eso, apunta la fuente.

Irene Montero denuncia inacción

En el Congreso se la conoce como "ley SPEIS", la ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Además de la coordinación entre autonomías, aboga por el fortalecimiento y garantía de las condiciones laborales de los bomberos, a los que habrá que dotar de un seguro de vida, de otro de responsabilidad civil y de la "debida defensa jurídica". Aborda criterios de jubilación y emplaza al legislador a la redacción de un marco normativo en cuanto a prevención de riesgos laborales. Esto entronca directamente con el Estatuto, en manos del Ministerio de Teresa Ribera y que ni siquiera es, todavía, un anteproyecto.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este lunes que urge desbloquear ambas cuestiones. En declaraciones a este medio, Rafael Mayoral advierte de que no cesarán en la exigencia. Intentarán de hecho que en septiembre haya concreciones. Puede que lo peor del verano haya pasado, pero, como recuerda el diputado de Unidas Podemos, los incendios comienzan a apagarse en invierno. Demanda con apremio más inversión pública y la participación del Estado, porque el país se está convirtiendo en un desierto. Contrarrestar los devastadores efectos del cambio climático requiere más medios, más dinero, y no sólo destinados a inyectar recursos en los servicios de prevención, extinción y salvamento, sino también en la fijación de población en los núcleos rurales.

Inacción. Parálisis. Son dos palabras que describirían la situación parlamentaria de la lucha contra los incendios en los bosques españoles. El adormecimiento de la ley de coordinación y del Estatuto dibuja una muestra, pero hay más. El 21 de junio, Más País registró una serie de preguntas al Gobierno precisamente dirigidas a obtener información sobre sus planes de prevención. El primer punto que pidió esclarecer alude a la declaración de zonas catastróficas de los municipios afectados por la gran primera oleada de fuego, la del mes pasado.

La respuesta que envió el Gobierno el pasado día 7 es un reflejo nítido de la maraña competencial que es hoy por hoy la tarea titánica de control y extinción de las llamas. Dijo el Ejecutivo a Más País que "la fase de recuperación corresponde a la administración que haya dirigido la emergencia, sin perjuicio de que, excepcionalmente y a la vista de la gravedad de los daños, con base en los principios de solidaridad interterritorial y subsidiariedad, el Gobierno acuerde medidas complementarias".

Vox, en septiembre de 2021, tuvo mejor suerte. En la respuesta escrita a una pregunta sobre actuaciones forestales de prevención, el Gobierno precisó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico despliega 21 equipos para evitar los incendios, cuatro de ellos de actuación anual, y moviliza diez Brigadas de Labores Preventivas (BLP). Visto lo visto, es acuciante el debate sobre si los medios y los recursos son suficientes. Más acuciantes son las respuestas.