El TC no llegará a tiempo si Feijóo mantiene bloqueada la renovación del CGPJ

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Esta máxima es de total aplicación al problema que puede enfrentar el Tribunal Constitucional (TC) en los próximos meses, cuando en junio deba renovar a cuatro de sus miembros de los que dos corresponde designar al Gobierno y otros dos al Consejo del Poder Judicial (CGPJ). 

El problema vuelve a ser la reforma de marzo de 2021 que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos, y que de aplicarse a este asunto impediría la renovación del órgano de garantías porque la Constitución, en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional deben ser renovados por terceras partes.

La aplicación literal de esta disposición impediría entonces Ejecutivo designar a sus dos magistrados en solitario. Por ello, en ámbitos jurídicos se mira con esperanza la designación de Alberto Feijoó como nuevo presidente del PP, dadas las posibilidades que la nueva dirección rompa con las posiciones mantenidas hasta ahora por Pablo Casado y se supere una situación anómala con un CGPJ en funciones que supera ya los tres años.

Una solución para deshacer este embrollo pasaría por la resolución de los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos, pero esta solución no llegará a tiempo, según fuentes de este órgano consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

La razón se encuentra en el estado de las ponencias sobre este asunto, que han correspondido a los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, y que apenas han comenzado a redactarse, según las fuentes jurídicas consultadas. Ello dificulta que el asunto sea sometido a Pleno en las próximas semanas. Además, la resolución adecuada para despejar el camino al CGPJ pasaría por declarar inconstitucional la reforma auspiciada por PSOE y Unidas Podemos, lo que lógicamente aún se desconoce.

CAMBIO DE TENDENCIA DEL TRIBUNAL

La renovación del órgano de garantías no es un tema únicamente institucional, sino de gran trascendencia política, dado que la llegada casi segura de tres nuevos magistrados auspiciados por el PSOE -los dos del Gobierno y uno de los del CGPJ- aseguraría en junio una mayoría progresista en un órgano que a día de hoy es claramente conservador. Esta mayoría se considera básica teniendo en cuenta que gran parte de la gestión de Pedro Sánchez ha sido recurrida por la oposición del PP y sobre todo por Vox.

El trabajo de los ponentes es esencial, porque tiene mucho que ver con la fijación del momento en el que los recursos a la reforma serán analizados y resueltos. En todo caso, la decisión de llevar o no las ponencias al Pleno será cosa del presidente del órgano, Pedro José González-Trevijano.

También hay que tener en cuenta que una resolución que anulara esta reforma supondría un nuevo varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez tras las sentencias que declararon fuera de la Constitución tanto el estado de alarma decretado en marzo de 2020 como el parón en cierta actividad del Congreso al inicio de la pandemia por covid. 

EL PLAN 'C', UNA REFORMA DE LA LOPJ

Si falla el 'efecto Feijoó' y también lo hace la resolución del asunto por vía del propio Tribunal Constitucional quedará el plan 'C', que según las fuentes consultadas pasa por asegurar al Gobierno la designación de los dos candidatos que le corresponden con independencia de que el CGPJ pueda en ese momento nombrar o no a los suyos. Esta posibilidad podría asegurarse introduciendo una reforma dirigida a tal fin en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

 En cuanto a los recursos que tiene pendiente el TC por este asunto, PP y Vox alegan que la tramitación parlamentaria de la norma impugnada contravino los artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ. Vox argumenta que en el marco de la tramitación urgente de la reforma de la ley se vulneró, entre otros, el artículo de la Constitución por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica.

También se cuestiona que, al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de forma exprés para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos, se propicia que el poder legislativo asuma "un papel constituyente que no le corresponde; no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del este poder del estado al que queda totalmente sometido", según apuntó la portavoz de esta formación Macarena Olona en el momento de registrar el recurso.

En su impugnación, los populares también inciden en la idea de que el Gobierno del PP logró con esta reforma y su manera de tramitarla limitar al CGPJ de forma "opaca y súbita". Concretamente, apuntan en su recurso que se vulneraron los artículos 23.2 y 23.1 de la Constitución, que son los que regulan los derechos de los parlamentarios y los de representación política de los ciudadanos. Sobre el fondo de la reforma, los populares consideran que supone un desapoderamiento del CGPJ, al recortar competencias esenciales.