BLOQUEO INSTITUCIONAL

El nuevo ciclo electoral pone en peligro la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional

  • El calendario de las autonómicas, con elecciones en febrero en Castilla y León y la cita andaluza aún por fijar, aventuran una persistencia del bloqueo para la renovación del CGPJ, órgano que debería designar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en junio.

  • Una reforma legal le impide hacer nombramientos en funciones y los juristas dudan de que el Gobierno pueda renovar su cuota en solitario. Ello impide el vuelco que estaba previsto para lograr un órgano de garantías de mayoría progresista.

El nuevo ciclo electoral pone en peligro la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional
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El calendario electoral para 2022, que incluye comicios autonómicos en febrero en Castilla y León y posibilidad de adelanto electoral en Andalucía (se barajan fechas del mes de junio o a más tardar en octubre), complican la posibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE que, si no ha llegado en los tres años que lleva caducado este órgano, se aventura bastante improbable en el actual escenario político.

Una de las consecuencias del bloqueo será la permanencia de un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría conservadora que, pese a haber sido renovado recientemente, no parece que vaya a cumplir con el mandato de la propia Constitución (artículo 159.3) que obliga a reemplazar a los magistrados de este órgano por terceras partes cada tres años.

En una situación ideal, el próximo mes de junio tendrían que producirse cuatro nuevos nombramientos con independencia de que las últimas designaciones fueran con retraso, ya que en principio deberían haber sido sustanciadas por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2019.

Así, a mediados de junio los plazos constitucionales obligan a cambiar a otros cuatro magistrados del órgano de garantías, de modo que dos de ellos sean nombrados por el gobierno y otros dos por el CGPJ, lo que permitiría dar el vuelco al órgano y lograr una mayoría de magistrados con una sensibilidad de izquierdas.

La gestión de Sánchez en recursos.

Esta mayoría se considera vital para el Gobierno en la actual tesitura política, después de que los dos estados de alarma hayan sido declarados inconstitucionales por este órgano y cuando la práctica totalidad de su gestión se encuentra recurrida por la oposición, en especial a cuenta de recursos planteados ante el TC por la ultraderechista Vox.

Actualmente, únicamente cinco de los doce miembros del tribunal se sitúan en posiciones abiertamente progresistas frente a una mayoría de siete magistrados del sector conservador. La entrada en el tribunal del polémico Enrique Arnaldo -señalado por su cercanía a cargos del PP vinculados a causas de corrupción- y de Concepción Espejel, designados a propuesta del PP, ha permitido reforzar un sector conservador en el que se mantienen el actual presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Alfredo Montoya, Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.

En el lado progresista se encuentra el actual vicepresidente Juan Antonio Xiol, el veterano Cándido Conde-Pumpido, las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán y el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez. Los dos últimos constituyen la cuota aportada por el PSOE en la última renovación.

Esta situación debería tener los días contados si se cumplieran los plazos de la próxima renovación, prevista para junio, que corresponde realizar con dos designaciones al Gobierno y otras dos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esa fecha deberían salir el actual presidente y el vicepresidente Xiol, además de los magistrados conservadores Martínez-Vares y Narváez, y la previsión es que sean sustituidos por dos miembros progresistas a elección del Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros dos por el Consejo -uno progresista y otro conservador-.

Ello permitía dar un vuelco al actual tribunal, dando lugar a un órgano compuesto por siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. La duda la plantea la actual situación de bloqueo en la reforma del CGPJ, un órgano que tiene vetados los nombramientos en la cúpula judicial tras la última reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado marzo.

Si el bloqueo se mantiene y llega al mes de junio, el cambio de tendencia del TC queda en cuestión, porque existe división entre los juristas sobre si el Gobierno podría o no realizar en plazo sus dos nombramientos con independencia de la actuación del CGPJ, logrando reforzar así el sector progresista del tribunal. Los que ven problemas a este escenario citan la propia Constitución, que obliga en su artículo 159.3 a que la renovación se efectúe por terceras partes.

Posible atajo

Desde algunos ámbitos jurídicos se plantea la conveniencia de que el Gobierno pueda designar a los dos candidatos que le corresponden con independencia de que el CGPJ pueda en ese momento nombrar o no a los suyos, una posibilidad que podría asegurarse incluso introduciendo una reforma dirigida a tal fin en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre las cuestiones más candentes sobre la mesa del Tribunal Constitucional están dos de las ponencias ya turnadas a los nuevos magistrados, como son el recurso contra la ley del aborto, que ha correspondido por reparto al conservador Enrique Arnaldo; y el recurso contra la eutanasia, cuya propuesta a debatir por este órgano ha correspondido al progresista Sáez.

También está pendiente de resolución el recurso por los juramentos atípicos que utilizaron algunos diputados del Congreso en el Pleno de constitución de la presente legislatura, también de Arnaldo; y los presentados contra la denominada 'Ley Celaá' en materia educativa, que tienen que redactar los conservadores Antonio Narváez y Ricardo Enríquez. En manos de magistrados progresistas --Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer-- han recaído las ponencias sobre impugnaciones presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la LOPJ que es la que impide, precisamente, que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos.

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