Tribunal Constitucional

Los recursos contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos, en manos de magistrados progresistas

  • Las ponencias sobre los recursos presentados contra la limitacion de funciones del órgano de gobierno de los jueces han recaido en Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer

  • Al ser los responsables de redactar las propuestas, controlan los tiempos sobre el momento en el que pueden llegar a Pleno, aunque esta decisión será del presidente

Fachada del Tribunal Constitucional

Fachada del Tribunal Constitucional / Alejandro Martínez Vélez

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Las propuestas que el Pleno del Tribunal Constitucional someterá a debate sobre la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos estando en funciones serán elaboradas por dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas. Al primero le ha sido designada la ponencia sobre el recurso del PP, y a la segunda el de Vox.

De este modo, serán ambos ponentes los que controlen los tiempos sobre el momento en el que este asunto se someterá a debate, pues de ellos depende la elaboración de las ponencias, si bien la decisión de llevarlas o no a Pleno será cosa del presidente del órgano de garantías. 

Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para renovar el Tribunal Constitucional, que supondrá la salida entre otros magistrados de su actual presidente, Juan José González Rivas, sera previsiblemente su sustituto quien decidirá en qué momento se debate sobre la constitucionalidad de esta reforma, que nació con polémica pues fue interpretada por la oposición como un intento del Gobierno de coalición de forzar el pacto para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018. 

Una futura resolución que anulara esta reforma, que impide la designación de jueces y magistrados en la cúpula judicial por parte del un CGPJ caducado, supondría un nuevo varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez tras las sentencias que declararon fuera de la Constitución tanto el estado de alarma decretado en marxo de 2020 como el parón en cierta actividad del Congreso al inicio de la pandemia por covid. 

Admitido a trámite hace un mes

No obstante, el hecho de que las ponencias deban ser elaboradas por dos de los magistrados de corte más progresista del tribunal parece alejar, en principio, esta posibilidad. El asunto tardará aún en llegar a debate, pues fue admitido a trámite apenas hace un mes y las ponencias acaban de ser designadas, según las mismas fuentes. 

Los recurrentes alegan que la tramitación parlamentaria de la norma impugnada podría contravenir los artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.

Concretan en su recurso que en el marco de la tramitación urgente de la reforma de la ley se vulneró, entre otros, el artículo de la Carta Magna por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica.

También se cuestiona que, al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de forma exprés para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos, se propicia que el poder legislativo asuma "un papel constituyente que no le corresponde; no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del este poder del estado al que queda totalmente sometido", según apuntó la portavoz de esta formación Macarena Olona en el momento de registrar el recurso.

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Se impugna igualmente, según el texto del recurso de Vox que informó Europa Press, que para aprobar la reforma se eludiera la exigencia del previo dictamen del CGPJ, lo que supuso hurtar a los diputados de los dictámennes exigidos por la ley y que sirven de soporte técnico imprescindible para el fundado ejercicio de la potestad legislativa.

En su recurso, los populares también inciden en la idea de que el Gobierno del PP logró con esta reforma y su forma de tramitarla limitar al CGPJ de forma "opaca y súbita". Concretamente, apuntan en su recurso que se vulneraron los artículos 23.2 y 23.1 de la Constitución, que son los que regulan los derechos de los parlamentarios y los de representación política de los ciudadanos. Sobre el fondo de la reforma, los populares consideran que supone un desapoderamiento del CGPJ, al recortar competencias esenciales.