La renovación del Tribunal Constitucional y la elección de nuevo presidente retrasan hasta 2022 la deliberación de los recursos más espinosos

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) avanzará la próxima semana con la designación por parte del Pleno del Congreso de los Diputados de los cuatro nuevos magistrados, Inmaculada Montalbán, Concepción Espejel, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo, pese a las reticencias que pueda haber despertado este último por su especial vinculación con el PP y su pasado como imputado en el caso Palma Arena. En todo caso, los plazos para la elección del nuevo presidente y las normas internas del órgano alejarán la deliberación de los recursos más espinosos hasta los Plenos a convocar en 2022.

Está previsto que la votación en el Congreso se produzca el jueves 11 de noviembre y previsiblemente la semana siguiente los nuevos magistrados tomarán posesión en un acto formal en el TC presidido por el magistrado de mayor edad, Santiago Martínez-Vares, han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano. Será también este magistrado el que convoque el Pleno para elegir al nuevo presidente, al ser el actual, Juan José González Rivas, uno de los ahora renovados.

El primer encuentro del Tribunal ya completo -puede faltar Alfredo Montoya, que sufre problemas de salud- y que se reunirá para elegir a su nuevo presidente, está previsto que se celebre antes del puente de la Constitución, incluso a finales de este mes según las mismas fuentes. Todas las previsiones señalan al conservador Pedro González-Trevijano como nuevo hombre al frente de la institución. 

La razón es que este catedrático se encuentra entre los cuatro magistrados de mayor antigüedad y es quien parece concitar los apoyos de la mayoría de sus compañeros, pertenecientes al sector conservador. Para la vicepresidencia previsiblemente será designado el progresista Juan Antonio Xiol.

Una vez sea elegido, será González Trevijano el encargado de convocar el primer Pleno jurisdiccional, previsiblemente tras los festivos de principios de diciembre, si bien las fuentes consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA añaden que la costumbre en el tribunal de garantías pasa por la regla no escrita de no incorporar cuestiones especialmente conflictivas a esta primera reunión, y optar por asuntos que permitan tomar un primer contacto con las deliberaciones del Tribunal a través de un “aterrizaje suave”. 

Nuevo ponente para el recurso del aborto

Además, se repartirán entre los nuevos las ponencias de los asuntos que fueron designados a los magistrados salientes y no se han llevado aún a debate. Entre ellas está la del recurso contra la Ley del Aborto, que acumula ya un retraso de 11 años y cuya ponencia, que ve tachas de inconstitucionalidad en esta norma correspondía a Andrés Ollero, que es uno de los que deja ahora el órgano. Su sustituto podrá elaborar una nueva ponencia con el criterio que considere oportuno.

En los siguientes plenos, ya después de Navidades, se irán señalando previsiblemente los asuntos de mayor calado político, si bien ya será González-Trevijano el que decidirá los tiempos y las ponencias a integrar en el Orden del día, que no tienen por qué ser los mismos que consideraba prioritarios su antecesor.

Entre los más polémicos, además del aborto, se encuentra la veintena de los presentados por Vox contra la práctica totalidad de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, y que de estimarse se sumarán a los ya ganados por el partido de Santiago Abascal que declararon inconstitucionales los dos estados de alarma o el parón el Congreso de los Diputados durante las primeras semanas de pandemia por covid.

LOMLOE y limitación en el CGPJ

Entre ellos destaca, al haberse producido ya una primera aproximación entre los magistrados, la ponencia del también conservador Ricardo Enríquez a cuenta de un recurso presentadopor Vox contra la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá'. El ponente propone una estimación parcial del recurso de modo que se declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los niños por sexo.

También tendrá González Trevijano la última palabra sobre los tiempos de debate de los recursos presentados por PP y Vox contra la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos estando en funciones. Las ponencias han recaído en dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, respectivamente. 

La reforma nació con polémica, pues fue interpretada por la oposición como un intento del Gobierno de coalición de forzar el pacto para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018. 

También está pendiente aún la resolución de algunos recursos contra las condenas del 'procés' como la del propio exvicepresident Oriol Junqueras, y cuestiones relativas a la situación del expresident Carles Puigdemont en el extranjero después de que su abogado, Gonzálo Boye, reclamara recientemente en súplica a este órgano que revise su aval a las euroórdenes cursadas en su contra. En esta petición se señala, ante el previsible caso de que sea rechazado de nuevo, que se remita una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Otros asuntos que quedaron pendientes en el último orden del día parecen, en principio, más pacíficos y es probable que se resuelvan en el próximo pleno, como es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el artículo 10.8 de la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Se trata de una norma de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Otro asunto pendiente, cuya ponencia era también del magistrado Andrés Ollero, es el recurso interpuesto por Vox-Actúa Baleares contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento balear de 29 de enero de 2020 y 19 de febrero de 2020.

Sobre este asunto, el Parlament presentó en mayo de 2021 escrito de alegaciones asegurando que tramitó la petición del grupo para visitar escuelas y negando que hubiera puesto "objeciones, limitaciones o cortapisas al ejercicio del derecho a acceder a dependencias públicas" de los diputados de Vox, según informó Europa Press. El partido de Abascal afirmaba que les habían denegado la posibilidad de realizar estas visitas.