Renovación en junio

Atajo para una mayoría progresista en el TC: un 'plan B ' por si el CGPJ no se renueva

  • Existe controversia sobre si el Gobierno podría o no nombrar a los dos candidatos del Constitucional que le corresponde si el CGPJ no puede hacer lo mismo con los otros dos.

  • Una reforma puntual de la LOPJ que asegurara el movimiento del Gobierno despejaría las dudas jurídicas.

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / Alejandro Martínez Vélez.

3
Se lee en minutos

La parálisis en la que parece haberse sumido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una noticia que se anuncia como 'inminente' en diferentes ámbitos pero que no llega a producirse, obligará al Gobierno a superar toda una serie de vericuetos jurídicos si pretende asegurarse el próximo junio una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional (TC). Esta mayoría se considera básica teniendo en cuenta que gran parte de su gestión ha sido recurrida ante este órgano por la oposición del PP y sobre todo por Vox.

Se da por casi seguro que para entonces la situación del CGPJ, que cumplirá en funciones tres años el próximo 4 de diciembre, se habrá desbloqueado y los nuevos vocales podrán realizar ya nombramientos pero ¿Y si no ocurre así? 

Desde ámbitos jurídicos se plantea la conveniencia de que el Gobierno pueda designar a los dos candidatos que le corresponden con independencia de que el CGPJ pueda en ese momento nombrar o no a los suyos, una posibilidad que podría asegurarse incluso introduciendo una reforma dirigida a tal fin en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La posibilidad de esta reforma fue aventurada este lunes durante los corrillos con los periodistas que protagonizaron los asistentes a un acto formal y que reunió a la cúpula judicial y fiscal en la sede de la Fiscalía General del Estado para celebrar los 40 años de existencia del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Controversia jurídica

Fuentes jurídicas consultadas admiten que existe controversia jurídica al respecto, ya que mientras algunos consideran que el Gobierno podría designar por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, otros encuentran que dicha posibilidad entraría en conflicto con lo que dice la propia Constitución.

La razón se encuentra en que la renovación por tercios constituye un mandato expreso de la Constitución, que en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios. Si el Gobierno decide actuar por su cuenta y designar a sus candidatos, el asunto podría ser recurrido y tener que ser dirimido por el propio Tribunal Constitucional, lo que vendría a retorcer aún más la situación.

La mayoría deseada

 Ya antes de la entrada en el Constitucional de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepcion Espejel; y de los progresistas Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, el tribunal era claramente conservador y únicamente tres de sus magistrados venían votando en contra de esa mayoría. Esa primacía conservadora se ha visto reforzada tras la última renovación, pero sobre el papel debería ser breve, ya que en junio debe producirse ota que iría más allá de equilibrar el órgano, virándolo hacia la izquierda.

La razón sería, si se produce como está previsto en la ley la entrada a la vez de los magistrados nombrados por el gobierno y el CGPJ, que entrarían tres progresistas --dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el CGPJ--, de modo que el bloque progresista sumaría siete magistrados. Si no se cuenta con los magistrados del CGPJ, al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa al menos que desde junio el órgano de garantías tenga un par de magistrados progresistas más.

Temas pendientes.

Noticias relacionadas

Entre las cuestiones más candentes sobre la mesa están dos de las ponencias ya turnadas a los nuevos magistrados, como son el recurso contra la ley del aborto, que ha correspondido por reparto --se sigue una regla de que los magistrados de más edad salientes pasan sus temas a los de más edad entrantes, sucesivamente-- al conservador Enrique Arnaldo; y el recurso contra la eutanasia, cuya propuesta a debatir por este órgano ha correspondido al progresista Sáez.

También está pendiente el recurso por los juramentos atípicos que utilizaron algunos diputados del Congreso en el Pleno de constitución de la presente legislatura, también de Arnaldo; y los presentados contra la denominada 'Ley Celaá' en materia educativa, que tienen que redactar los conservadores Antonio Narváez y Ricardo Enríquez. En manos de magistrados progresistas --Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer-- han recaído las ponencias sobre impugnaciones presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la LOPJ que es la que impide, precisamente, que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos.