CGPJ bloqueado

El acuerdo para renovar el TC no soluciona la parálisis en la Justicia

. El acuerdo entre el Gobierno y el PP deja al margen al CGPJ, que sigue sin poder realizar nombramientos

. Las vacantes en el Tribunal Supremo, en especial en Social y Contencioso-Administrativo, preocupan a sus magistrados

Magistrados del Tribunal Supremo en la Apertura del Año Judicia

Magistrados del Tribunal Supremo en la Apertura del Año Judicia / Emilio Naranjo

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El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar los cargos caducados tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos parece ser un primer paso para acabar con la situación de bloqueo en la que se encuentran varios órganos constitucionales desde hace años. Pese a ello, el interés de la formación de Pablo Casado por mantener al margen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solucionará la parálisis en órganos clave como es el Tribunal Supremo.

El pacto que se materializará en el Congreso de los Diputados la semana del 25 de octubre, tal y como han anunciado fuentes populares, deja al margen a un órgano de gobierno de los jueces que tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) perdió una de sus funciones fundamentales, la de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras sus vocales se encuentren en funciones.

Así las cosas, el Tribunal Supremo no está cubriendo las bajas que se vienen produciendo en sus Salas tanto por jubilaciones como por defunción y por la salida de algunos sus magistrados al sector privado. La parálisis institucional afecta a la tramitación de asuntos esenciales para los ciudadanos, como son los demandas laborales que pueden colapsar la Sala de lo Social a partir del próximo mes de marzo, cuando termina la prórroga de los ERTE por fuerza mayor aplicados por la pandemia de covid.

Situación en la Sala de lo Social

  El fin del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para la aplicación de estos expedientes puede derivar en multitud de despidos colectivos en toda España, y si el CGPJ sigue sin poder nombrar nuevos magistrados la Sala de lo Social puede encontrarse el próximo año con casi la mitad de sus plazas sin cubrir. Actualmente hay tres vacantes y el próximo año se sumarán dos en un órgano que actualmente solo cuenta con 13 miembros.

Solamente en el pasado mes de septiembre entraron en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 422 demandas, sumando un total de 3.546 asuntos ingresados a lo largo de todo el año. En estas mismas fechas del pasado año la Sala contabilizaba 3.007 recursos ingresados, por lo que se aprecia un aumento de temas pendientes de resolver que se incrementará de forma exponencial en los próximos meses.

Falta de 'quorum' en ContenciosoLa situación también es preocupante en la Sala lo Contencioso-Administrativo y puede estallar en primavera, cuando a las hoy seis plazas vacantes en sus salas se sumen otras dos por las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde, que también es vocal del CGPJ, y Segundo Menéndez, presidentes de las secciones Segunda y Quinta de esta Sala.

El problema, según fuentes de este órgano consultadas, sería especialmente grave si se llega, por ausencia de magistrados, a no alcanzar al 'quorum' mínimo que exige la ley para poder deliberar cuestiones en algunas de sus secciones.  

Desbloqueo en el TC, pero solo hasta junio

  Por lo que respecta al Tribunal Constitucional, ahora se renueva a los cuatro magistrados que habían concluido su mandato en noviembre de 2019 -entre ellos a su presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca-, los que corresponde designar al Congreso de los Diputados. No obstante, esta puesta a punto durará solo hasta mediados del próximo mes de junio, cuando caducan los mandatos de otros cuatro magistrados, dos de los cuales -que corresponde nombrar al CGPJ-, no podrán renovarse si continúa sin hacerlo este órgano.

En este turno dos de los miembros del tribunal de garantías son designados por el Consejo y otros dos por el Gobierno, y fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA dudan de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda introducir en el TC a sus dos magistrados de confianza si persiste la imposibilidad de realizar en el mismo momento los dos nombramientos restantes por parte del órgano presidido por Carlos Lesmes.

  La razón se encuentra en que la renovación por tercios constituye un mandato expreso de la Constitución, que en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios.

Cambio de tendencia con los dos magistrados del Gobierno

 Otras fuentes, sin embargo, creen posible que el Gobierno "encuentre el modo" de superar este obstáculo legal y nombre por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, algo que le serviría para cambiar la situación actual de minoría de magistrados con tendencia progresista en el tribunal. Esta opción podría considerarse inconstitucional según algunos consultados, pero para ello alguien debería recurrir la maniobra ante el propio Tribunal Constitucional. 

El cambio de tendencia podría ser clave si se tiene en cuenta que solo tres de los magistrados del TC -Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido- votan actualmente con criterios abiertamente progresistas en un órgano en cuyos despachos se acumulan recursos contra la práctica totalidad de las decisiones del Gobierno que han sido impugnadas por los partidos de la oposición, en especial por Vox.

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