TENSIÓN EN LA COALICIÓN

El tope del precio del gas abre una grieta imprevista entre los socios de Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el acto de Europa Press de este lunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el acto de Europa Press de este lunes. / José Luis Roca

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Unidas Podemos ha recuperado su habitual postura de presión dentro del Ejecutivo, justo cuando parecía desdibujares, gracias al plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que este martes aprueba el Consejo de Ministros. La formación morada se reivindica de nuevo frente al PSOE como el valedor de las medidas más progresistas. Lo ha hecho a lo largo de este fin de semana en la negociación interna de este paquete de actuaciones y pretende continuar este senda con la discusión del precio máximo del gas.

Tras un primer cruce de declaraciones entre la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la tensión ha escalado unos decibelios más. El debate comenzó este lunes cuando Belarra hizo público que la propuesta de Podemos sobre las medidas del mercado eléctrico es topar el precio del gas a 30 euros. Esto, dijo, permitiría resituar el recibo genérico de la luz a niveles cercanos a los 110 euros. El anuncio se produjo después de que este periódico publicara que la intención del Gobierno era limitar el precio del gas en el mercado eléctrico en torno a los 50 euros. Y de que PSOE y Unidas Podemos se emplearan a fondo desde el pasado viernes para acordar el plan de respuesta a la guerra al que proseguirá otra tanda de medidas sobre el sector energético. A esto último se circunscriben ahora las fricciones.

La idea de Belarra de situar el gas en un tope máximo de 30 euros fue replicada unas horas después por Calviño en La Ser. "Que alguien plantee en público una cifra cuando se está haciendo un trabajo técnico y responsable de ver cuál es la que corresponde... Son cuestiones muy complejas como para que uno diga pues me gustaría tal número", defendió. "Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad. Es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números", subrayó.

Pero el argumento técnico no ha logrado que Podemos dé un pasó atrás en un debate que quería gestionar de manera exclusiva el área socialista. En declaraciones esta mañana a TVE Belarra dijo que es una propuesta avalada técnicamente por los equipos de Unidas Podemos pero, sobre todo, sostuvo, se trata de una "decisión política". A su juicio el Gobierno debe tener este grado de ambición en la rebaja de la factura eléctrica.

Calviño ha vuelto a replicar este martes a la líder de Podemos. "El objetivo político es conseguir el precio más bajo posible. Pero para determinarlo hace falta un trabajo técnico riguroso", sentenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el plan de choque económico contra el impacto de la guerra.

El tira y afloja continúa aunque los morados consideran que ya han logrado arrancar muchas medidas en el paquete de este martes. Esta satisfacción deje entrever que la idea de un precio máximo de 30 euros no será una línea roja. Fuentes de Unidas Podemos defienden que si finalmente se queda en 50 será porque ellos han instado a esta rebaja.

LOS MORADOS RECUPERAN FOCO

Unidas Podemos revive así su interés y capacidad para influir en el Ejecutivo de coalición en una cuestión capital. Después de unas semanas absolutamente diluidos en las que se ha impuesto la postura de Pedro Sánchez en asuntos de defensa y política exterior como el envío de armas al pueblo ucraniano, el aumento del gasto militar y el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, que dejaron a la formación morada fuera de juego, ahora sacan de nuevo la cabeza.

El presidente Sánchez arrancó al resto de países de la Unión Europea el reconocimiento a la “excepción ibérica” y la posibilidad de que España y Portugal adopten medidas diferenciadas para contener los precios de la electricidad. Se trata de permitir un “trato especial” a ambos países por ser una “isla energética”, con un mayor peso que el resto del continente de las energías renovables y que no se benefician de los efectos positivos de las interconexiones eléctricas que existen entre otros países de la UE (la conectividad con Francia es de menos del 3% de la energía, a pesar de que el objetivo era alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030). 

PROPUESTA A LA COMISIÓN EUROPEA

España y Portugal no podrán aplicar la reforma directamente. Ambos gobiernos presentarán esta semana a una propuesta a la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad, incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como costes del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. El Ejecutivo prevé que Bruselas se pronunciará sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.

El Gobierno no ha confirmado qué precio tope pretende fijar para las centrales de gas. El objetivo es que esté en el entorno de los 50 euros por megavatio hora (MWh) o por debajo de esa cota. Desde el Ejecutivo se insiste en que los trabajos técnicos continúan para establecer una cota suficientemente baja para que sirva para bajar el precio del mercado mayorista de la electricidad, que determina directamente la factura de luz que pagan unos 10 millones de hogares (los que tienen tarifa eléctrica regulada) y miles de grandes compañías y pymes. 

UN TOPE QUE ACEPTE BRUSELAS

"Estamos empeñados en paliar al máximo el impacto de la subida del gas. Queremos bajar el precio de la luz y por eso trabajamos con Portugal y la Comisión Europea con muchos elementos técnicos", ha indicado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Pero los trabajos técnicos también tienen un componente que no se circunscribe a lo meramente operativo en el juego de precios en el mercado eléctrico. Y es que España y Portugal tienen que proponer un precio máximo para las centrales de gas que sea asumible por la Comisión Europea para conseguir su aprobación, y que no suponga una distorsión comparativa con los mercados del resto de países europeos. "Tenemos que negociar un umbral que a la Comisión Europea le parezca razonable. No se puede determinar a la ligera, hay mucho trabajo detrás", ha indicado Ribera. "Cuanto más bajo sea el precio será mejor para nosotros, pero dentro del margen que la Comisión considere aceptable para aprobarlo".

Los mercados mayoristas eléctricos en Europa -también en España y Portugal- funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en la mayoría de los casos la que realizan las centrales de gas, que ahora soportan unos precios disparados por la desorbitada cotización del gas natural y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

Por eso, la intención del Gobierno es aplicar un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico dejaría de disparar su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas, que ahora ha agudizado sus subidas por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania.

La fijación de un precio máximo al gas que se usa para generar electricidad tendrá sólo carácter temporal. Se trata de una medida excepcional con la que se pretende contener la subida actual del precio de la electricidad, para luego volver al sistema marginalista habitual (a la espera de que la UE se abra más adelante a un debate a fondo sobre cambiar el sistema de fijación de precios eléctricos de manera permanente, como ha venido reclamando España).

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