Casado cambia el paso y marca perfil institucional sentándose con el Gobierno

El acercamiento entre el Gobierno y el PP para volver a la negociación de las instituciones pendientes de renovar —lo propuso Pablo Casado públicamente en el Congreso— era difícil de imaginar hace un mes y medio, cuando arrancó el curso político. La relación entre las dos principales fuerzas estaba muy deteriorada: el PP llegó a pedir la dimisión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras Pedro Sánchez acusaba a los populares de “situarse fuera de la Constitución”. La voladura de puentes parecía inevitable hasta este miércoles, cuando la partida se puso en marcha de nuevo con una reunión entre Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Ambas partes insisten en no desvelar detalles del encuentro, lo que pone de manifiesto que la negociación va en serio. Habrá más reuniones en las que también participará, por parte de los populares, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. El objetivo es alcanzar un acuerdo para los órganos constitucionales pendientes (cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas caducado desde julio, y el Defensor del Pueblo) con la excepción del Consejo General del Poder Judicial (el gran escollo desde hace casi tres años) y que difícilmente tendrá salida esta legislatura, teniendo en cuenta lo alejadas que se encuentran las posturas.

La cuestión es que algo ha cambiado. Para el PP, sentarse a negociar ahora con el Gobierno no tiene un coste importante. De hecho, aseguran fuentes de la cúpula, el momento es bastante idóneo. La convención nacional, el cónclave diseñado por Casado para reforzar su liderazgo, ya se celebró hace dos semanas cumpliendo los objetivos. Hubo otros contratiempos, pero los populares están satisfechos con el mensaje interno a los cuadros del partido y, sobre todo, con el músculo de militancia demostrado tras años complicados. Tampoco hay elecciones a la vista (la moción de censura en Murcia y el adelanto en Madrid sí condicionaron la agenda nacional durante meses) que obliguen al PP a distanciarse por completo del PSOE cuidándose de Vox.

Y en los últimos días, a raíz del pronóstico sobre que España camina “hacia la quiebra”, las críticas al líder de la oposición no han dejado de crecer. Sánchez le exigió ayer que dejara de “empañar” la imagen del país sugiriendo que se encuentra en bancarrota. En el PP, sin embargo, defienden las declaraciones de su líder y niegan que sea una “posición catastrofista”, insistiendo en que se limita a advertir los riesgos a corto plazo si el Gobierno mantiene sus políticas económicas.

Aún así, los populares quisieron lanzar ayer una imagen de oposición responsable, marcando perfil estadista y rechazando un relato de culpabilidad. De ahí, que fuera el propio Casado el que lanzara una propuesta para volver a sentarse en una mesa de negociación.

No es un detalle menor, igual que no lo fue en su día el anuncio de que se abría a renovar el CGPJ de manera inminente si el Gobierno aceptaba un cambio en la ley orgánica que regula el sistema de elección de sus vocales. Casado aceptó pactar el nuevo consejo con el sistema actual siempre y cuando los socialistas respaldaran una reforma para la siguiente renovación en la que los jueces elegirían al gobierno de los jueces. Y en este punto, no hay ningún acercamiento posible. El Gobierno rechaza de plano esa elección del consejo y el PP no modificará tampoco su posición. 

Fuentes populares insisten a este diario en que la negociación del resto de instituciones no les hará abandonar su caballo de batalla, que incluso han llevado a Europa pidiendo a la Comisión involucrarse en el asunto. Casado promovió su propuesta en un reciente encuentro del PP europeo en Berlín en vísperas de las elecciones alemanas, y contó con el respaldo de la familia conservadora. Además, los populares entienden que tienen las de ganar con un sistema que también defienden los organismos europeos, que al mismo tiempo exigen terminar con el mandato caducado.

A Casado le preocupaba mucho asumir el desgaste del bloqueo del CGPJ y del resto de instituciones ante la ofensiva del Gobierno, que culpa al primer partido de la oposición de oponerse a un gran acuerdo. De ahí, que el verano pasado respondiera con esta iniciativa de reforma legal a cambio de la renovación y que no ha surtido efecto. La otra novedad llegó ayer con esta nueva negociación para el TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que también estuvieron a punto de  actualizarse el pasado febrero cuando PP y PSOE tejieron el primer gran acuerdo de legislatura: la renovación de RTVE.

Aquel mes fue la última oportunidad de pacto entre los dos grandes partidos. La idea era que todas las instituciones fueran una especie de paquete que, aunque por fases, terminaran renovándose. No fue posible avanzar más allá de la radiotelevisión pública. Todo saltó por los aires con la inclusión del juez José Ricardo de Prada y la magistrada Victoria Rosell (actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) en la lista del futuro CGPJ a propuesta de Unidas Podemos. El PP dejó claro que no levantaría el veto: mientras estuvieran ahí no habría avances. 

Desde entonces todo se ha reducido a un tira y afloja de culpabilidades, con una interlocución raquítica. Cuando en septiembre el ministro Bolaños aseguró en una entrevista que “los jueces no pueden elegir a los jueces”, el PP salió en tromba a pedir su dimisión entre acusaciones de “totalitarismo” y de injerencias en la independencia del poder judicial. Otra vez el acercamiento parecía imposible. Hasta ahora. La realidad es que tanto al Gobierno como al PP les interesa empezar a renovar las instituciones. Cada parte tiene sus motivos y sus riesgos, pero ambas reconocen que esta vez esperan que salga adelante.