Un pacto por la financiación universitaria

No debemos cometer el error de no dotar a las universidades de los recursos necesarios justo cuando la sociedad más necesita de su potencial transformador

Lista de las universidades españolas más innovadoras hasta la fecha

El 1 de enero de 2024 ha marcado la fecha del inicio de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas universitarias no remuneradas incluidas en los planes de estudio. Una medida acordada por el Gobierno con la patronal y los sindicatos que, a la hora de la verdad, ha obligado a las universidades a asumir el coste y, sobre todo, a asumir el enorme esfuerzo de gestión administrativa de las 400.000 prácticas curriculares que se realizan anualmente.

Las rectoras y rectores habíamos advertido de que podía pasar lo que está pasando. Que las empresas y las propias administraciones que acogen al estudiantado no se hicieran cargo de las cotizaciones. Que considerar esta formación como una relación laboral podía poner en riesgo unas prácticas que se han demostrado necesarias. Por este motivo, las universidades hemos actuado con la responsabilidad institucional que nos caracteriza y con un objetivo claro: garantizar la realización de las prácticas formativas asumiendo un coste, en términos económicos y de personal, que no nos corresponde.

Este es un ejemplo de cómo un acuerdo incorporado a un decreto-ley tiene un impacto directo en el día a día de las universidades y pasa a ser un escollo más para un sistema universitario tensionado por la insuficiencia financiera. En este sentido, el principal reto que abordamos las universidades a nivel institucional es la aplicación de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), que entró en vigor en abril del pasado año y es ahora, en 2024, cuando hemos de adaptarnos a los cambios que marca, especialmente en lo que se refiere a las plantillas con el objetivo de reducir la temporalidad.

Los estudios que la CRUE han realizado nos muestran que por cada euro invertido en las universidades, estas devuelven cuatro a la sociedad

Buenas intenciones sobre el papel, pero con un déficit importante: sigue sin concretarse la financiación adicional para que las universidades podamos desarrollar aquello que se nos exige por ley. Desde Crue -la conferencia de rectoras y rectores de las universidades españolas, que integra a 77 centros de educación superior- hemos insistido en la importancia de que se concrete cómo se alcanzará el compromiso de invertir el 1% del PIB en educación universitaria pública para acercarnos a la inversión media de los países de la Unión Europea.

Necesitamos un acuerdo amplio y responsable, y la Conferencia General de Política Universitaria es el mejor marco posible, que defina la distribución y el calendario de aportaciones de las diferentes administraciones -Gobierno central y comunidades autónomas- para, de manera urgente, contar con los recursos suficientes para implementar los cambios en materia de profesorado el curso 2024-2025 y, posteriormente, alcanzar el objetivo del 1% del PIB que recoge el artículo 55 de la LOSU. Ponerse de acuerdo es un ejercicio de responsabilidad política e institucional, pero también social, que corresponde al Gobierno central y a las comunidades autónomas. El primero, por ser la administración que impulsa la LOSU, y las comunidades autónomas, porque tienen transferidas las competencias en educación superior.

La asignación de recursos para prestar servicios de educación universitaria, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de equidad, debe ser otra prioridad. Y debe serlo porque la capacidad de transformación de las universidades está inevitablemente condicionada por los fondos que recibimos. Nuestra principal misión ha sido, es y será la de contribuir a mejorar la vida de las personas a través de la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento. Las universidades jugamos un papel central a la hora de responder a los desafíos actuales y futuros de la sociedad, como la transformación digital, el impacto de la inteligencia artificial, la transición verde o la crisis de valores. Por eso, cuando reivindicamos más financiación, lo que estamos pidiendo es, en definitiva, potenciar nuestras capacidades docentes, investigadoras y de innovación para ponerlas al servicio de la sociedad.

La experiencia de otros países nos demuestra que es, precisamente, en momentos de crisis y grandes desafíos sociales cuando más hay que apostar por la formación, la investigación y la innovación que se promueve en nuestros campus. No debemos cometer el error de no dotar a las universidades de los recursos necesarios justo cuando más se necesita de su potencial transformador. Y no solo eso. También conviene recordar que la implicación de las universidades con el desarrollo del territorio en el que estamos ubicadas ha dado resultados muy positivos en las últimas décadas, tanto en rentabilidad social como económica. Los estudios que la CRUE han realizado nos muestran que por cada euro invertido en las universidades, estas devuelven cuatro a la sociedad.

Por todo ello, como presidenta de CRUE Universidades Españolas y rectora de la Universitat Jaume I, no me cansaré de repetir que necesitamos que se entiendan y atiendan las necesidades de las universidades. Solo así podremos sentar las bases para que la formación, la investigación y la innovación (tecnológica y social) sean una verdadera garantía para un progreso responsable.