Opinión | EL EDITORIAL

España y el tráfico marítimo en el mar Rojo

El envío de tropas es un asunto de Estado sobre el que Sánchez y Feijóo deberían llegar a un acuerdo

Milicias huties escoltan a un barco secuestrado en el Mar Rojo.

Milicias huties escoltan a un barco secuestrado en el Mar Rojo. / EFE

Al incluir a España entre las potencias navales encargadas de garantizar el tráfico marítimo en el mar Rojo, antes de que esta decisión hubiese sido aprobada por el Parlamento español, la Administración norteamericana no le ha hecho ningún favor al Gobierno de Pedro Sánchez. El antecedente de la guerra de Irak, en la que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, adoptó una posición contraria a la mayoría de la opinión pública española, no es tan lejano. La falta de fundamento de aquella guerra, sustentada en informaciones fabricadas sobre supuestas armas de destrucción masiva, ha dejado un poso que cualquier Gobierno debe tener en cuenta. 

La situación es claramente diferente. Ahora, los intereses de España están comprometidos por las acciones llevadas a cabo contra el libre comercio en el mar Rojo por los hutís (una milicia vinculada a Irán que dice actuar en solidaridad con los palestinos). Cualquier disrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb tendría un impacto importante sobre la inflación y el crecimiento. De hecho, tras los primeros ataques de los hutís contra mercantes de distintas nacionalidades, no solo israelís, el precio del gas ya ha aumentado en un 10%. Por lo tanto, sería lógico que España se uniera a una coalición que actuara en defensa de sus intereses y de los de la Unión Europea. 

Sin embargo, la ley orgánica de defensa nacional obliga a que todo movimiento al extranjero de tropas militares españolas sea aprobado por el Parlamento. Basado en ello, es lógico que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado a Sánchez que el tema sea objeto de debate y votación en la Cámara. Feijóo sabe que algunos aspectos de la política internacional constituyen el telón de Aquiles de la mayoría parlamentaria que el PSOE logró armar para la investidura. Efectivamente, es posible que ni Sumar, presionado por los cinco diputados de Podemos, ni otras fuerzas de la izquierda independentista que integran esta mayoría, estén a favor del envío de tropas al mar Rojo bajo la batuta norteamericana. No tanto porque ello vaya a poner en cuestión la decidida política de Sánchez en favor de un alto el fuego en Gaza y del reconocimiento de Palestina como Estado, como por el sesgo antinorteamericano que forma parte del ADN de buena parte de las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE.

La propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el sentido de que España solo actúe bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea es un ardid para sortear la situación embarazosa en la que se encuentra Sánchez. Sin embargo, no evita el debate parlamentario, ni una votación, sobre todo si se pasa de una misión de vigilancia a otra de carácter propiamente militar en caso de que los hutís recrudezcan su acción.

La política internacional debe ser política de Estado. En ese sentido, lo lógico sería que Sánchez y Feijóo fueran capaces de superar sus diferencias para llegar a un acuerdo sobre algo de tanta trascendencia para España. La reunión que ambos tienen este viernes debe servir para garantizar una amplia mayoría parlamentaria en favor de la participación de España en las iniciativas multilaterales destinadas a garantizar el tráfico marítimo en el mar Rojo.