Independencia

Empeñados como estamos en hacer examen de constitucionalidad todo el tiempo a todo el mundo, hay una parte de la cúpula judicial, responsable de su tutela, que ha decidido saltarse la división de poderes en busca de un fin político. La insurrección no hay que buscarla sólo en los CDR o el Tsunami Democràtic, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intenta filibusterismo penal para iniciar actuaciones contra Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas sobre el fondo de las investigaciones contra los importantes disturbios del Tsunami en el aeropuerto del Prat para acusarles de terrorismo y así que el caso e implicados queden fuera de la posible amnistía.

Marta Rovira, un tsunami de sonrisas y lágrimas

La misma tarde que los equipos negociadores de Junts y PSOE se habían vuelto a sentar para seguir en el tira y afloja sobre la regulación de la amnistía, se decreta este auto, no en un alineamiento fortuito de los astros sino en un posicionamiento claro de parte de la judicatura conservadora en hacer política desde donde no toca. Todo este proceso abierto desde 2017 con el golpe independentista menos pensado ha estado entremezclado de leyes, sentencias, acuerdos, aperturas de procedimientos en un entramado difícil de desmadejar, igual que lo estuvieron las actuaciones contra el independentismo vasco cuando a este no le molestaban las «acciones armadas» o en las causas contra la corrupción económica y política de partidos y de gobiernos.

Volvemos a una situación de máxima tensión institucional que desgasta las bases de la democracia por lo menos igual que las consultas de autodeterminación lo hacen sobre la indisoluble unidad de la nación española del artículo dos de la Constitución. El pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne para dar su opinión cuando nadie se la ha pedido, por si acaso es inminente la proposición de ley de la amnistía, que el Gobierno no va a tramitar como proyecto de ley para saltarse los informes consultivos y no vinculantes del propio CGPJ o del Consejo de Estado. Porque aquí están todos los implicados utilizando las argucias a su alcance para conseguir sus respectivos objetivos. Igual que el Partido Popular quiere modificar el reglamento del Senado para parar la posible tramitación del texto que nunca llega y del que aún no conocen los posibles socios de investidura que deben firmarlo. Los okupas del máximo órgano de control de los jueces están debatiendo y redactando un texto sobre el ser y el deber ser, viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A aguantar la tirita a medio despegar está jugando Junts, armando un discurso para los suyos y haciendo contener el aliento al resto del país.