Twitter (X) en la cuerda floja

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, publicó hace unos días una carta en la que acusa a X, la nueva denominación de Twitter tras su adquisición por Elon Musk (quien, por cierto, podría encontrarse con problemas para registrar esta marca en Europa), de difundir información falsa sobre el conflicto en Israel. El político europeo exigió al empresario norteamericano acciones “rápidas, precisas y completas” en las siguientes veinticuatro horas para cumplir con las exigencias de moderación de contenido impuestas por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que manifiestamente no estaba siendo aplicada por los gestores de la red social. Como se recordará, cuando Musk adquirió Twitter en octubre del año pasado, una de las primeras decisiones que adoptó fue reducir drásticamente la plantilla, lo que dificulta evidentemente cualquier control de la red.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que tienen por objeto crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativas para las empresas. La DSA entró en vigor el 16 de noviembre de 2022. La DMA se aplicará a partir del 1 de enero de 2024.

El comisario Breton manifestó la pasada semana que la Comisión estaba "investigando oficialmente el cumplimiento por parte de X" de la DSA. Para ello, ha solicitado formalmente información detallada sobre las medidas que se estaban tomando para reducir y borrar los contenidos perjudiciales (fakes, desinformación organizada, campañas basadas en mentiras). En este contexto, Musk ha lanzado oficiosamente la amenaza de que podría abandonar la Unión Europea porque considera que su negocio es imposible con estas restricciones. De todos modos, la decisión no está tomada, y se cruzan las amenazas y los desmentidos. Los europeos representamos el 9% de sus clientes y aportamos el 6% de su facturación anual mundial. Y es patente que la red social perdería gran parte del su atractivo si dejara de ser global. Y si la renuncia a renunciar a seguir en Europa se debiera a la escandalosa negativa a acatar unas normas que protegen tanto a los consumidores cuanto a las legislaciones democráticas que sancionan la desinformación, los bulos y los fraudes políticos o comerciales.

Informaciones oficiosas pero de confianza —el experto Enrique Dans es una de las fuentes— afirman que, para combatir la desinformación, los clientes de X —la antigua Twiter— que no son de pago deberán abonar una pequeña cantidad al año que les obligue a identificarse. Habrá dos tarifas para los clientes de pago (una con publicidad y otra sin ella) y quienes no quieran aportar la cantidad simbólica universal no podrán intervenir en la conversación de la red sino tan solo asistir a ella. "La gran pregunta —dice Dans en su blog— es hasta qué punto exigir un pago por suscripción detendrá a las factorías de bots dedicadas al spam y la manipulación". Esta “prueba de trabajo” ayudará algo a esclarecer la actual confusión pero será manifiestamente insuficiente para que los manipuladores renuncien a su trabajo. Sobre todo, si se piensa que una gran campaña de manipulación política puede cambiar o no el gobierno de un país y que una campaña comercial puede arruinar o encumbrar a una compañía. En definitiva, concluye Dans, "quien quiera eliminar el spam y la actividad no genuina a largo plazo de un servicio tiene que basarse en el análisis del comportamiento y el contenido, y mantener para ello una operativa de confianza y seguridad sofisticada y con excelentes ingenieros capaces de actualizar constantemente las heurísticas y los indicadores". Dicho en otras palabras, la antigua Twitter difícilmente se podrá adaptar a las exigencias europeas si no dedica a un equipo de expertos y considerables recursos a garantizar su solvencia.

Siempre ha sido muy inquietante que, con el pretexto de la libertad de expresión, se haya producido el florecimiento selvático de unas redes sociales intoxicantes y mendaces, que propagan y extienden mentiras mediante industrias dispuestas para retorcer la opinión pública. Los abusos que se han cometido en algunos países —la victoria de Trump que lo llevó a la Casa Blanca es paradigmática— son argumento bastante para establecer ciertas reglas de juego limpio. En el mundo real, la libertad de expresión va vinculada al conocimiento de la autoría, de forma que cada cual se responsabiliza de sus propias palabras. En Twitter, todos estamos sometidos a agresiones indeterminadas e inidentificables, contra las que no tenemos defensa posible. Y lo que está en juego no es solo la fama de los participantes en la red sino también, y sobre todo, la salud mental y las convicciones éticas y políticas de los asistentes.

Bien está, en fin, que la Comisión Europea esté trabajando para que las redes sociales no sigan siendo un lodazal. Y este objetivo no puede declinar por las amenazas arrogantes de sus propietarios.