Los límites del apaciguamiento

La política catalana del Gobierno español tenía —tiene— dos caminos posibles: el del apaciguamiento, que ha de representar la búsqueda de un paulatino acercamiento entre las partes en conflicto para que la concesión de ciertas legítimas demandas del nacionalismo catalán sea compatible con la Constitución; y el del choque frontal en la línea abrupta marcada por el artículo 155 que no hubo más remedio que aplicar en 2017, quizá porque no se había sabido gestionar anteriormente el desentendimiento, de modo que no hubiese llegado tan lejos la ruptura.

Es evidente que el actual Gobierno de coalición ha optado por la vía del apaciguamiento, y a tal fin se ha prestado a la apertura de un diálogo permanente entre los gobiernos estatal y autonómico, a la concesión de un indulto parcial a los condenados del procés que permanecían en prisión, y a la reforma de determinadas normas penales que eran innecesariamente duras o que provenían de tiempos pretéritos.

No cabe duda de que la opción elegida ha sido atinada y fecunda: a consecuencia de ella, el clima en Cataluña ha mejorado y el nacionalismo catalán se ha fracturado de forma que se distinguen los constitucionalistas dispuestos a resolver sus demandas por la vía legal que ellos mismos contribuyeron a impulsar en 1978, y los radicales que dan preferencia a su pasión identitaria sobre cualquier consideración racional o jurídica. ERC ha recuperado las esencias republicanas que tuvo en sus orígenes hace ya casi un siglo, y Junts ha quedado anclado en el nacionalismo romántico y caduco. Las encuestas explican el éxito obtenido al producirse esta fractura: el porcentaje de soberanistas que anteponen la independencia a cualquier otra causa ha descendido y hay un sector muy notable que, a través de ERC y del PSC, ya opta por avanzar por cauces pacíficos por una mejor instalación de Cataluña dentro del estado de derecho.

El enfoque del problema catalán está, pues, encarrilado, pero la aventura era/es peligrosa y ERC no debería presionar más allá de lo razonable si no quiere arruinar la inteligente operación y regresar al origen inclemente y absurdo del procés. Será muy necesario andar con pies de plomo en lo tocante a la malversación y aplazar para más delante cualquier tentativa de referéndum. Un referéndum que parece inevitable pero que habrá de ser uno de los dos que prevé la Constitución: el de la reforma estatutaria o el de la reforma constitucional.