IPC

La inflación como gran reto

El alza de los precios es la principal preocupación de la ciudadanía, por encima del paro, según el barómetro del CIS

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Imagen de archivo de billetes de 50 y 20 euros.

Imagen de archivo de billetes de 50 y 20 euros. / ARCHIVO

Hemos escuchado esta semana al presidente Pedro Sánchez decir en el debate sobre el estado de la nación: "El gran reto que hoy tiene España se llama inflación". Coincide así, con la inmensa mayoría de ciudadanos que han puesto ya, en el Barómetro del CIS, a la inflación como su principal preocupación por encima, incluso, del paro. Merece la pena, pues, que dediquemos un poco de tiempo a entender el origen de la misma y la posibilidad que tiene un Gobierno nacional de un país de la Unión Europea para combatirla, con algo más que declaraciones y exorcismos de curandero.

Origen de la inflación

La interpretación monetarista de la inflación es tan simple como eficaz: cuando sube la masa monetaria en circulación más que el PIB, los precios suben. Por tanto, a partir de una sencilla identidad (M. v=P. PIB), el dinero sería el culpable de la inflación. Para combatirla, bastaría con que el Banco Central, responsable del desaguisado, aplicara medidas restrictivas sobre la oferta monetaria subiendo, entre otras cosas, los tipos de interés.

Este enfoque, compartido por muchos economistas, tiene, al menos, tres problemas muy conocidos. Primero, confundir una identidad matemática con una teoría causal, que también podría leerse al revés: si suben los precios, por cualquier razón, entonces tiene que subir la cantidad de dinero presente en la economía, de manera acomodaticia. Segundo problema, confía en que la subida de tipos reduzca más y más pronto la M, que la renta (PIB). Es decir, combatir así la inflación provoca, en alguna medida, recesión y paro. Tercer problema, llevamos, al menos, una década sin que se cumpla. Hemos vivido una tremenda expansión monetaria a nivel mundial y, no solo la inflación no ha aparecido (los más forofos dicen que sí que ha habido inflación, pero que el actual IPC no la ha recogido), sino que hemos bordeado la deflación. Hasta ahora.

Aun aceptando que sin suficiente masa monetaria es imposible que haya inflación (recordemos: subida generalizada y continuada de todos los precios), podríamos aceptar el exceso de liquidez como condición necesaria, pero no suficiente. En tal caso, si la subida de precios tiene una causa diferente como, por ejemplo, un ‘shock’ de oferta, para que aplicar políticas monetarias restrictivas tuviera un efecto sobre los precios, el coste de la medida sobre la depresión de la actividad económica tendría que ser muy severo. Esta es la situación que anticipan los profetas de la recesión inminente: cuando el Banco Central Europeo se ponga a subir tipos hasta doblegar esta inflación, lo tendrá que hacer con tal intensidad que el hundimiento del PIB estará servido en Europa.

El problema es que el monetarista es un mal diagnóstico sobre la causa de la inflación actual. Y, de momento, así lo está entendiendo el propio BCE cuando se mantiene en la prudente vuelta a la "normalidad monetaria" que anticipó hace meses, desoyendo las voces de los "halcones" que, no obstante, pueden forzar una rápida subida de otros 0,25 puntos, sobre los 0,25 puntos ya anunciados para finales de julio.

A diferencia de EEUU, escasamente afectado por la subida del gas y del petróleo al ser productor, donde la elevada inflación se debe a una presión de demanda en una situación de pleno empleo, en la Unión Europea (y España) esta inflación es importada. Y heredera de la sucesión de dos ‘shocks’ externos de oferta: la escasez de suministros postpandemia, seguida de la guerra en Ucrania y los efectos de las sanciones a Rusia. Tal vez por ello, la Reserva Federal americana ha practicado una mayor subida de tipos que el BCE porque responden a dos inflaciones de origen diferente.

Pérdida de poder adquisitivo

Es poco lo que se puede hacer, a corto plazo, ante una inflación de oferta como la nuestra. Frenar una inflación motivada por escasez súbita de productos básicos como el gas, el petróleo o los cereales, a escala internacional y su consiguiente aumento de precios, no es fácil ya que poner topes nacionales a las subidas se traduce en desabastecimiento porque a nadie se le puede exigir que venda a pérdidas (el tope del gas funciona solo como referencia para fijar el precio de la electricidad y por eso se compensa a las gasistas). Si se prevé que la situación va a ser larga, se debe trabajar en buscar otros proveedores y productos sustitutivos, junto a medidas que rebajen el consumo de los productos encarecidos.

Mientras tanto, y dado que la inflación golpea más a las rentas más bajas, desde los Gobiernos solo se puede arbitrar medidas de compensación de rentas que ayuden a sobrellevar la pérdida de poder adquisitivo asociado a la inflación. Eso era el sentido y el contenido del primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno español en marzo, junto a limitación de despidos por causa de esta inflación, revalorización de las pensiones y medidas específicas para el sector del transporte, más la puesta en vigor del tope al gas. Este conjunto de medidas se prorrogó en junio hasta el 31 de diciembre, incorporando nuevas medidas en la misma dirección: bonificación del transporte público urbano, ayuda de 200 euros a familias de bajos ingresos, subvención del precio de carburantes, subida de pensiones mínimas y del ingreso mínimo vital.

El nuevo paquete, pendiente de ratificación parlamentaria, unido al anterior, suman 15.000 millones de euros, entre gasto para compensar rentas y menores ingresos por bajada de impuestos. Cifra que se verá modificada por las nuevas medidas adelantadas por el presidente en el debate de esta semana: gratuidad de transporte publico de cercanías y media distancia, complemento de becas y, sobre todo, impuesto "excepcional y temporal" a beneficios extraordinarios de empresas energéticas y bancarias.

Algunos las llaman medidas paliativas, pero es todo lo que se puede hacer a corto plazo, como demuestra la gran similitud de paquetes de ayuda aprobados por otros Gobiernos europeos. 

Impuesto sobre beneficios extraordinarios

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Una última reflexión sobre el impuesto a beneficios extraordinarios. Si algo, como una subida de precios, genera pobreza sobrevenida en una parte de la sociedad y beneficios extraordinarios en otra parte, intentar redistribuir estos impactos asimétricos mediante impuestos temporales, forma parte del discurso socialdemócrata más clásico.

El problema siempre ha consistido en demostrar y calcular cuál es la parte "extraordinaria" de los beneficios. Pero, para hacernos una idea, reproduzco titulares recientes de prensa española: ‘Repsol logra un beneficio récord, impulsado por el alza del petróleo’, ‘Iberdrola ratifica el objetivo de beneficio récord en 2022’, ‘Santander ha disparado un 43% su beneficio en el primer trimestre y bate su récord de rentabilidad’. Juzguen ustedes, pero materia para repartir esos beneficios extraordinarios imputables a la inflación, parece que hay. Sobre todo, si, como analiza un estudio de CCOO, los beneficios empresariales han sido responsables del 84% de la inflación en el primer trimestre del año.