Los riesgos de la inflación

El problema se veía venir, aunque quienes debían haber tomado cartas en el asunto no creyeron que la subida de precios acabaría siendo tan grave. Se minimizó, o no hubo suficiente previsión. Bien porque pocos pensaban que la invasión de Ucrania se haría realidad y acabaría derivando en una guerra de desgaste, bien porque el calendario electoral en Castilla y León y Andalucía convertían la inflación en un tema incómodo.

Lo cierto es que ha pasado casi medio año desde que el IPC dio las primeras señales de alarma y no solo no se ha frenado la tendencia, sino que parece desbocada. El problema afecta a todo el mundo, así que sería inexacto considerarlo un error de cálculo únicamente del Gobierno español, pero las singularidades de la economía española -con más paro y más deuda pública que otros países de su entorno- obligaba a una mayor anticipación. El fracaso de los agentes sociales en alcanzar un pacto de rentas para moderar salarios y márgenes empresariales que hubiera aliviado la espiral inflacionista se sumó a las malas noticias.

Mayo cerró con una inflación del 8,7% según el INE. Más preocupante es el dato de la inflación subyacente -la que no tiene en cuenta los precios más volátiles como la energía- que fue del 4,9%. Es decir, ya no es un problema centrado en las gasolinas o la luz, sino extendido a todos los servicios y productos de consumo. Lo que confirman las estadísticas lo sufren día a día los ciudadanos, sobre todo los de rentas más bajas, porque tienen menos margen para reducir sus gastos. Y serán también los que más sufrirán la anunciada subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación. Eso también rebajará el consumo y comportará un menor crecimiento económico. Los países más endeudados resistirán peor que los más saneados.

La situación, por tanto, todavía puede complicarse, así que es momento de analizar si las medidas aprobadas hasta la fecha son suficientes. La bonificación de 20 céntimos el litro de los carburantes apenas la han notado los conductores porque la ayuda ha sido prácticamente absorbida por el imparable encarecimiento de las gasolinas. Hay división en el Gobierno sobre si habría que reformular esta subvención, para concentrar los esfuerzos fiscales en aquellos que realmente lo necesitan. Una advertencia similar ha dado el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando critica que las ayudas generalizadas benefician más a las familias con ingresos altos y defiende políticas selectivas.

El ejemplo a seguir son decisiones como el bono de transporte público de 9 euros al mes aprobado en Alemania, pensado para la clase trabajadora. Las previsiones apuntan a una desaceleración económica. El Estado destinará más dinero público a pensiones y tendrá más dificultades para endeudarse. Olvidemos los discursos triunfalistas y prioricemos las medidas selectivas para que la política fiscal sea de verdad equitativa.