Suspenso general

Pese a las enormes diferencias entre países, el mundo suspende de forma estrepitosa en la lucha contra la corrupción. El problema puede parecer menor teniendo en cuenta la urgencia que plantean las sucesivas oleadas de la pandemia o la amenaza del despliegue militar ruso en las fronteras de Ucrania. Sin embargo, la corrupción no es solo un problema económico; es un fallo sistémico estrechamente vinculado con la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de la democracia.

Transparencia Internacional (TI) acaba de publicar el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 y los datos son demoledores. De los 180 países y territorios estudiados, y en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio), la puntuación media es 43. El 68% de los países y territorios están por debajo de 50 y, lo más desalentador, los esfuerzos por luchar contra la corrupción han decaído en todo el mundo.

La corrupción no es fácil de medir y va más allá de una clasificación, pero el índice que TI elabora desde 1995 –referido al sector público– es esencial para entender la dimensión del fenómeno y su capacidad corrosiva. Como en tantos otros índices, en el grupo de cabeza por buen desempeño están las democracias nórdicas (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), junto a Nueva Zelanda, Singapur, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania. En la cola figuran Estados fracasados y violentos como Sudán del Sur, Siria, Somalia, Venezuela, Yemen, Corea del Norte, Afganistán, Libia, Guinea Ecuatorial y Turkmenistán.

Por regiones, Europa occidental, incluyendo la Unión Europea, obtiene de lejos la mejor puntuación (66 sobre 100). África subsahariana, la peor (33), por detrás de Europa oriental y Asia central (36), Oriente Próximo y Norte de África (39), América (43) y Asia Pacífico (45).

Los datos son importantes porque aportan mucho más que información cuantitativa. Medir la corrupción permite radiografiar aspectos de un país como la solidez de las instituciones, la independencia del poder judicial, la calidad de las normas, la rendición de cuentas, la integridad del gobierno y de la administración y la independencia de los medios de comunicación. En definitiva, el funcionamiento de todo el engranaje que sostiene la democracia.

Piense en trámites inevitables, como obtener el certificado de nacimiento o el carné de conducir, aprobar una oposición para acceder a un empleo público, poner una denuncia, solicitar plaza en un colegio, pedir cita con el médico o contratar un suministrador de electricidad. En dos tercios de los países del mundo, estas gestiones o cualquier otra en el discurrir de la vida diaria se ven impedidas o obstaculizadas por la corrupción. Además de una vulneración de los derechos de los ciudadanos, se trata de un inmenso e incalculable volumen de dinero que se escapa de la sociedad para caer en los bolsillos de unos pocos poderosos.

En el sector público, los comportamientos corruptos incluyen sobornos, desvío de fondos, utilización interesada de la función pública, nepotismo y la captura del Estado para el beneficio personal. Atrincherada en el sistema, la corrupción dinamita la confianza de los ciudadanos en los gobernantes y en las instituciones. Sus consecuencias no solo merman el desarrollo económico, sino que desacreditan la democracia, dan soporte a gobernantes autoritarios e incentivan la vulneración de los derechos humanos.

En la actual batalla entre la democracia y el autoritarismo será central el combate a la corrupción. Se trata de uno de sus frentes más difíciles y escurridizos, porque el goteo de recursos públicos y de riqueza mundial causados por la corrupción se filtra por las alcantarillas del sistema financiero internacional. Aquí aparecen los países “facilitadores”, a través de entramados societarios y financieros que permiten el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas pero también de la evasión de impuestos.

Transparencia Internacional advierte: “los países que obtienen las mejores puntuaciones pueden presumir de tener unos niveles de soborno más bajos y mayor responsabilidad ante la corrupción en el sector público, pero presentan innumerables problemas de corrupción”. Ahí están Singapur, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos, que con 67 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, obtuvo en 2020 los peores indicadores de transparencia financiera, según el Global Financial Integrity.

El dinero procedente de la corrupción y del fraude fiscal no llega habitualmente a playas bordeadas de palmeras y aguas cristalinas, sino a entidades opacas situadas Delaware, Nevada, Dakota del Sur, Florida o Tejas. Son democracias consolidadas las principales responsables del fracaso global en la lucha contra formas de corrupción cada vez más sofisticadas y globalizadas, en un entramado de bancos, despachos de abogados, agentes inmobiliarios, profesionales del sector del lujo, marchantes de arte y lobbies.

Existe un mundo en el que autócratas, oligarcas y traficantes coinciden con poderosos, políticos, millonarios y cargos públicos de países democráticos. Ninguno de ellos dará la batalla por la transparencia y la democracia.