Estabilidad y elecciones anticipadas en pandemia

Es obvio que la disolución de un Parlamento y la convocatoria de elecciones es una potestad exclusiva de los presidentes de los ejecutivos. Ejercerla es una decisión legítima que, desde le punto de vista legal e institucional, no es necesario justificar.

Eso no impide que cuando se ejerce esté sometida a crítica política y que sea objeto de discusión durante la correspondiente campaña electoral. Y, además, debe analizarse dentro del contexto y el momento en el que se toma la decisión de poner fin a una legislatura.

En los últimos años, han ejercido esta potestad en diferentes circunstancias y momentos Pedro Sánchez, Susana Díaz o Isabel Díaz Ayuso, entre otros muchos. Todos ellos asumieron un riesgo político y algunos de ellos pagaron un alto precio, porque al convocar elecciones anticipadas hay siempre una línea muy fina entre el error político o el acierto incuestionable.

A Ayuso le salió muy bien la jugada y reforzó su mayoría en la Comunidad de Madrid, mientras que Díaz fracasó por completo en Andalucía en 2018.

Al convocar elecciones anticipadas hay siempre una línea muy fina entre el error político o el acierto incuestionable

Los presidentes que toman ese camino deben asumir el coste de alterar la estabilidad institucional y de parar la toma de decisiones mientras se entra en campaña electoral, se vota y se forma gobierno. Es decir, deben mostrar que anteponen los intereses de los ciudadanos a sus propios intereses personales o partidistas.

Ese valor de la estabilidad estuvo presente durante años en la política española, pero el cambio producido por la fragmentación partidaria ha hecho saltar por los aires esa prioridad institucional. Con investiduras fallidas, repeticiones de elecciones y proliferación de coaliciones más o menos duraderas, la estabilidad ha quedado en segundo plano en la política española. También las reformas de estatutos de autonomía han permitido que todas las comunidades puedan convocar elecciones anticipadas, en contra de la previsión de los legisladores que en el inicio de la democracia constitucional reservaron esa opción sólo para las llamadas comunidades históricas.

Ahora Alfonso Fernández Mañueco ha ejercido esta potestad en Castilla y León y ha decidido convocar elecciones para el 13 de febrero, acabando con el previsto plazo de más de un año sin celebración de elecciones en toda España.

Lo ha hecho en un contexto de sexta ola de la pandemia de coronavirus, dificultando la toma de decisiones en un momento especialmente delicado por el aumento récord de contagios. Además, forzando la destitución de su consejera de Sanidad, una de las más reconocidas y valoradas responsables autonómicas de la gestión de la pandemia.

Son las quintas elecciones autonómicas desde el inicio de la pandemia, tras las de País Vasco, Galicia, Cataluña y Madrid. En todas han renovado gobierno los responsables de la gestión de la pandemia, salvo en Cataluña donde funcionó otra lógica y donde, no obstante, formó ejecutivo uno de los partidos que ya gobernaba en coalición.

Mañueco tendrá que demostrar que su decisión responde al interés de los ciudadanos de Castilla y León en plena pandemia y no al del PP, necesitado de acabar con Ciudadanos, su rival político. Y con el evidente interés partidista de evitar que se organicen los partidos de la llamada España vaciada.

Mañueco tendrá que demostrar que su decisión responde al interés de los ciudadanos de Castilla y León en plena pandemia y no al del PP, necesitado de acabar con Ciudadanos, su rival político

El presidente castellanoleonés justifica su decisión en base a una supuesta moción de censura en marcha, tras un presunto acuerdo secreto entre Ciudadanos y PSOE.

Por el momento, los indicios apuntan a que ese pacto secreto es más una coartada que una realidad. Primero porque Ciudadanos ha mostrado mensajes que prueban que el PP estaba al tanto de los contactos con otro grupo.

Segundo porque Ciudadanos ya rechazó sin dudar hace meses una moción de censura del PSOE, partido que, por cierto, no puede presentar otra moción hasta marzo. Y no parece asumible que Ciudadanos, miembro de la coalición de Gobierno vaya a presentar una moción de censura contra el Ejecutivo del que forma parte.

Y, por último, porque el ex vicepresidente Francisco Igea, líder de Ciudadanos, explicaba el pasado sábado en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que era partidario de una coalición electoral entre su partido y el PP. Esa declaración, realizada sólo dos días antes de la convocatoria, no parece indicio de ruptura y de moción de censura con los socialistas y contra el PP.

Todo ello arroja la sospecha de una decisión motivada por interés partidario como fue la de Ayuso en Madrid y siembra dudas sobre el futuro inmediato del gobierno de coalición de Andalucía. Por el momento, la coalición en Andalucía sólo se salva por el interés de Juan Manuel Moreno de utilizar como activo político el relato de haber sido capaz de agotar hasta el fin una legislatura con el único gobierno no socialista de la historia constitucional de Andalucía.

La apariencia es la de una estrategia de Génova para jalonar el calendario de elecciones que pueden ser favorables al PP y que pueden servir para acabar definitivamente con Ciudadanos. A Casado le interesa un calendario con escalones electorales que le puedan ser favorables para escalar hacia las generales de finales de 2023, con el PP como opción hegemónica del centro y la derecha.

La apariencia es la de una estrategia de Génova para jalonar el calendario de elecciones que pueden ser favorables al PP

El partido de Inés Arrimadas ha perdido en pocos meses su poder en tres gobiernos autonómicos: Murcia, Madrid y Castilla y León y peligra su presencia en el de Andalucía. En Murcia, Ciudadanos cometió un grave error al pactar con el PSOE una operación desastrosa que terminó perdiendo y que claramente ha servido en bandeja una coartada al PP. Casado ha estirado esa coartada para presentar en otras comunidades a los de Arrimadas como socios poco leales y justificar así elecciones anticipadas para evitar mociones de censura.

Todo ese proceso tiene también la enseñanza de que, finalmente y en contra de la apariencia, son menos estables las coaliciones de derechas que las de izquierdas.