Mejoremos una reforma que fue necesaria

En España, cada partido llega al gobierno con la pretensión de deshacer gran parte de lo que hizo el partido contrario. Esto ha sido muy evidente en el ámbito educativo. Hasta el momento se han sucedido 8 leyes educativas distintas, prácticamente una por gobierno. Las reformas laborales van por el mismo camino. Cuando se apruebe la reforma que ahora divide al gobierno de coalición, ésta será la octava desde la entrada en vigor del Estatuto del Trabajador en 1980.

Se podría pensar que precisamente por este motivo se vota un cambio de gobierno, para que haga cosas distintas. Aunque esto es cierto, no debe ser incompatible con la estabilidad que cualquier sistema necesita en el largo plazo, tanto para generar seguridad jurídica, como para que las reformas puedan dar sus frutos. En España, esto parece imposible.

Hay que recordar que la reforma laboral de 2012 se aprobó en un contexto de crisis económica en el que las instituciones de la Unión Europea pedían ajustes a los gobiernos nacionales que impidiesen rescates y crisis futuras. En el mercado laboral esto se tradujo en la “flexiseguridad”, una forma de “reconciliar la necesidad de los empleadores de contar con una fuerza laboral flexible con la necesidad de seguridad de los trabajadores: la confianza de que no se enfrentarán a largos períodos de desempleo” (Comisión Europea, 2007).

Reforma laboral de 2012

Partiendo de esta premisa, la reforma de Fátima Báñez intentó dar flexibilidad a las empresas para adaptarse a las situaciones económicas adversas evitando su cierre y haciendo del despido un recurso de última instancia.

Cuando una reforma como esta tiene lugar, lo que deberían hacer los gobiernos sucesivos es realizar un análisis riguroso de sus efectos y hacer los ajustes oportunos, pero en ningún caso realizar una enmienda a la totalidad, sobre todo cuando son múltiples los análisis de académicos y las instituciones independientes que han destacado sus importantes aspectos positivos.

Aunque la reforma de 2012 hizo más hincapié en la flexibilidad que en la seguridad, introdujo muchos aspectos beneficiosos. Destacan la reforma del coste del despido y el aumento de la flexibilidad laboral interna (Lahera y Conde-Ruiz, 2021). Estas permitieron reducir el desempleo (García-Pérez, 2016), incluso entre los jóvenes (Stepanyan y Salas, 2020). De hecho, algunos análisis señalan que si esta reforma se hubiese aprobado en 2008, podría haber evitado la destrucción de cerca de 2 millones de puestos de trabajo (Doménech, García y Ulloa, 2016). Por último, cabe destacar la introducción de los ERTE, de los que tanto han presumido desde el Gobierno y que han ayudado a aliviar la situación de muchos pequeños y medianos empresarios que se hubiesen visto obligados a cerrar sus negocios por culpa de la pandemia.

Por eso, más que deshacer lo que otros hicieron, este gobierno debe centrarse en solucionar aquello que la reforma aprobada por la ministra Báñez no consiguió solucionar: la elevada tasa de paro y la elevada tasa de temporalidad que sitúa a España en la cabeza de los países de la Unión Europea.