Ayuso advierte de que el margen para reducir impuestos en Madrid “se va complicando”

Aunque el mantra sea que el PP siempre reduce los impuestos, esta política también tiene sus límites incluso para los conservadores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este martes más prudente que en otras ocasiones respecto a los incentivos fiscales de la región y ante la pregunta de hasta dónde se puede seguir bajando impuestos, ha reconocido que el tope está cerca: "Llevamos reduciendo impuestos de manera consecutiva muchos años pero nuestros márgenes se van complicando".

Este mensaje está especialmente dirigido a su rival político, Vox, cuya máxima responsable, Rocío Monasterio, insiste prácticamente cada semana en que la Comunidad puede aún incluir más incentivos fiscales que beneficien a los madrileños, reduciendo al máximo los impuestos que pagan a las arcas públicas. Según datos ofrecidos por la Consejería de Economía y Hacienda, en los últimos 20 años, desde que Esperanza Aguirre comenzó con esta dinámica fiscal, el Gobierno regional ha dejado de ingresar "más de 68.000 millones de euros", lo que en el ejecutivo autonómico traducen como un "ahorro" de "18.000 euros por contribuyente", aunque este dato supone una media general y no especifica cuál es el ahorro en función de las rentas. De esa cantidad total, explican fuentes de la consejería, "más de un tercio corresponden a los años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso", es decir, alrededor de 22.000 millones de euros.

Recaudación por el impuesto de patrimonio

Tras haber eliminado los impuestos propios de la Comunidad y reducido otros en sus primeros cuatro años de gobierno, ya durante la campaña electoral Ayuso anunció que a lo largo de esta legislatura aprobaría otro medio punto de ahorro en el IRPF autonómico, pero no quiso especificar cuándo lo haría, señalando ya entonces que habría que hacerlo cuando la economía lo permitiera. Seis meses después de aquella promesa, el Gobierno regional se ha encontrado en sus presupuestos con 550 millones de euros con los que no contaba. Es la cantidad recaudada en 2022 por el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, que Ayuso bonificó casi en su totalidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el llamado tributo de solidaridad para contrarrestarlo.

Tras llevar la pelea fiscal al Tribunal Constitucional, este dio la razón al ejecutivo de la nación y entendió que era constitucional el nuevo impuesto nacional, por lo que Ayuso decidió modificar de nuevo el gravamen regional para que esa recaudación se quedara en las arcas regionales y no en las estatales. Al hacerlo, el ejecutivo autonómico apuntó que estudiaría nuevos incentivos fiscales para 2024 gracias a este plus de ingresos. Aunque en su momento apuntaron que podría servir para una "nueva reducción del tramo autonómico del IRPF" este año, fuentes del gobierno regional reconocen que se están estudiando otras vías de "alivio fiscal" a cuenta de esos 550 millones de euros. En cualquier caso, Ayuso ha verbalizado que su ejecutivo seguirá "peleando para que el Gobierno" de Pedro Sánchez "no lo vuelva a implantar".

A pesar de pisar el freno, en el desayuno organizado por la APD, Asociación para el Progreso de los Directivos, la presidenta madrileña ha explicado que en los tres años y medio que restan hasta las próximas elecciones, existe aún margen "para la deflactación" siempre y cuando la inflación se mantenga por encima del 2% y ha recordado que queda pendiente la reducción de ese medio punto adicional en el IRPF y otros beneficios fiscales "enfocados a la compra de vivienda, la conciliación, la vida en común con mayores o los estudios".