AYUDAS A MAYORES

Madrid tiene 2.000 mayores dependientes en lista de espera para una residencia y 11.000 servicios de atención domiciliaria pendientes

El PSOE de Madrid denuncia que la cola para acceder a las residencias de la Comunidad se ha incrementado un 22% en el último año

Los presupuestos de 2024 recogen una inversión de 730 millones en "atención de mayores"

Personas mayores sentadas en un parque.

Personas mayores sentadas en un parque. / Alejandro Martínez Vélez

Elena Marín

Elena Marín

Las residencias para mayores de la Comunidad de Madrid no dan abasto. Según la propia web del oGbierno regional, hay 1.995 personas en situación de dependencia que siguen esperando que les sea asignada una plaza en una residencia de la red autonómica. La saturación del servicio en centros de día tampoco es mucho mejor. A cierre de 2023, había 1.691 demandantes sin plaza en la lista de espera.

El sistema público es incapaz de absorber las necesidades de una sociedad con cada vez más población mayor. En la Comunidad de Madrid cerca del 20% de la población supera los 65 años, en total hay 1.213.199 personas en esta franja de edad en toda la región y, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el 9% de este colectivo ya se ve afectado por la soledad no deseada

El problema, denuncia el PSOE madrileño, no es solo la situación actual sino que los datos han empeorado en los últimos doce meses. En un año, la lista de espera para las residencias ha subido un 22%, es decir, hay 356 personas más en situación de dependencia y que solicitan una plaza que siguen aguardando en su casa esa llamada.

Alternativas del Gobierno regional

La Comunidad de Madrid lleva tiempo apostando por diversificar el cuidado de los mayores. Las residencias aparecen como una pata de esa atención, pero ante la falta de capacidad actual y de la variedad en el nivel de dependencia, desde el Gobierno regional se ha optado también por incrementar las ayudas a domicilio y dejar que sean los propios afectados los que decidan en qué invertir el "cheque" destinados a ellos, ampliando el concepto de libre elección y dejando que sean los mayores lo que determinen si quieren acudir a un centro o ser atendidos en sus propias viviendas, según explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena campaña electoral.

En el cuadro de los presupuestos de 2024 se destacan 730 millones en "ayudas a los mayores" y a lo largo de 2023 el Gobierno regional ha aprobado nuevas inversiones en teleasistencia avanzada y puesto en marcha nuevas ayudas para las personas dependientes, aunque en el PSOE ponen en duda su nivel de ejecución. Sin embargo, el problema es que en el caso de las ayudas las listas de espera tampoco son alentadoras. La atención domiciliaria sumaba el 31 de diciembre de 2023 hasta 11.509 servicios pendientes de ser atendidos; la teleasistencia tenía en cola 8.807 servicios para mayores dependientes.

Reparto de plazas públicas y privadas

El número de plazas residenciales no ha crecido al mismo ritmo que la población mayor, al menos no las de gestión pública. El Gobierno regional sacaba pecho la legislatura pasada por contar con alrededor de "52.000 plazas autorizadas de atención especializada en las cerca de 500 residencias de mayores" repartidas por toda la región e insistía en que este dato la convertía "en la segunda comunidad autónoma con mayor oferta residencial para personas mayores en situación de dependencia".

Pero al desgranar las cifras, los socialistas madrileños lamentan que solo 16.827 plazas cuentan con algún tipo de financiación pública, siendo solo 6.258 son de gestión pública directa. Las cerca de 10.000 restantes son plazas con algún tipo de concierto y "hasta llegar a las 52.000 plazas que tienen autorizadas son puramente privadas". Estas cifras suponen que las plazas de financiación pública, "que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, solo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años", subrayan en el equipo de Juan Lobato.

Cambios normativos y de gestión

Con este mapa, los socialistas quieren presentar este miércoles a Ayuso un plan para revertir la situación que han valorado en 1.700 millones a diez años. "Esto no se hace en una sola legislatura, y en el PP saben también que es necesario un servicio público fuerte para que el sistema funcione. Incluso para que la parte privada lo haga", explican en el partido. "Existen más de 1,2 millones de potenciales beneficiarios de ayudas" que en en el futuro pueden necesitar plaza en residencias de mayores, "esto es un tsunami", alegan al tiempo que en el entorno de Lobato insisten en que no pretenden "buscar el choque". Este debe ser un problema a solucionar "entre todos" para que el sistema sea sostenible, recalcan.

La revolución que buscan para el sector afecta a la normativa y a la gestión. La primera sigue ordenando las necesidades actuales con parámetros de 1990, lo que aleja el servicio de un modelo avanzado donde haya mayores que puedan convivir en "entornos íntimos" que sustituyan a los hogares, y al mismo tiempo se encuentre espacio para las personas más dependientes que necesitan un cuidado sociosanitario.

Situación de Madrid capital

Según la federación madrileña, las propias empresas del sector les están advirtiendo de que el sistema está "a punto de explotar". La entrada de grandes inversores y fondos que buscan beneficios pero no conocen la labor de estos centros está "desacreditando" la labor de aquellas que llevan años especializadas, insisten. Así, su propuesta sí va acompañada de una denuncia sobre la situación en la capital, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, y "las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales, donde son mucho más rentables las plazas privadas". "Los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores" es una cuestión a resolver, defienden en el equipo de Lobato.

En general, consideran que la ubicación de las plazas residenciales en Comunidad de Madrid presenta "importantes deficiencias" y apuestan por "zonificar adecuadamente los recursos". Ahí es donde encajan su propuesta para construir 23 nuevas residencias, reformar las de gestión directa, asumir en el ámbito público las de gestión indirecta y garantizar que los municipios de más de 80.000 habitantes "dispongan de dos residencias públicas con sus correspondientes centros de día".