COMUNIDAD DE MADRID

40 años del Estatuto de Autonomía: Más Madrid retoma la propuesta de reforma para su campaña

Tras haber fracasado el último intento de modificar el estatuto autonómico en la Asamblea de Madrid, la formación de Mónica García incorporará a su programa electoral una reforma integral de la norma.

PP y Vox presentaron una proposición de ley conjunta en la que se proponía la reducción del número de diputados que incluyeron en el acuerdo de investidura pero no se llegó a debatir.

DÍAZ AYUSO PRESIDE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN MANZANARES
EL REAL, EN EL 40o ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DÍAZ AYUSO PRESIDE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN MANZANARES EL REAL, EN EL 40o ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / CAM

Elena Marín

Elena Marín

40 años es toda una vida para muchos diputados de la Asamblea de Madrid, para algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios incluso más. Y es también tiempo suficiente para que la sociedad madrileña haya avanzado y evolucionado de tal forma que la norma básica de la región, su Estatuto de Autonomía, que este sábado cumple 40 años en vigor, se haya quedado obsoleta, según varias formaciones de la cámara regional. Por eso en Más Madrid propondrán en su programa electoral una modificación integral de la misma que actualice algunos conceptos e introduzca novedades.

El trabajo está prácticamente hecho. El año pasado los distintos grupos parlamentarios trabajaron más o menos intensamente en sus propuestas para la modificación del Estatuto aprovechando que PP y Vox presentaron una proposición de ley en la que se aludía a su reforma para dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por ambos grupos en el acuerdo de investidura. Vox propuso a Isabel Díaz Ayuso reducir el número de diputados de 136 a 91, algo que el equipo de Rocío Monasterio estimó que supondría una reducción de cerca de 2,5 millones de euros anuales.

La propuesta se registró, pero el resto de los grupos parlamentarios presentó una enmienda a la totalidad y apostaron por abrir el debate e incorporar otro tipo de novedades. El PP no tuvo especial interés en revolver demasiado esta norma que está en vigor desde 1983, aunque ha sido sometida a reformas parciales, y el debate murió sin haberse si quiera producido. El texto no llegó a la Comisión de Estatuto y Reglamento que debería discutir el contenido.

Aunque aquel melón no se terminó de abrir, en Más Madrid consideran que el texto que trabajaron en mayo del año pasado, una enmienda a la totalidad de 20 páginas, se debe seguir peleando así que incorporarán las ideas principales como una de sus propuestas para las próximas elecciones de mayo.

La formación de Mónica García diferencia entre las propuestas se ámbito social y las de procedimiento electoral. Entre estas últimas, destaca la reducción de la barrera electoral. Su apuesta no es tanto reducir diputados, como pretendía Vox, como que la distribución de escaños sea diferente: suprimir la barrera del 5% de votos actuales para que solo se tengan en cuenta las listas que obtengan, al menos, 50.000 votos, "que son los que el Estatuto reconoce para cada nuevo diputado de la Asamblea". Además, proponen que la convocatoria electoral se realice cada cuatro años aunque se haya producido un adelanto electoral, que es algo que sucede en otras comunidades, y modificar el mecanismo de la moción de censura, rebajando el umbral para presentarla y poder hacer lo sin candidato, es decir, que la cámara pueda retirar su confianza al Gobierno y solicitar la convocatoria de elecciones.

En cuanto a las modificaciones del ámbito social, Más Madrid reproducirá la propuesta recogida en su enmienda a la totalidad para modernizar los derechos de la ciudadanía, la participación ciudadana y la igualdad de género, entre otros. La idea es incorporar un "nuevo título de derechos, deberes y principios rectores" que sirvan para blindar determinados derechos referidos "al cuidado del medio ambiente, así como al ámbito social, civil, educativo", "facilitar" y promover la participación ciudadana o poner "los mecanismos necesarios para combatir el machismo, el racismo la xenofobia y la lgtbifobia". En este título quieren también reconocer "los derechos de la infancia, la adolescencia, de las familias", "los derechos digitales, la igualdad de género" o "la muerte digna", así como "establecer por primera vez la protección y el bienestar de los animales".

En el PSOE de Madrid, que también presentó su enmienda a la totalidad a la propuesta de PP y Vox el pasado mes de mayo con iniciativas sobre regeneración democrática y limitación de aforamientos, entre otros, reconocen a día de hoy que estarían también dispuestos a abrir el debate de una reforma integral para introducir elementos de transparencia y participación ciudadana, entre otros, pero en el equipo de Juan Lobato advierten de que hay que tener voluntad para discutir el tema "de verdad" y en estos momentos "no hay quorum porque tampoco lo provocan", en referencia a la falta de interés de las dos formaciones que presentaron la propuesta para entrar en una negociación con el resto de grupos.

Los populares, de hecho, querrían también ampliar el ámbito de la reforma y no dejarlo solo en la reducción de diputados como inicialmente propuso Vox. Ya en la legislatura anterior, con la pandemia de por medio, los populares apuntaron la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico de la Comunidad la figura del decreto ley. La explicación, en su momento, fue que en otras regiones ya se había introducido y que permitía tomar decisiones con agilidad y en menor plazo en lugar de verse obligados a tramitar los proyectos de ley con la fórmula de la lectura única.

Este modo de proceder les ha servido a los populares cuando tenían mayoría, pero en las últimas semanas se ha visto en la Asamblea cómo Vox se ha negado a votar a favor de la lectura única de distintos proyectos del Gobierno de Ayuso, obligando a una tramitación ordinaria que impide la inmediatez. La fórmula del decreto ley puede resultar muy cómoda y favorable para el Gobierno de turno, pero su uso y abuso podría relegar a un segundo plano a la Asamblea, como ha ocurrido a nivel nacional en distintas legislaturas. En esta en concreto la oposición intentó movilizarse en septiembre del año pasado para obligar al Gobierno a negociar decretos cuya tramitación posterior deja olvidados en un cajón cogiendo polvo.