La Fiscalía de Madrid retoma las visitas presenciales a las residencias de mayores

La Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dictado una instrucción para que los fiscales retomen "sin demora" la supervisión de los centros de mayores en la región mediante visitas presenciales. Esta decisión se toma, advierte en una nota informativa, porque durante la crisis derivada de la pandemia se comprobó que se dieron algunas "situaciones de vulnerabilidad" de las personas mayores que se encuentran en las residencias y es su obligación velar por ellos y "extremar el celo" en el control, seguimiento y supervisión la labor inspectora de la Fiscalía.

La instrucción se retoma ahora porque durante la pandemia se suspendieron las visitas presenciales. En caso de detectar irregularidades, según la instrucción, la Fiscalía lo trasladará "a la mayor brevedad posible a la autoridad administrativa y será la Fiscalía de la Comunidad de Madrid quien asumirá las labores de la coordinación de todas las fiscalías madrileñas en la materia".

El documento se ha dado a conocer por la fiscal superior coincidiendo con la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un acto formal en presencia de autoridades -entre ellas la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- en el que la principal responsable ha leído un discurso en el que ha hecho mención expresa al asunto.

La labor tuitiva de los fiscales se desarolla en el ámbito del derecho civil, cuando se considera comprometido "el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación”.

LA CUESTIÓN POLÍTICA

La orden se ha conocido justo en el momento en el que la polémica por lo sucedido en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia ha vuelto a la primera línea de la política por dos cuestiones muy concretas. Por un lado, la petición de la oposición de crear diversas comisiones que debatan sobre este asunto en la Asamblea de Madrid. Aunque existen matices. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos quieren una comisión que sirva para investigar lo sucedido en 2020 y establecer responsabilidades políticas, por el contrario, Vox ha sorprendido al PP registrando la petición de una comisión de estudio sobre las residencias de mayores. Rocío Monasterio asegura que no es su objetivo rebuscar en el pasado ni hurgar en la herido que esto creó en el Gobierno de Ayuso, sino que solo quiere mirar hacia adelante y analizar cómo mejorar las condiciones de las residencias. Sin embargo, en el PP temen que los grupos de la izquierda cojan el guante de Vox y aprovechen para reactivar este asunto precisamente en el final de la legislatura con el objetivo de desgastar al PP.

Además, la decisión de la Fiscalía llega solo un día después de que toda la oposición, salvo Vox, haya pedido la dimisión del número dos de Ayuso en el Gobierno de la Comunidad por las palabras pronunciadas precisamente a cuenta de la comisión solicitada por Vox: "Ahora sólo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a muchas familias que podrán volver a pensar '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?'. Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente.

ACTA PARA LA RECOGIDA DE DATOS

Dado el elevado número de centros, residencias y pisos tutelados que hay en el territorio de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía ha elaborado un modelo de acta para facilitar la recogida de datos a los fiscales que lleven a cabo este servicio, que no siempre realizan esta tarea los integrantes de las secciones especializadas. A juicio de la fiscal Lastra, el modelo residencial «marco» debería responder a una concepción del servicio basada en un sistema más respetuoso con la persona.

En su discurso, Lastra ha mencionado expresamente la situación de los familiares de las personas fallecidas durante la pandemia en las residencias de mayores.

Según la fiscal superior, y sin perjuicio de las consecuencias penales, "si las hubiera en los procedimientos aún en tramitación", la crisis sanitaria derivada de la declaración de pandemia en marzo de 2020, "ha puesto de relieve los fallos de nuestro modelo residencial" y la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores y personas con discapacidad que viven en este tipo de centros, lo que justifica la necesidad de extremar el celo de la función de control, seguimiento y "supervisión de la labor inspectora de la administración autonómica competente", como garantes del respeto de los derechos de las personas ingresadas en los mismos. 

REALIDAD JUDICIAL

En la Memoria de la Fiscalía de Madrid dada a conocer este mismo jueves, que incluye datos relativos a 2021, se señala que ha día de hoy en Madrid se mantienen abiertos 64 procedimientos judiciales incoados para el esclarecimiento de fallecimientos en residencias relacionados con la gestión de la pandemia por el virus COVID-19. En estos procedimientos se investigan supuestos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, y en algunos otros casos intrusismo o delito de trato degradante.

En cuanto a las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía, 9 de ellas concluyeron con la interposición de denuncia y 11 fueron judicializadas sin concluir la investigación al tener conocimiento de que los mismos hechos estaban siendo ya objeto de pesquisas por parte de un juez. Se trata, según fuentes fiscales consultadas, de procedimientos en los que es muy difícil demostrar una causa-efecto, por lo que un total de 42 resultaron archivadas en el último año tras concluir que no había indicios suficientes de la comisión de hechos delictivos.