CASO KOLDO

El juez Moreno remite a la Fiscalía Europea el informe clave de la ONIF sobre la trama Koldo

El informe del inspector Burillo analiza la trascendencia tributaria de todos los movimientos de la trama y desgrana la operativa de las adjudicaciones con las administraciones del PSOE

Koldo García, exasesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Koldo García, exasesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos. / EFE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado remitir a la Fiscalía Europea el informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) que desgrana la operativa de las adjudicaciones para la compra de mascarillas por más de 53 millones de euros obtenidas por los empresarios de la 'trama Koldo' en 2020, a través de sus contactos en el ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos.

Además de este documento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, previa consulta a la Fiscalía Anticorrupción, envía al organismo con sede en Luxemburgo todos los autos de situación personal de los investigados y documentación elaborada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según señala la resolución, se remite toda etsa documentación con el objetivo de que "puedan formar criterio suficiente para determinar el ámbito de sus competencias".

En el informe del organismo dependiente de Hacienda, del que ha venido informando EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el inspector Raúl Burillo analiza la trascendencia tributaria de todos los movimientos realizados por la red que lideran los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama y concluye que la decisión del Gobierno de permitir la contratación pública "sin concurso, sin concurrencia, sin publicidad y en caso de emergencia", supuso que "la elección y designación del proveedor de este material [las mascarillas] se realizase a plena voluntad del comprador público".

El informe de la UCO remitido, que le llegó al juez el pasado 22 de febrero, es el que incluye documentación incautada en los registros, entre la que destaca el volcado de un grupo de WhatsApp llamado "4 mosqueteros" que De Aldama y tres de sus socios utilizan para ponerse al día de sus gestiones para conseguir adjudicaciones. Entre los indicios, los que apuntan a negociaciones con la administración entonces dirigida por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, 

La providencia del magistrado tiene fecha de este jueves, y responde al requerimiento concreto que le realizó la Fiscalía Europea el pasado 29 de febrero, atendiendo a la cooperación reforzada de la Audiencia Nacional con el órgano europeo.

La Fiscalía Europea inició diligencias previas sobre contratos de venta de mascarillas en Baleares y Canarias, que en principio le corresponden por haberse utilizado para los pagos fondos europeos, tras recibir la denuncia del actual número dos del PP en Madrid Alfonso Serrano, en junio de 2022, pero no anunció oficialmente la apertura de un procedimiento hasta principios de esta semana. 

Los fiscales europeos ya contaban desde hacía un año con documentación remitida por sus homólogos españoles de la Fiscalía Anticorrupción en relación con los cuatro contratos firmados por las administraciones autonómicas gestionadas por el PSOE con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros. 

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95. Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

En el decreto en el que se dirigía a la Audiencia Nacional el pasado enero, la Fiscalía Europea ya daba cuenta de diversos datos aportados por la Secretaría General de Fondos Europeos en agosto de 2022 con respecto a empresa que obtuvo el pelotazo ahora investigado, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

Se decía expresamente si bien no constaba ningún contrato COVID declarado en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 cuyo importe coincidiera los importes señalados, si podrían haberse utilizado los Programas Operativos FEDER Illes Baleares 2014-2020 e Islas Canarias 2014-2020, relacionando los contratos a que se referían. Se acordó entonces "realizar comprobaciones en fuentes abiertas" y, en particular, en el portal de contratación del Estado sobre las condiciones de contratación relacionadas.