Un implicado en el caso Alcoa borró sus chats tras las detenciones

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía apuntan que uno de los investigados en el caso Alcoa borró, tras las primeras detenciones ordenadas por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, los chats que mantenía con otro de los implicados en el procedimiento, en cuyo teléfono sí fueron descubiertos mensajes entre ambos.

Un informe policial de 8 de marzo especifica que los dispositivos electrónicos intervenidos en los domicilios de los investigados Francisco Javier Fernández de Bobadilla y Eduardo Julio Hidalgo García no contenían información "relevante" para aclarar el supuesto saqueo de las plantas de Avilés (Alu Ibérica AVL) y A Coruña (Alu Ibérica LC).

Sin embargo, en los dispositivos intervenidos a Víctor Rubén Domènech durante su detención sí se hallaron "diversas conversaciones mantenidas entre éste y Francisco Javier Fernández de Bobadilla", en cuyos terminales no aparecen estos mensajes.

"Explotación operativa"

El hecho de que ninguno de los teléfonos móviles incautados a Fernández de Bobadilla dispusiera de esta información, como por ejemplo las conversaciones de mensajería instantánea, los mensajes de texto o correos electrónicos "es muy significativo" para los uniformados, que apuntan en su oficio policial "al posible borrado del contenido de los mismos a raíz de la explotación operativa [operación] realizada en el mes de marzo de 2021 en los domicilios del resto de personas físicas y jurídicas investigadas", entre otros en el de Domènech.

Así consta en el citado oficio policial en el que se analiza el presunto saqueo de las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña que la multinacional Alcoa vendió por un dólar en 2019 al fondo inversor suizo Parter Capital. Meses después, ya en 2020, esta compañía helvética obtuvo 13,1 millones tras vender el 75% de las acciones de las mismas dos plantas: el dinero lo abonó la firma Logiplus Worldwide SL, filial del Grupo Industrial Riesgo, cuyos propietarios son los presuntos cabecillas de la trama, Víctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal.

"Ventas aparentes"

Pese a la supuesta destrucción de las pruebas, los agentes sí encontraron otras fuentes de información, en concreto los correos electrónicos del informático Antonio Fernández Silva, que les han permitido conocer el 'modus operandi' de la organización criminal, que utilizaba presuntos testaferros que dirigían sobre el papel unas empresas que realizaban a las fábricas “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” para las factorías de hasta el 600%.

Estos fondos, ya en las cuentas que habían abierto los testaferros a nombre de las empresas controladas por la trama, se destinaron a la compra de criptomonedas. La propia Policía identifica a dos de los fiduciarios que utilizó la organización criminal: Luis Losada Gómez y Yessica Caterine Herrera Carrascal, administradores de la mercantil Gestión y Administración de Franquicias.

Las otras sociedades que habrían sido utilizadas para saquear las cuentas de las fábricas de aluminio, que tenían cerca de 600 trabajadores fueron, entre otras, Ackermann and Schwartz Attorney, Viña y Sentido y Logiplus Worldwide.