Caso Sancho
Prisiones en Tailandia: con grilletes, durmiendo sentados y trabajando sin cobrar
La sobreocupación penitenciaria del país aparece relatada año tras año en los informes de distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos
La cárcel Bang Kwang conocida como Bangkok Hilton.
Como si de un aviso a navegantes se tratara, en el mismo aeropuerto de Bangkok pueden encontrarse muchos de los libros que narran la experiencia en primera persona de extranjeros encarcelados en las prisiones de Tailandia que no son, precisamente, las prisiones europeas. No sin sorna, el principal centro penitenciario del país asiático, Bang Kwang, es conocido como 'Bangkok Hilton'. Aunque también tiene otro sobrenombre, 'El gran tigre', por la capacidad de "comerse vivos a los hombres".
Grilletes de cuatro kilogramos colocados a martillazos en los tobillos -lo narra el británico Colin Martin en 'Bienvenidos al infierno'-, presos hacinados en celdas, durmiendo sentados, con un simple un agujero en el suelo para hacer las necesidades -tal y como relata el australiano Warren Fellows en 'El daño hecho'- y sobornos a los carceleros para evitar que tu nombre sea el próximo en la lista para la inyección letal -reza Gary Graeme Jones en el blog 'He sido prisionero en el Bangkok Hilton'- son solo un ejemplo del archiconocido y temido sistema penitenciario tailandés.
El chef Daniel Sancho, hijo y nieto de famosos actores españoles, acusado de asesinar y descuartizar al un cirujano combiano Edwin Arrieta en el sur del país, ha ingresado en prisión preventiva a la espera de ser juzgado con la fortuna de haber logrado esquivar el 'Bangkok Hilton'. Está en el centro penitenciario Roh Samui, en el sur de la isla, alejado quizá de las monstruosidades relatadas sobre la prisión de la capital pero con unos estándares muy por debajo de lo que marca la ley internacional en materia de derechos de los reclusos.
PI Studio
Un 339% de ocupación
Al haberse convertido en un problema endémico, la sobreocupación penitenciaria en las prisiones de Tailandia, entre la decena de centros más duros del mundo, aparece relatada año tras año en los informes de distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos así como de organismos internacionales como Naciones Unidas. De acuerdo con los datos más recientes, aportados por Prison Insider, plataforma de información sobre las prisiones del mundo, un total de 311.000 reclusos se reparten en las 143 prisiones del país; datos que reflejan una tasa de ocupación del 339%. Lo que supone poco más de un metro cuadrado asignado a cada preso y los consecuentes escenarios de dormir sentados abrazados a sus rodillas o tumbados de costado junto a al espalda del otro. Deficiencias graves en higiene, alimentación -comen muy poco y muy mal- y asistencia sanitaria completan el cuadro. Muchos compran la comida en el supermercado del centro penitenciario a precios claramente abusivos.
El director adjunto de Human Right Watch en Asia, Phil Robertson, apunta una prisión tailandesa es el lugar "donde nadie querría encontrarse nunca". "Quienes tienen recursos pueden buscar, pagar y, por tanto, obtener un trato especial en prisión", dice en referencia a la corrupción campante: "Los guardias rara vez rinden cuentas de sus actos, por lo que el trato abusivo hacia los reclusos queda en gran medida impune". El alto cargo de HRW asegura que el acceso al exterior de los reclusos está bastante restringido, y las limitadas instalaciones y el calor tropical de Tailandia hacen que los reclusos sufran enormemente por el calor y la humedad. "Más vale que un extranjero detenido en Tailandia aprenda rápidamente tailandés, porque en las cárceles no se habla mucho inglés, y mucho menos español", culmina en referencia al caso del reciente caso del español Daniel Sancho.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), creada por el Gobierno francés y alemán, dibuja una reciente radiografía que refleja la creciente explotación laboral en las cárceles tailandesas. Los reclusos son obligados a hacer redes de pesca para empresas privadas por un dólar al día -si llegan a percibir algo-. Se dan casos en los que los presos ya no solo trabajan en la cárcel sino que son trasladados a naves industriales, según el informe de FIDH. Los beneficios, según la organización en base a los testimonios de afectados, repercutan en los vigilantes.
"¿Soy una reclusa o una esclava?"
Entre los testimonios de presos tailandeses recogidos por FIDH, una mujer recluida en la prisión femenina CHiang Mai plantea que se preguntaba con frecuencia: "¿Soy una reclusa o una esclava?". Se refiere a la obligatoriedad de trabajar bajo la amenaza de retrasar el cumplimiento de la condena si se negaba. Este y otros abusos, así como escenas de tortura a base de golpes, son denominador común en el sistema.
En referencia al sistema judicial de esta monarquía constitucionalista, contempla la cadena perpetua y la pena de muerte. La ONU así como la Unión Europea destacan el abuso en la imputación del delito de lesa majestad, castigado con importantes penas de prisión. Concretamente, el artículo 112 establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero del país asiático.
Paradójicamente, una de las vías que tiene el sistema para aligerar sustancialmente la presión de la población reclusa son los perdones reales que solamente puede otorgar el rey, Maha Vajiralongkorn. Los dos últimos indultos reales pusieron en la calle a un total de 60.000 reclusos.
"Tailandia es un país con un sistema de derecho civil, lo que significa el engranaje judicial funciona. Contar con un buen abogado y un equipo jurídico bien relacionado es crucial para salir adelante en el proceso. Pero también está claro que en los casos de alto perfil, sobre todo los que implican a extranjeros y en los que un tailandés no es la víctima, el sistema judicial puede ser bastante sencillo. Ha habido sentencias controvertidas en el pasado, pero todo va caso por caso, así que es difícil hacer un juicio general sobre el sistema judicial", explica el Phil Robertson, director adjunto de Human Rights Watch en Asia.
