Dina Boluarte pide mayores atribuciones ejecutivas y levanta en Perú una ola de críticas

"Un mensaje sin horizonte que solo aplauden sus aliados", dijo el diario limeño La República. "Le sobraron palabras y le faltó agenda", aseguró, por su parte, El Comercio. La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, no cosechó los aplausos anhelados al dar su primer discurso en ocasión del Día de la Independencia, el pasado viernes. Este sábado encabezó los desfiles militares de rigor en medio de fuertes críticas.

Boluarte, quien sustituyó al destituido Pedro Castillo en diciembre pasado, cuando comenzó una ola de protestas en su contra que provocó decenas de muertos, pidió perdón a los familiares de las víctimas, civiles y militares, y convocó a "un pacto de reconciliación" con su "mano tendida", gesto que, en el acto, encontró su propia refutación. La mandataria provisional también le pidió al desprestigiado Congreso mayor poder para endurecer su política de seguridad. Si bien invocó el problema creciente de la delincuencia, no faltaron los analistas que relacionaron esa solicitud con una orientación más represiva frente a las futuras movilizaciones en su contra. "Para afrontar el grave desafío de la delincuencia presento un proyecto de delegación de facultades legislativas al poder Ejecutivo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad”.

Sin respaldo en la población

La exvicepresidenta de Castillo no ha logrado que el Congreso convoque a elecciones anticipadas y expresó su voluntad de permanecer en el poder hasta 2026, cuando debería finalizar el mandato en maestro rural. Su ifigura es rechazada por más del 80% de los peruanos, solo superada en diez puntos por la de los legisladores. Tampoco tiene una estructura partidaria propia o un sostén en la legislatura. "Varias tormentas perfectas se ven en el horizonte", avizoró el influyente analista, César Hildrebrant, en su propio portal. Su pronóstico se basa en la determinación de "la impopular sucesora de Castillo" de atornillarse al Ejecutivo a toda costa.

De ahí que su alocución al país haya suscitado tantos reparos. "No se trata de una gestión que empieza y debe plantear su estrategia de desarrollo. Es un régimen de transición y temporal, que empezó en el 2021 y que resultó constitucionalmente a cargo hasta que se convocaran a nuevas elecciones. La negativa del Congreso y del propio Gobierno de adelantarlas nos ha puesto en esta crisis política aún no resuelta", señaló La República.

Boluarte pide perdón en nombre del Estado a los familiares de los muertos en las protestas de Perú

Diagnóstico equivocado

"Tras el golpe de Estado, la situación nacional derivó, rápidamente, en una grave convulsión social cuyo objeto, ahora sin duda alguna, fue derrocar al nuevo Gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura", dijo Boluarte. Las protestas de diciembre y enero, reactivadas con menor intensidad la semana pasada, buscan la disolución del Parlamento y comicios anticipados. También la dimisión de la autoridad ejecutiva. "Esos datos de la realidad no estuvieron presentes en el discurso y son básicos para entender qué plantea el Gobierno. Ella fue parte fundamental del anterior régimen, al que ahora atribuye todos los problemas que tiene que enfrentar. Los 49 muertos durante las protestas del inicio del año son resultado de una dictadura que no pudo establecerse y en contra de una democracia que ella representaba, en la narrativa de la mandataria" añadió La República.

Para El Comercio, el mensaje presidencial "será más recordado por su duración –se prolongó durante poco más de tres horas– que por su contenido". Fue la intervención más larga que se recuerde un 28 de julio, cuando un jefe de Estado rinde cuentas de su gestión anual. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo detectó una violencia con fuerte saña de las fuerzas policiales frente a los manifestantes sino una alta cuota de racismo. Boluarte aseguró que no quedarán impunes las acusaciones contra uniformados pero los organismos defensores de los derechos humanos no le creen, entre otras razones, porque las Fuerzas Armadas y la policía son sus principales apoyos. La principal evidencia de que proseguirá por la senda transitada la encontraron en el propio discurso del 28 de julio. Para la mandataria interina, la protesta nunca tuvo razón de ser. Se trataron de "ataques" contra la democracia que, a la vez, dejaron un saldo negativo en materia económica.