El Salvador, en estado de excepción por 76 asesinatos en dos días entre bandas criminales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó este sábado desde Twitter al Congreso que decrete un régimen de excepción en un momento en el que el país enfrenta una escalada de asesinatos desde el viernes atribuida a las pandillas.

"Solicito a la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) decretar hoy mismo REGIMEN DE EXCEPCION, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República", publicó el mandatario en Twitter. Horas más tarde, a través del mismo canal, Bukele confirmó la aprobación de la medida "con 67 votos a favor, prácticamente el 80% de los 84 diputados que componen la Asamblea Legislativa", incluyendo "cinco partidos políticos diferentes".

El Salvador registró el sábado el día más violento de su historia reciente con 62 asesinatos en medio de una escalada iniciada el viernes, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo.

La PNC oficializó este dato, que ya habían adelantado fuentes extraoficiales, cuando se esperaba el comienzo de una sesión plenaria extraordinaria en la Asamblea Legislativa para la votación de un régimen de excepción.

La escalada de asesinatos de este fin de semana llegó a 76 homicidios en dos días, con los 14 del viernes.

La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado es la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).

"No retrocederemos en esta #GuerraContraPandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos", publicó la PNC en Twitter.

Esta etiqueta de "guerra" ha sido adoptada por funcionarios del Gobierno, como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El líder del Congreso, Ernesto Castro, respondió a la solicitud de Bukele y convocó, también desde la misma red social, a una sesión "plenaria extraordinaria" a las 23.00 hora local (05.00 GMT).

"¡Estamos con usted! Cuente con ello", agregó Castro en otro mensaje.

La Carta Magna salvadoreña estipula la suspensión de garantías constitucionales en caso de "guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".

Las garantías que el Congreso puede suspender al invocar este artículo son la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.

También figuran la libertad de asociación, el derecho de todo detenido a ser informado de las razones de su arresto, la garantía de la asistencia de un defensor en los procesos judiciales y el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y consignación ante un juez.

Para la aprobación del estado de excepción son necesarios 63 votos de los 84 diputados, de los que el oficialismo posee al menos 64.

Antes de pedir el estado de excepción, Bukele dijo que la Policía y el Ejército "deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros".

Además, señaló que la Fiscalía General de la República "debe ser eficaz con los casos" y que también "estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes".

El presidente salvadoreño no aclaró si este mensaje es un respaldo al uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad.

Las autoridades no han dado detalles de las razones de esta alza, mientras que las cifras de la Policía permiten ver que el comportamiento de estos crímenes se ha mantenido arriba del promedio en varios días de marzo.

Con los homicidios registrados hasta el viernes, El Salvador alcanzó los 86 homicidios en marzo, según datos divulgados por la Policía, cifra superior a la registrada en enero y febrero, con 85 y 79 muertes violentas, respectivamente.

En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios que dejó más de 40 asesinatos en tres días, en ese contexto Bukele criticó los señalamientos de que su Gobierno tiene una "tregua" con las pandillas.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó en diciembre de 2021 a dos funcionarios del Gobierno de Bukele por supuestas "negociaciones secretas" con la MS13.

Según Estados Unidos, Osiris Luna, director de las prisiones, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social "dirigieron, facilitaron y organizaron" una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar "una tregua secreta" con los jefes de la MS13.