El PP enmienda los Presupuestos para destinar 5 millones a la prevención de la sumisión química

Cinco millones de euros para la prevención de la sumisión química y la atención de sus víctimas. Es la partida que ha pedido el PP a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Los populares quieren que el Estado destine esta cantidad a la puesta en marcha de un programa integral para el abordaje de esta problemática: desde la prevención de los casos a la recuperación de las víctimas, pasando por la formación de los profesionales que las atienden y tratan.

La sumisión química es "la administración de una sustancia que anula la voluntad de una persona con el objeto de la comisión de un delito, muy especialmente una agresión sexual", explica el PP en su enmienda.

Los populares indican que la "complejidad y especificidad" de este problema "hace necesario su abordaje integral, desde la perspectiva de la formación de los y las profesionales implicados, la prevención a la población en general y muy especialmente a las jóvenes, la elaboración de los protocolos y guías y su implantación en colaboración con las comunidades autónomas".

Para poner en marcha un programa completo de intervención y prevención piden que el Gobierno destine, a través de los Presupuestos Generales del Estado, 5 millones de euros. Se derivarían a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que esta, a su vez, los transfiriera a las comunidades autónomas.

El PP sugiere que esos 5 millones de euros se enmarquen en el programa Actuaciones para la prevención integral de la Violencia de Género, dotado ya por el Ejecutivo con una suma de 260 millones de euros para 2023, un 24 % más que en 2022. En esa partida se incluyen 7 millones de euros para programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y otros 40 millones de euros, esta vez en forma de transferencias corrientes a las comunidades autónomas, para el desarrollo de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, en vigor desde principios de octubre, y que introduce en el ordenamiento jurídico la sumisión química.

A juicio del grupo parlamentario popular "es necesario crear un protocolo común que guíe las intervenciones médicas y legales de todas las personas que intervienen una vez que se presente un posible caso".

"Hay que recordar que la situación de amnesia con la que acuden las víctimas al hospital hace especialmente importante la preservación de pruebas, algo que debe conjugarse con la atención sanitaria inmediata, con extracción de muestras bajo cadena de custodia, y la orientación a la víctima", justifican en la enmienda.

Según el Ministerio de Justicia, había rastro de sumisión química en el 33 % de las agresiones sexuales de los últimos cinco años. Los datos del Instituto Nacional de Toxicología revelan que una de cada tres violaciones se cometieron contra una víctima que estaba bajo sumisión química, es decir, bajo los efectos del alcohol, las drogas o fármacos sedantes o ansiolíticos que provocan un estado de inconsciencia o semiinconsciencia que genera confusión y dificulta el reconocimiento del hecho.

Ante la constatación de esta realidad, Justicia impulsó un protocolo de actuación médico-forense para ayudar en la recogida y custodia de las muestras y permitir su recogida incluso aunque la víctima no quiera interponer denuncia.

Además, desde principios de octubre de este año, la sumisión química figura en el Código Penal como una agravante en las agresiones sexuales. Este cambio, introducido por la ley del sólo sí es sí, permite castigar la agresión sexual con una pena superior cuando el autor utilice cualquier sustancia para anular la voluntad de la víctima.

El Ministerio de Igualdad cifra en 320 millones el presupuesto de 2023 para las políticas de prevención y lucha contra las violencias machistas, a los que se sumarán otros 30 millones procedentes de los fondos europeos. Quizá las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado permitan ampliar aún más esa partida.