Igualdad propone que todos los hospitales públicos tengan que practicar abortos

La reforma de la ley del aborto toma cuerpo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha desvelado este martes en el Congreso de los Diputados los aspectos claves del texto que ha elaborado su departamento y en el que garantizar la interrupción del embarazo en la sanidad pública de todas las provincias y a todas las mujeres será el pilar fundamental. Para hacerlo, Igualdad reproducirá el modelo de la ley de eutanasia para respetar la objeción de conciencia de los médicos.

"Mi propósito es blindar el acceso al derecho al aborto en centros públicos. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. (...) Esta ley garantizará que la mujer que lo decida pueda abortar sin tener que recorrer cientos de kilómetros o irse a un hospital privado", ha aseverado Montero ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Para garantizarlo, se recurrirá al modelo de regulación de la objeción de conciencia que desarrolló la ley de eutanasia: "Es un derecho constitucional que tiene que garantizarse, pero que no puede suponer una barrera o un impedimento en el ejercicio de los derechos de las mujeres", ha añadido Montero.

En esta comparecencia, la ministra ha hablado por primera vez de forma oficial de los términos de la reforma de la ley del aborto, que su equipo negocia en la actualidad con su socio de Gobierno y con la que pretenden solventar las disfunciones existentes en la aplicación de la ley del 2010, principalmente el difícil acceso a este derecho.

Igualdad y Sanidad ya han empezado a negociar el proyecto, sobre el que había de partida ciertas diferencias, pero fuentes del departamento de Montero indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que existe una buena predisposición de ambos ministerios para llegar a acuerdos.

Unidas Podemos y el PSOE se comprometieron en el acuerdo de Gobierno a modificar la ley del aborto para eliminar el requisito de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar, un cambio introducido por el PP en 2015. Sin embargo, Igualdad ha querido aprovechar ese cambio para hacer una reforma más profunda.

Obstáculos en el acceso al aborto

La titular de Igualdad ha criticado que en 2020 hubo doce provincias en las que no se notificó ni una sola interrupción del embarazo en los últimos cinco años: Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Las mujeres en el 2022 no tienen que desplazarse hasta Londres como en los 70, pero sí que irse a otro territorio, lejos de su casa, lejos de sus amistades, lejos de sus familias, para poder ejercer su derecho a decidir", ha lamentado Montero.

La ministra ha avanzado que la reforma acabará con el periodo de reflexión de tres días, con la obligación de entregar a las mujeres que vayan a abortar un sobre y con el requisito de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo.

"Aún hoy en nuestro país muchas mujeres que deciden abortar reciben como respuesta un trato que las infantiliza y cuestiona sus decisiones. (...) Muchas mujeres deben desplazarse cien o doscientos kilómetros para poder llegar a un centro en el que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo porque no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo y después de ese camino, esas mujeres reciben un sobre en el que se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres, a pesar de que hayan tomado ya la decisión de interrumpir su embarazo. Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas en el momento en el que las toman, ha enfatizado.

Las mujeres podrán decidir el método de interrupción del embarazo y una vez acudan a su centro de salud para solicitarlo, será derivada inmediatamente a un centro hospitalario por un procedimiento de urgencia. La norma contempla una línea telefónica especializada a la que pueden recurrir las mujeres para recibir información y conocer los derechos que le asisten.

El borrador elaborado por Igualdad también pretende combatir la violencia obstétrica, proteger la salud menstrual de las mujeres (asegurando que todas puedan acceder a productos de higiene íntima), promoverá la educación sexual en todos los niveles educativos y pondrá en marcha un permiso preparto para mujeres embarazadas.

Castigará los abortos forzosos y las esterilizaciones forzadas y abordará el duelo gestacional.

Montero ha incidido en que la futura ley garantizará el derecho al aborto a "todas las mujeres": "El acceso a estos derechos no puede depender del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o el pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tiene o no algún tipo de discapacidad o de si tiene o no papeles. Deben existir servicios públicos e instituciones que garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos y para todas las mujeres".

"Una mayoría más amplia que la del bloque de investidura"

Este miércoles, desde el grupo parlamentario socialista se ha reconocido que la norma del 2010 muestra debilidades y "es susceptible de mejora", en palabras de la diputada Laura Berja, quien al mismo tiempo ha pedido a Montero "salvaguardar los acuerdos para no ponerla en riesgo".

Una advertencia que también le ha hecho el PNV, al recordarle que la consecución del acuerdo para la ley de 2010 fue complicada: "Guardemos esos consensos, cuidémoslos", ha solicitado el diputado Joseba Andoni Agirretxea, que considera que los problemas en el acceso al aborto no tienen tanto que ver con la ley, sino con una aplicación "mala o perversa" por parte de las administraciones que deben garantizar este derecho.

La ministra ha contestado que la mejor forma de preservar los consensos alcanzados en 2010 es revisar los elementos que impiden el acceso efectivo a los derechos que incluye esa ley y se ha mostrado confiada de que para ello serán "capaces de articular una mayoría incluso más amplia que la del bloque de investidura".

Críticas a la derecha

Durante su intervención, la titular de Igualdad ha criticado duramente a la derecha por cuestionar "de forma permanente y agresiva los avances de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" al entender, ha dicho, que es un indicador de libertad y autonomía.

"El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo debe ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos debe responder, a qué manera de vivir la maternidad debe adecuarse o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad. El control del cuerpo de las mujeres, y en concreto de nuestra capacidad reproductiva, es una de las mayores armas del machismo contra nuestra libertad", ha aseverado.

"La derecha, en su oposición a la garantía del derecho al aborto y en la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como uno de los pilares de su propuesta política, demuestra no sólo su machismo, su voluntad de que las mujeres no seamos libres e iguales, sino sobre todo la profunda ineficacia de sus propuestas políticas", ha continuado.

Montero ha asegurado que los intentos por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reduce el número de interrupciones, sólo crean inseguridad, pobreza, sufrimiento y riesgo para la vida de las mujeres, mientras que el acceso a anticonceptivos modernos, la educación sexual, la despenalización del aborto y su incorporación a los servicios públicos de salud inciden en su disminución.

A juicio de la ministra, es "un enorme riesgo para la democracia que el PP pide volver a la ley del aborto del 85 y declaraciones que califican la interrupción del embarazo como un fracaso, como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues promueven "la estigmatización, el juicio y la discriminación de las mujeres en el ejercicio de un derecho fundamental para poder decidir sobre sus cuerpos y sus vidas".