El caos en el Gobierno reabre el conflicto en pensiones y enquista la reforma laboral

Queda muy poco tiempo para que el Gobierno tenga que tener listas dos importantes reformas, pensiones y mercado de trabajo, y los desajustes internos en el seno del Ejecutivo amenazan con hacer descarrilar ambos procesos. En el caso de las pensiones, la polémica exigencia de Bruselas de ampliar el periodo de cálculo con el que se fija la cuantía las pensiones han reabierto las tensiones políticas que, sobre este asunto, sacudieron hace algo menos de un año al Gobierno de coalición: en las últimas horas altos cargos de Unidas Podemos, como la ministra Ione Belarra o el Secretario de Estado Nacho Álvarez, han avisado de que no aceptarán un aumento como el que se planteó la última vez. Pero el problema de fondo está en las mesas de diálogo social, con patronales y sindicatos, donde hay que trabar los deseados acuerdos, que se alejan tras los últimos pasos en falso del Ejecutivo, según fuentes de la negociación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En pensiones, el desenlace es inminente: el plazo para alcanzar un pacto tiene como límite, en principio, este mismo lunes, en el que hay agendada ya una reunión. La intención del Gobierno -apuntan estas fuentes- es cerrar la negociación ese día, haya acuerdo o no, aunque en principio sería posible darse unos días extra de margen; y precisamente la falta de tiempo, sumada ahora a la pugna política, son los factores que juegan en contra del consenso.

Lo que se está debatiendo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una pieza clave del sistema para garantizar la sostenibilidad de las pensiones pero que el Gobierno ha presentado a menos de dos semanas de que concluyera el plazo. Su diseño (una subida temporal de cotizaciones a trabajadores y empresas para acumular recursos con los que ayudar a pagar las jubilaciones de la generación del 'baby boom') gusta a los sindicatos, pero a las patronales no: "las organizaciones de CEOE no van a aceptar algo que se cargue sólo sobre las cuotas", afirman tajantemente desde el diálogo social. Además, aunque lo que se trata en la mesa no tiene nada que ver con el periodo de cómputo, la polémica política contamina la negociación: "este sainete entre unos miembros del Gobierno y otros no ayuda en nada", aseguran.

Nueva reunión semanal

El panorama es por tanto oscuro en pensiones, pero las cosas no van mejor en materia de reforma laboral, porque la crisis de Gobierno entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz por el control de la negociación y de sus contenidos ha generado un sistema de diálogo recargado y poco práctico, que acaba de forzar a todos los interlocutores a habilitar un día más a la semana para agilizar los trabajos, según ha sabido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: a la reunión de los miércoles, se le añadirá a partir de ahora otra los viernes. El efecto de sumar a la mesa de sindicatos, empresarios y Trabajo, que llevaba funcionando a buen ritmo en los últimos meses, a dos interlocutores más del Gobierno (Economía e Inclusión) dificulta mucho la negociación, según uno de los negociadores: "no se toma ninguna decisión; cuando se plantea una propuesta, los tres del Gobierno se miran entre sí y dicen 'tenemos que hablarlo'. Antes, se iban amarrando las cosas sobre la marcha, y ahora hay que esperar a que ellos estudien los temas en sus reuniones internas para avanzar", se queja.

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A las trabas del nuevo procedimiento se le añade el efecto disruptivo que ha tenido entre los agentes sociales la propuesta sobre ertes presentada por el Gobierno en la mesa del pasado miércoles, muy distinta a la que se estaba tratando hasta ahora: un complejo mecanismo explicado a lo largo de 27 folios, que remplaza a las dos hojas y media de la fórmula anterior. De nuevo, la tricefalia del Ejecutivo estorba a sindicatos y empresarios: "teníamos muchas dudas sobre su documento, pero cuando las planteábamos nadie nos respondía de forma concluyente. Algunas cosas se interpretaban de una manera por los sindicatos y de otra muy distinta por los empresarios, y no sabían sacarnos de la duda", asegura un interlocutor. "Con la que les cayó por presentar esa propuesta tan distinta, no creo que se atrevan a volver a traerla", dice otro de los negociadores, y un tercero remata: "la idea es descabellada, no complace ni a sindicatos ni a empresas y es una mezcla rara entre ERTE y ERE". En el Gobierno admiten que la propuesta tendrá que modificarse antes de volver a la mesa, y por eso, en principio, en la próxima reunión los erte quedarán aparcados para tratar otro de los grandes capítulos abiertos en la negociación: la temporalidad y la formación.

Y son la combinación de esos tres factores (la importancia de los temas que están todavía pendientes, la falta de tiempo -queda poco más de un mes para final de año, que es cuando Bruselas exige la reforma- y las autointerferencias del Gobierno) los que hacen aumentar el pesimismo entre los negociadores, que hace apenas unos días eran moderadamente optimistas respecto a un acuerdo. El ambiente ahora es muy diferente: "Si nos pasamos tres días discutiendo sobre una coma, imagínate el tiempo que necesitamos para debatir páginas y páginas de una propuesta de erte presentada por sorpresa", lamenta uno de ellos; "desde hace unas semanas las reuniones son cada vez más duras, cada vez queda menos tiempo y se introducen nuevos elementos en una negociación muy compleja, en la que cada retoque altera otro elemento distinto", asegura otro. Y aunque han pedido más tiempo para la negociación y que se pospongan algunos temas complejos, aseguran que se encuentran con la negativa del Ejecutivo: "A Europa le da igual si tenemos el acuerdo antes de navidad o el 15 de febrero, porque en Bruselas prefieren las reformas pactadas; es aquí donde está el problema, en que el Gobierno no quiere esperar porque no quiere que se posponga la llegada de los fondos europeos. Quieren seguir siendo los primeros, como lo han sido en firmar el Operational Agreement", asevera uno de los negociadores consultados. En el Gobierno admiten la presión de “cumplir los plazos”, pero aseguran que la situación que se está dando lo que evidencia es la “complejidad” de una negociación con “propuestas y contrapropuestas” que está abordando “problemas muy difíciles a los que se les quiere dar solución desde hace años”.