Bruselas ve deseable el acuerdo en reforma laboral, pero no suficiente

La reforma laboral, que llevaba siete meses de negociación discreta, se ha situado en el centro de la política española en las últimas dos semanas con tres disputas sucesivas: primero, la del control de la negociación en el seno del Gobierno; después, la de la definición de los contenidos, y ahora llega la del acuerdo ¿Es necesario un pacto con los agentes sociales para que la Comisión Europea dé el visto bueno a la iniciativa?

Los bandos, los de siempre: sindicatos y Trabajo, que quieren ir más lejos en los cambios respecto a la normativa de la era Rajoy, temen que la insistencia en el consenso y el fantasma de Bruselas sirvan para que los partidarios de cambios moderados (la patronal y Economía) suavicen la medida. El debate es crucial, porque si Europa no da luz verde, se paraliza la llegada de fondos europeos: los próximos 10.000 millones de euros están pendientes precisamente de que se constaten los avances en las reformas e inversiones prometidas.

Lo cierto es que Bruselas prefiere acuerdo, pero ha dejado muy claro que lo más importante, por encima del pacto, es que lo que el Gobierno presente cumpla con el plan de reformas comprometido por el Ejecutivo. En su reciente visita a España, el mes pasado, la jefa de la unidad que supervisa los fondos europeos, Céline Gauer, se lo trasladó así a todos los interlocutores (empresariales, sindicales, gubernamentales y parlamentarios) con los que se vio en los dos días que pasó en Madrid. “Nos han dejado claro que un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos en pensiones o en mercado laboral no va a ser suficiente: ese pacto tendrá que cumplir los compromisos adquiridos, y si no es así no darán el visto bueno”, asegura uno de los participantes en esas conversaciones.

Europa exige cumplimiento

En público, eso sí, las autoridades europeas instan al acuerdo: el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinás, aseguraba en un mensaje grabado para el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, este jueves, que "no hay mejor manera de asegurar el éxito del plan [de recuperación] que una amplia apropiación del mismo por parte de los interlocutores sociales"; y el pasado 25 de octubre, en Madrid, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, decía de la negociación con sindicatos y patronales que "nosotros apoyamos con firmeza este método". La razón, según ambos: el pacto social da fortaleza a la decisión y hace que las medidas sean más duraderas. Sin embargo, los dos dirigentes europeos también subrayaban en sus intervenciones que la decisión final está en Bruselas, y que depende de que lo aprobado se corresponda con lo prometido: "evaluaremos las propuestas cuando las recibamos", según Gentiloni; es decir, que haya acuerdo es conveniente, pero no es suficiente ni necesario.

Los compromisos con Europa están recogidos en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y son bastante abiertos: incluyen la "generalización del contrato indefinido", la "modernización de la negociación colectiva" o el "establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna" (es decir, convertir a los ERTE en una fórmula estructural del mercado de trabajo). Se supone que esos objetivos un tanto vagos se concretarán más en el llamado Operational Agreement, un acuerdo Gobierno-Bruselas en el que se perfilarán las condiciones para obtener la próxima entrega de fondos europeos, correspondiente a finales de 2021; ese documento está listo para la firma, según fuentes gubernamentales, y aunque su contenido no se conoce sí que avanzan estas mismas fuentes que el nivel de concreción no será excesivo: "el que espere mucho detalle, se va a decepcionar", avisan.

Todos por el acuerdo

A la batalla por el acuerdo no le falta cierta ironía, porque es quizá el foco político que se ha puesto en los últimos días sobre la reforma laboral lo que más puede contribuir a que descarrile un posible pacto. Tanto los negociadores empresariales como los sindicales han expresado su malestar con el Gobierno en la última reunión de la mesa de diálogo, el pasado miércoles, por someter a estas conversaciones -hasta ahora discretas- a la pugna intergubernamental y a la exposición mediática: "Nos han puesto en el escaparate, y eso impide los avances", se queja uno de los negociadores.

Todos los que se sientan en la mesa de diálogo coinciden en que las conversaciones sólo funcionan bien cuando pueden hablar con la confianza de que las propuestas y las contrapropuestas no se van a filtrar y a comentar públicamente después de cada reunión; si no, las posiciones se endurecen, porque "nadie quiere quedar ante los suyos como el que cede", explica otro de los asistentes a las reuniones.

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Y es que hasta ahora las tres partes -Gobierno, sindicatos y empresarios- eran moderadamente optimistas, en privado, sobre la posibilidad de acuerdo, a pesar de las diferencias de posiciones: la importancia de facilitar la llegada de los fondos europeos y el hecho de que nadie de ser visto como el bando que impide un pacto importante juegan a favor del entendimiento, aunque en las declaraciones públicas los votos por un pacto se combinen con los reproches y las críticas.

En las últimas jornadas, todos los sectores han vuelto a subrayar que el objetivo es el pacto: la vicepresidenta Calviño ("nuestro Gobierno está absolutamente comprometido en lograr el mejor acuerdo"), la vicepresidenta Díaz ("confío en que vamos a llegar a un acuerdo"), el Secretario General de CCOO, Unai Sordo ("el acuerdo es posible, aunque va a ser difícil") y también el líder de la patronal, Antonio Garamendi ("vamos a trabajar por un acuerdo"), a pesar de que siga criticando con dureza la posición negociadora del Ejecutivo, por poner sobre la mesa "cosas que Europa no está pidiendo".