Más años para calcular la pensión: una medida polémica que exige Bruselas y que negó Sánchez

Bruselas no deja margen a la duda: si el Gobierno español quiere recibir los 70.000 millones de subvenciones europeas previstas para la recuperación tras la crisis del covid, tendrá que aumentar el número de años de la vida laboral que se utilizan para calcular la cuantía de nuestras pensiones. La exigencia figura en las Disposiciones Operativas, un documento más conocido por su nombre en inglés, Operational Agreement, y que detalla cómo tiene que cumplir España con las reformas a las que se ha comprometido con la Comisión Europea para conseguir, a cambio, el dinero. De todas las medidas incluidas en este extenso texto -343 páginas- ésta es la que más fondo político tiene, porque reabre un debate que generó, hace un año, una polémica acerba en el seno del Gobierno, que se resolvió con una ambigüedad que ahora se disipa.

El periodo de la carrera profesional que sirve para calcular la cuantía de la pensión -el periodo de cómputo, para acortar- pasó de debate técnico a cuestión política candente el pasado diciembre. El desencadenante fue una supuesta propuesta del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para aumentarlo de 25 a 35 años: el entonces vicepresidente Pablo Iglesias acusó a su compañero de gabinete de plantear un recorte de pensiones, y a partir de ahí se sucedieron semanas de recriminaciones cruzadas que sólo terminaron en enero, cuando el Gobierno hizo pública su propuesta de reforma de las pensiones remitida a Bruselas: en ella no aparecía la cifra de los 35 años. Iglesias se dio por vencedor, Escrivá le acusó (sin mencionarle) de promover una “narrativa de la confrontación” y el propio Pedro Sánchez zanjó el debate: preguntado en un foro sobre Fondos Europeos si el Gobierno estaba planteándose aumentar el periodo de cómputo, aseguró: “Hoy mismo el ministro [Escrivá] ha vuelto a desmentir esta cuestión”.

La pugna fue opaca porque la presunta subida que nunca se materializó, de 25 a 35 años, sí figuraba en un borrador analizado en las reuniones internas del Gobierno, que además estimaba que su efecto sería una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque Escrivá siempre se negó a reivindicar ese texto con el argumento de que eran “cuestiones que se estaban trabajando a nivel técnico, dentro del ministerio”. Suscitar el fantasma de los recortes en plena negociación de pensiones con los agentes sociales y con pelea abierta dentro del propio Gobierno era demasiado para el Ejecutivo, que finalmente envió a Bruselas un texto sin números pero favorable al aumento del periodo de cómputo. En él se dice que "con carácter general" esta medida "aumenta el carácter contributivo del sistema" y que "pretende reforzar la progresividad [...] haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador". Eso sí, en ningún sitio se lee un compromiso inequívoco con la subida: se habla, sencillamente, de "adecuación" del periodo de cómputo.

Bruselas lo exige

La ambigüedad en el Plan del Gobierno contrasta con la exigencia de Bruselas de que esa "adecuación" se exprese subiendo el plazo: en las Disposiciones Operativas se demanda “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. El texto, firmado por la ministra de Hacienda y el comisario europeo de Economía en los últimos días pero que se ha dado a conocer este miércoles, explicita además los plazos en los que tiene que estar lista esta reforma: el anteproyecto de ley tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio del año que viene, y la norma ha de estar en marcha antes del final de 2022.

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Si finalmente se sube el periodo de cómputo, se tratará del cuarto aumento de este indicador desde mediados de los 80: en 1985 pasó de dos a ocho años, en 1997 se situó en 15 años y en la reforma de pensiones de 2011 se decidió su subida gradual hasta los 25 años, un proceso que se completará precisamente el año que viene (en 2021 los trabajadores que se jubilan calculan su pensión con los últimos 24 años de su vida laboral). Añadir años es una decisión con ganadores y perdedores: en principio, perjudica a las personas con carreras tradicionales, ascendentes en el tiempo (porque rebajan los mejores momentos de sus vidas laborales, los del final, con los periodos más tempranos, de sueldos más bajos), mientras que beneficia a las personas con carreras más irregulares o que sufren un despido cuando son más mayores (porque al meter más años en el cálculo se atenúan las bajadas de ingresos que supone estar desempleado).

Precisamente uno de los argumentos que Inclusión siempre ha manejado a favor del aumento del periodo de cómputo es que la creciente precariedad ha hecho que las carreras sean "cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", como se lee en el Plan remitido a Bruselas el pasado mes de abril. Un eventual aumento del plazo de cálculo podría complementarse "con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización".