El Gobierno plantea subir las cotizaciones para mantener la sostenibilidad del sistema sin tocar las pensiones

El ministerio de Inclusión ha puesto por fin sobre la mesa de los agentes sociales su esperada propuesta para mantener la sostenibilidad del sistema durante las próximas dos décadas, cuando se jubilará la numerosa generación del “baby boom” y sus pensiones se pagarán con los sueldos, más bajos, de sus hijos y sus nietos, cohortes además más exiguas. Y lo que plantea el ministerio de José Luis Escrivá es subir ya las cotizaciones sociales (las aportaciones a la Seguridad Social que hacen empresas y trabajadores) para evitar ajustes en el futuro: es decir, no tener que jubilarse más tarde o cobrar menos pensión, posibilidad que el propio ministro deslizó en un programa de televisión el pasado verano, y que enseguida retiró por la presión desde dentro del propio Gobierno.

Lo que Inclusión ha propuesto a sindicatos y patronales en la reunión sobre pensiones de este martes es aumentar, a partir de 2023 y hasta 2032, lo que trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social. La subida sería de un 0,5%, de forma que si ahora las cotizaciones por un empleado suponen el 28,3% de su salario (el 23,6% pagado por el empresario y el 4,7% por el propio trabajador), de salir adelante el proyecto de Seguridad Social durante los próximos 10 años se pagaría un 28,8%. Según fuentes del diálogo social, el Gobierno no ha matizado cómo se repartiría el 0,5% de subida entre las dos partes; sí que habría indicado que supondría unos 10 euros mensuales para los salarios medios, y unos 5 euros al mes para los bajos.

Dinero en la hucha de las pensiones

La recaudación extra obtenida con la subida se acumularía en el Fondo de Reserva, la "hucha de las pensiones", que ahora cuenta con algo más de 2.000 millones de euros. Según lo expuesto por Seguridad Social, el 0,5% de recaudación extra durante 10 años permitiría acumular otros 20.000 millones más, y todo ese dinero generaría además intereses (normalmente, el Fondo de Reserva se invierte en deuda española). Con todos esos recursos, se podrá disponer de colchón financiero justo en el momento en el que las jubilaciones de los "boomers" ganarían en intensidad.

La propuesta de Inclusión tiene una pata adicional para determinar si, además de la subida de cotizaciones, son necesarios ajustes adicionales; para ello, propone comprobar periódicamente si el gasto en pensiones se está descontrolando sobre las previsiones originales. En 2032 se contrastará la previsión de gasto para 2050 con las proyecciones, con el mismo horizonte de mediados de siglo, hechas en 2024. Si las previsiones se mantienen, no habrá que adoptar ninguna nueva iniciativa; pero si hay una desviación (si en 2032 se prevé un gasto mayor para 2050 que en 2024), habrá que poner en marcha nuevas medidas.

Ajustes sobre el gasto

La primera: usar ese dinero acumulado en el Fondo de Reserva durante diez años, a una ritmo máximo de un 0,2% del PIB anual (cerca de 2.500 millones de euros cada año). Si con eso no basta, o el Fondo se agota, se tomarán más iniciativas, primero sobre el gasto en pensiones (con un límite máximo del 0,4% del PIB) y si no son suficientes, sobre los ingresos (con otro máximo del 0,4%). Inclusión no define estas medidas -sólo dice que se negociarán con los interlocutores sociales y se elevarán al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que estudia los temas de pensiones- pero las medidas sobre el gasto pueden suponer reducciones en las pensiones o retrasos en la edad de jubilación, y las que se aplican sobre ingresos aumentos en las cotizaciones sociales y el uso de recursos presupuestarios para apuntalar las cuentas de la Seguridad Social.

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Con esta propuesta, Inclusión da el primer paso para cumplir con un compromiso adquirido durante la primera fase de la negociación de la reforma de las pensiones: tener antes del 15 de noviembre una medida para sustituir al Factor de Sostenibilidad, el mecanismo automático previsto en la reforma de pensiones del Gobierno Rajoy de 2013 por el que las nuevas pensiones se reducirían en función del aumento de la esperanza de vida. El Factor nunca se puso en marcha (el propio gobierno popular retrasó su arranque, previsto para 2019, a 2023) pero sigue en la ley. El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a buscar otra fórmula para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones antes de derogarlo; incluso se llegó a poner un nombre a esta alternativa antes de estar bosquejada: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El borrador de MEI presentado este martes por Inclusión ha sido acogido con prevención por los agentes sociales, según fuentes de la negociación: la patronal siempre rechaza el aumento de las cotizaciones sociales, argumentando que en España están entre las más altas de Europa; los sindicatos, en cambio, temen que el planteamiento de Escrivá no consiga allegar los recursos suficientes para hacer frente a las tensiones que va a sufrir el sistema de pensiones en las próximas décadas. La negociación continuará la semana que viene: la próxima reunión está prevista para el lunes.