La investigación judicial a Rubiales libra al Gobierno de decidir sobre sanciones administrativas

Como no hay mal que por bien no venga, la investigación judicial abierta el lunes contra él libera al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de otro de los frentes que tenía abiertos. Al menos por el momento, dado que la posibilidad de que se iniciara un proceso administrativo en su contra, que podría acabar incluso en su inhabilitación, queda paralizado hasta que se resuelva el caso que ya se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda. Está siendo investigado en un juzgado, sí, pero al menos de momento no podrá ser inhabilitado.

Tal y como adelantó en primicia EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la jueza Delia Rodrigo dictó un auto el pasado lunes en el que admitió a trámite la querella interpuesta por el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, contra Rubiales y contra el futbolista del Barça y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, el pasado 30 de mayo. Argumenta la jueza en su escrito que los hechos denunciados por el querellante "revisten los caracteres de un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios".

Ahora, a falta de que el presidente de la RFEF y el futbolista puedan presentar sendos recursos, se abre un periodo de incoación de diligencias previas. Paso que queda a expensas, como solicitó la propia jueza, de que la Fiscalía Anticorrupción, que ya estaba investigando el caso, se pronuncie sobre la competencia del juzgado. En caso de que lo estime competente, Anticorrupción deberá apartarse del caso, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

AFE y el Dux

En paralelo al proceso judicial, Rubiales estaba pendiente de la decisión del Consejo Superior de Deportes sobre los dos escritos en su contra presentados por el sindicato AFE (cuyo presidente, David Aganzo, fue presuntamente espiado) y por el club Dux Internacional de Madrid. En dichas denuncias, las dos instituciones solicitaban al Gobierno la suspensión cautelar de Rubiales como presidente de la RFEF. También la elevación de la causa al Tribunal Administrativo del Deporte, para que estudiara posibles infracciones contra la Ley del Deporte, que podrían desembocar, en el más extremo y poco probable de los casos, en la inhabilitación del dirigente.

Días después de recibir estas dos denuncias, el 19 de mayo, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, reconoció que las estaban estudiando y que "si después de estudiarlo llegamos a la conclusión de que es necesario elevarlo al TAD, así lo haremos", contemplando incluso la posibilidad de una futura inhabilitación: "Tendría que decidir el TAD".

Desde entonces, casi mes y medio, el Gobierno se había intentado situar en un discreto segundo plano, aunque con gestos significativos como la decisión de Franco de no acudir en calidad de invitado a la asamblea ordinaria que celebró la RFEF el 30 de mayo y en la que sí estuvo presente el presidente del COE, Alejandro Blanco, el gran valedor que conserva Rubiales en el mundo de la política deportiva.

El 17 de mayo, en una entrevista en la Cadena Ser, Franco mantenía el discurso de que el CSD continuaba analizando las dos denuncias, amparándose en que "he pedido explicaciones a Rubiales en dos ocasiones y no hemos tenido tiempo de analizarlas", ya que la segunda de las respuestas procedentes de la RFEF había llegado al CSD ese mismo día, según explicó. También remarcó el secretario de Estado su hartazgo por las guerras que mantienen las dos máximas figuras institucional del fútbol español, Rubiales y Tebas. Hartazgo que no deja de crecer y crecer en las últimas semanas, dicho sea de paso.

Apenas diez días después, y tras varias quejas de AFE por la falta de recorrido de su denuncia, el Gobierno da carpetazo al asunto, al menos de manera momentánea. Y no porque quiera, sino porque así se lo marca la Ley. Y también, de rebote, le viene muy bien, para qué negarlo.

Lo que dice la Ley

La jurisprudencia española, fijada por una sentencia del Tribunal Constitucional (STC 2/2003) determina "la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad Judicial no se haya pronunciado sobre ellos".

En el caso que nos ocupa, esto significa que el CSD debe paralizar cualquier decisión de carácter administrativo (elevar una denuncia al TAD lo es) relativa a los presuntos incumplimientos de la Ley del Deporte por parte de Rubiales. Esto es así porque estos mismos hechos ya están bajo investigación por parte de la Justicia ordinaria. Lo que en lenguaje jurídico se conoce como la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal.

El Gobierno se libera así de tener que tomar una decisión comprometida, aunque no para siempre, dado que un hipotético sobreseimiento judicial del caso daría de nuevo camino libre a la vía administrativa. También una sentencia, pero para eso habría que esperar todavía muchos meses, dado que la investigación acaba de comenzar.

Aire para el CSD

Lo que es evidente es que el CSD gana tiempo ante un escenario que le ponía en una posición complicada. Obviar las denuncias le habría posicionado del lado de Rubiales ante la opinión pública y no hay que olvidar que dos de las grabaciones publicadas por 'El Confidencial' tienen como protagonistas al exministro de Cultura y Deporte José Guirao y a la ex secretaria de Estado para el Deporte Irene Lozano, ambos del PSOE.

Elevar las sanciones al TAD, por el contrario, habría supuesto la apertura frontal de una guerra contra Rubiales, en un momento en el que el fútbol español está uniendo fuerzas con Portugal para organizar el Mundial masculino de fútbol del año 2030. Y no es este un asunto baladí, puesto que FIFA y UEFA suelen castigar con severidad lo que consideran injerencias gubernamentales en las federaciones nacionales.

Ya en 2017, cuando se produjo la inhabilitación por parte del TAD de Ángel María Villar (recientemente ratificada por el Tribunal Supremo), FIFA advirtió a España sobre la posibilidad de quedar excluida del Mundial de Rusia. Y ya en 2010 se resaltó como un factor decisivo las investigaciones al entonces presidente de la RFEF para que la candidatura Ibérica para albergar el Mundial de 2018 terminara en fracaso. Por todo ello, el Gobierno respira.