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LEY AUDIOVISUAL

La cuota del 6% en lenguas cooficiales no afectará a Netflix o HBO

  • El Gobierno precisa, tras obtener el sí de ERC a los Presupuestos, que la directiva europea impide que las plataformas internacionales apliquen la legislación nacional

  • El porcentaje sí lo deberán asumir las operadoras con sede en España. Las internacionales, en cambio, sí tendrán que contribuir a la financiación de RTVE

Imagen promocional de la serie ’Merlí’.

Imagen promocional de la serie ’Merlí’. / BOOMERANG TV

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Juanma Romero

El catálogo de Netflix, HBO Max o Amazon Prime no tiene por qué cambiar una vez que se apruebe la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) que el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. Las plataformas internacionales no están afectadas por la cuota del 6% de producción en lenguas cooficiales que el Ejecutivo pactó con ERC hace una semana a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Quienes sí tendrán la obligación de crear obras en catalán, gallego o euskera serán los operadores nacionales, como Movistar+, Filmin, FlixOlé, MiTele —la plataforma de Mediaset, dueña de Telecinco y Cuatro— o Atresplayer (prestadora en 'streaming' de Atresmedia, propietaria de Antena 3 y La Sexta).

El Gobierno aclaró este martes los extremos del proyecto de ley audiovisual que ya se envía al Congreso para su tramitación, y lo hizo en un punto clave, en el que ERC puso el acento en los últimos meses, en la protección de las lenguas cooficiales. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no lo detalló en su exposición inicial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y sorteó la pregunta directa de la prensa, pero después fuentes de su entorno precisaron con nitidez el contorno de la norma y rechazaron que pueda obligar a multinacionales como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. No es posible, justificaron, porque así lo impone la Unión Europea, y ese punto no puede ser objeto de modificación vía enmienda a su paso por el Congreso o el Senado.

El proyecto de ley que presentó este martes el Ejecutivo emana de la obligación de trasponer la directiva de servicios de comunicación audiovisual. De hecho, España va tarde, ya que tenía que haber integrado la norma europea antes del 19 de septiembre de 2020, y Bruselas ya dio un toque de atención a los Estados miembros que no habían hecho sus deberes. El Gobierno quería además modernizar la regulación del sector y aprovechar el trampolín de los fondos europeos para hacer de España un hub audiovisual, el más importante nodo de producción en el continente, el "Hollywood de Europa", como lo definió Pedro Sánchez en su gira a Estados Unidos del pasado julio, cuando se entrevistó con las multinacionales en Los Ángeles para intentar atraer inversiones.

La directiva comunitaria recoge el principio de país de origen. Esto es, que a las plataformas les afecta la legislación del Estado en el que tengan radicada su sede. Por tanto, la cuota del 6% de producción en lenguas cooficiales que el Gobierno de coalición pactó con ERC "solo obligará a los prestadores de servicios audiovisuales radicados en España". Los términos del proyecto, insistieron fuentes del entorno de Calviño, están "acordados con ERC". Es decir, que los republicanos son plenamente conscientes del alcance de la ley, y de que por tanto Netflix o HBO no tendrán por qué cambiar su catálogo.

Este martes, el portavoz de la formación independentista en el Congreso, Gabriel Rufián, admitió que conocía el texto que el Consejo de Ministros remitiría a la Cámara, aunque aseguró que su pacto con el Gobierno es "un acuerdo de mínimos" y que el texto ha de mejorarse durante su tramitación. Una de las cuestiones por pulir, dijo, es lo relativo a las multinacionales. "Haremos todo lo posible para mejorarlo, tenemos herramientas para hacerlo e intentaremos que así sea", señaló. El Ejecutivo se abre a modificaciones, pero advierte que este punto, el de la cuota de protección a las lenguas cooficiales, no puede cambiarse para que afecte a las operadoras internacionales porque España está sujeta a lo que impone la directiva europea.

Esta arista del proyecto de ley, muy relevante, no emergió hasta finales de la semana pasada, cuando el acuerdo con ERC estaba cerrado y los Presupuestos, de hecho, ya habían sido aprobados por el Congreso y remitidos al Senado. Ni los republicanos habían levantado la mano, ni el Ejecutivo lo había precisado. Calviño, cuando fue preguntada este martes, tampoco entró en honduras. Recordó que el texto es fruto de un "largo proceso" de preparación: dos audiencias públicas, intercambios de contactos y documentos con el sector y los socios parlamentarios... y tras todo ese trabajo se ha llegado a un "buen equilibrio" ya que se "impulsa" la industria audiovisual, se busca "atraer talento e inversión" y también a las plataformas internacionales y se consigue "proteger nuestra cultura y nuestras lenguas", tanto el castellano como los idiomas cooficiales, que son "una de las fortalezas y riquezas" de España.

"Estamos comprometidos con el impulso de las lenguas cooficiales, a través de las reformas, pero también a través de las inversiones y de nuestro trabajo diario", siguió la vicepresidenta primera. Ahí estaba incidiendo en otro punto clave: la protección a las lenguas se sustanciará a través de la ley pero también a través de ayudas a las empresas, que era el formato preferido por el Gobierno y el que defendió frente a ERC. Calviño apuntó que durante el trámite parlamentario "se pueden producir, por supuesto, mejoras y ajustes", "pero partiendo de un texto que es muy sólido".

Cómo son los porcentajes

Una de las claves de la directiva comunitaria es, precisamente, la promoción de la obra audiovisual europea. El texto aprobado por el Ejecutivo este martes obliga a la televisión lineal (los canales convencionales) a reservar el 51% del tiempo de emisión a obras europeas, y de ese porcentaje el 50% deberá guardarse para obras en castellano o en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esa subcuota, RTVE reservará un mínimo del 15% a producciones en catalán, gallego o euskera. Las autonomías con lengua propia podrán establecer obligaciones adicionales.

La norma también introduce la posibilidad de introducir programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales europeas



¿Y qué pasa con la televisión a demanda? Las plataformas de streaming deberán reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad (el 15%) deberán ser obras en lenguas oficiales de España y, de esa subcuota, el 40% deberá asignarse al catalán, el gallego y el euskera. De ahí sale el 6%. Pero este 6% se aplica solo, por tanto, a los operadores nacionales. Sí existe una excepción al principio de país de origen: cualquier prestador de servicios audiovisuales que ofrezcan su servicio en España deberá contribuir a la "financiación anticipada de la obra audiovisual europea". La cuantía se calculará en función de los ingresos anuales, aunque quedarán exentas las empresas con una facturación en España inferior a los 10 millones de euros al año.

También la ley prevé, para "fomentar la diversidad lingüística y las lenguas cooficiales", la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales europeas. Además, el Gobierno transaccionó la semana pasada una enmienda a los Presupuestos de 2022 con ERC, Bildu y BNG por la que se creó un fondo de 10,5 millones de euros de apoyo a la producción audiovisual en catalán, euskera y gallego.

La nueva ley audiovisual también cambia la financiación de RTVE, aunque no reintroduce la publicidad que se eliminó en 2010. La corporación pública recibirá aportaciones de "todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia": televisión lineal en abierto, televisión lineal de pago, prestadores de servicio bajo demanda (HBO, Netflix, Movistar+, Filmin...) y plataformas de intercambio de vídeos (como YouTube). Quienes dejarán de contribuir al sostenimiento financiero de RTVE son las empresas de telecomunicaciones.

Las novedades de la norma

La norma incluye, como explicó Calviño, unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual: respeto a la dignidad humana, protección de los usuarios respecto a contenidos que atentan contra las mujeres, obligación de transmitir una imagen "respetuosa" de las personas con discapacidad, la promoción del pluralismo lingüístico o la veracidad de la información. Se establecen horarios de protección reforzada para los menores en los servicios de televisión lineal en abierto, y las plataformas de intercambio de vídeos (a las que por primera vez se les exige estar inscritas) habrán de disponer de sistemas de verificación de edad y lanzar mecanismos para calificar los contenidos en función de la edad.

Los principios generales de la ley sí obligan a todos los prestadores de servicios. Además, se prohíbe la publicidad subliminal y se flexibilizan los minutos de anuncios en las teles


Asimismo, se prohíbe totalmente la publicidad subliminal o los anuncios de tabaco o cigarrillos electrónicos, y también todos aquellos que vulneren la dignidad o traten a la mujer de manera vejatoria. También la publicidad de bebidas alcohólicas se restringe a determinadas franjas horarias, y la de esoterismo, paraciencias o juegos de azar y apuestas —salvo la lotería— estará confinada a un pequeño horario (de una a cinco de la madrugada). Se flexibilizan los límites de la publicidad en la televisión lineal (en abierto o de pago): se pasa del máximo de 12 minutos por hora a un máximo de 144 minutos entre las seis de la mañana y las 18 horas, y 72 minutos máximo desde las seis de la tarde a la medianoche. La ley crea una ventanilla única para reclamaciones relativas a la accesibilidad de los usuarios, que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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