La endiablada herencia de los seis hermanos del camping ilegal de Can Rova

La copropiedad de la finca rústica de Can Rova (Ibiza), ubicada en el barrio de Can Negr, de Santa Eulària, ha desatado una batalla judicial entre los seis hermanos herederos que se ha prolongado casi dos años después de que uno de ellos montara uno de los campings ilegales más grandes de Ibiza.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha fallado ahora a favor de cinco de los hermanos (dos de ellos presentaron demanda en nombre de todos) que solicitaron una orden de desahucio por precario contra un sexto, T.C., explotador del terreno rústico, por su "disconformidad" ante el "uso abusivo" que le estaba dando al solar.

Antes del fallecimiento de la madre, antigua dueña de Can Rova, T.C. ya tenía la posesión de la finca, por lo que tras la muerte de la progenitora, el resto de hermanos "toleraron" que continuara viviendo en ella, según explica el abogado defensor de los demandantes a Diario de Ibiza. "Lo que no se podían ni imaginar era que iba a darle el uso que le está dando", continúa el letrado.

Al ver el caos que estaba proliferando en el solar, donde se empezaron a acumular infraviviendas: caravanas, tiendas de campaña e incluso un autobús, por las que el dueño obtenía un "beneficio económico ilícito", los cinco hermanos (que representan el 83,33% de la posesión) mandaron un burofax al explotador a través de su abogado (en agosto de 2022) en el que le pedían el cese "inmediato" de estas actividades.

Además de alquilar zonas y habitaciones de la finca para vivir "en condiciones infrahumanas", los coherederos denunciaron frente al juez que su hermano estaba alquilando espacios para el almacenaje de maquinaria pesada y material de construcción, así como para el vertido de escombros.

En ese sentido, los copropietarios afectados manifestaron en la demanda que habían recibido requerimientos por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària para que se pusiera fin a las prácticas que iban en contra de la normativa municipal, por las que habían recibido, además, sanciones administrativas que se habían visto obligados a abonar. Un hecho que fue ratificado —como resuelve la Audiencia— ante el juez por el testimonio del inspector de actividades del Consistorio. De hecho, tras la resolución, técnicos municipales, acompañados por agentes de la Guardia Civil, y un inspector de Vivienda del Govern, han accedido al terreno para valorar la situación.

La decisión del máximo órgano judicial de Balears revoca la del juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza, que daba la razón a T.C al valorar que "tiene título suficiente para poseer, siendo propietario proindiviso, la finca". Y considerando, entonces, que la estimación de la demanda presentada por los cinco copropietarios "contravendría dicho título". La misma sentencia declara "en rebeldía" al demandado al no haber comparecido ante el juez en el plazo indicado. Tras la resolución favorable para T.C., los cinco hermanos presentaron el recurso de apelación en Palma.

En este escenario apelatorio, la Audiencia consideró que el Juzgado de Primera Instancia no había tenido en cuenta que la posesión estaba siendo ejercida "de manera exclusiva y excluyente por el demandado" y que además, dicho uso se estaba realizando de "modo ilegal, en contra de la normativa municipal de aprovechamiento de terrenos rústicos", recoge la sentencia.

Todo esto supone, además del enriquecimiento a favor del demandado en "base a la utilización individual de un bien común" del que los seis hermanos son propietarios "indivisiblemente" de la sexta parte de la finca que les corresponde, "un abuso de derecho en perjuicio a los intereses" comunes.

La resolución de la Audiencia Provincial condena, por tanto, al desalojo a T.C, coheredero de la finca de Can Rova, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo que señale el Juzgado, se llevará a cabo un lanzamiento. Además, el condenado acarreará con las costas del proceso judicial.