Las criptomonedas se apuntan al lobby para lavar su imagen

Los escándalos surgidos en la industria de las criptomonedas, como la supuesta malversación de fondos de sus clientes por parte de Binance, o el agujero de 8.000 millones de dólares dejado por FTX, han sido un aldabonazo para las autoridades de todo el mundo, que se afanan en regular un sector que mueve 2,5 billones de dólares por todo el mundo y 60.000 millones de euros en España. Como consecuencia del desarrollo de nuevas legislaciones, ha aumentado la presencia de representantes de las principales firmas del sector para tratar de influir en las mismas. Solo en Estados Unidos, las firmas que operan con criptoactivos gastaron 9 millones de dólares en 2021 -último año conocido- para hacer lobby, cuatro veces más que el año anterior, según un estudio elaborado por Public Citizen.

El fenómeno no es exclusivo de esta región. La elaboración del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA), aprobada a principios de mayo, ha visto un trasiego de personas que han intentado influir en la misma. Binance y Coinbase, las dos firmas principales del sector, han desembolsado entre 200.000 y 600.000 euros en 2022 para que su visión fuese incluida en el borrador, según el registro de transparencia de la Comisión Europea. La actividad de los grupos de presión está regulada en Bruselas y en Estados Unidos, pero en España solo existe un registro voluntario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no obliga a los grupos de interés a inscribirse para operar.

Los esfuerzos de las empresas de criptomonedas por influir en las regulaciones coinciden con un momento pesimista para su industria. Y la reacción del regulador ha sido pasar al ataque directo contra el sector. La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) demandó hace dos semanas a Coinbase, que finalizó el cuarto cuatrimestre de 2022 con un volumen de transacción de 145.000 millones de dólares, por operar como una bolsa de valores sin registro y a Binance, el ‘exchange’ que movió una media de 65.000 millones de dólares en transacciones en 2022, por malversación de fondos de sus clientes. El llamado ‘criptoinvierno’ se inició en noviembre de 2022 con la caída en desgracia del ‘exchange’ FTX, que dejó una deuda de 3.000 millones de dólares y arrastró a otras firmas del sector como BlockFi o Silvergate Bank, el banco que se derrumbó al mismo tiempo que el Silicon Valley Bank.

Grupos de presión en Bruselas

Desde hace años, las empresas que operan con criptomonedas han apostado por la contratación de servicios de lobby en todo el mundo. Por ejemplo, en el Congreso estadounidense trabajaron 163 lobistas en 2021 a favor de sus intereses y también se han identificado representantes en el Parlamento Europeo. “Cada vez hay más grupos de presión de criptomonedas en la Unión Europea”, asegura Adrián Moreno, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y experto en ciberseguridad. “Hay criptoempresas, como es el caso de Binance, que están intentando influir en los sujetos (comisarios, altos funcionarios, eurodiputados, consejeros nacionales y otros) que regulan la industria de las criptomonedas”. Si miramos el caso español, “FinReg360 es el criptoasesor regulatorio de referencia en nuestro país”, señala Moreno, y también hay firmas que han tratado de influir en las regulaciones, “por ejemplo, Bit2Me o BitBase”. No ha sido posible contactar con FinReg360 ni con BitBase, mientras que Bit2Me declinó responder a este medio.

Salvo excepciones, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo obligan a los grupos de presión a inscribirse en el registro de transparencia de la Unión Europea. De ahí se extrae que firmas como Binance incorporó sus datos en 2022 y ha acreditado a una persona para acceder a los edificios comunitarios, emplea a la consultora internacional Boldt Partners para hacer lobby y la estimación de costes del 2022 atribuibles a actividades cubiertas por el registro están comprendidas entre los 500.000 y 599.999 euros. Coinbase, por su parte, media con las autoridades europeas a través de las consultoras de asuntos públicos especializada en regulación y competencia Flint Global y Afore Consulting y gastó en el último años entre 200.000 y 299.999 euros.

Noticias relacionadas

Las promociones agresivas de Shein, Aliexpress y Temu arañan cuota de mercado al comercio español

Cabify ejecuta una veintena de despidos en el 'staff' mientras prepara su salida a Bolsa

En Bruselas también hay sitio para asociaciones, como Blockchain for Europe, que agrupa a compañías como las dos anteriores, la firma de pagos Ripple Labs, el ‘exchange’ Kraken o la plataforma de datos de blockchain Chainalysis. En el caso de Blockchain for Europe, fue la consultora de asesoramiento y asuntos públicos APCO Worldwide la firma encargada de influir en las políticas con unos gastos de representación de entre 200.000 y 299.999 euros. Otro de los grandes nombres es la International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), que utilizó los servicios de Kellen y a FTI Consulting con unos costes estimados en 100.000 y 199.999 euros. Accenture también aparece en el registro con una lista de asociaciones y grupos de reflexión donde figura INATBA. “No hacemos lobby ‘per se’, colaboramos en grupos de trabajo del mundo blockchain”, explican fuentes de la consultora.

A excepción de Chainalysis, ha sido imposible recabar la opinión de las empresas citadas. En su caso, Janet Ho, responsable Policy para Europa, esgrime que la Unión Europea está introduciendo regulaciones más sólidas y completas sobre los distintos tipos de servicios de criptomonedas, como MiCA. Por tanto, “los nuevos actores del mercado, y los ya existentes, necesitarán apoyo para comprender estos requisitos en este marco regulatorio y operar a través de las diferentes regulaciones nacionales. Con el objetivo de garantizar su correcta aplicación, Ho cree que “es esencial que los reguladores y las empresas colaboren y mantengan un diálogo continuo para promover una mejor comprensión de estas normativas”.