Prisión para ocho de los doce detenidos en la trama de las "narcolanchas"

Ocho de los doce detenidos en la operación "Munari" ingresaron en prisión a medianoche de ayer por orden de la juez de Cambados que instruye la causa de las "narcolanchas". Entre los cuatro arrestados que han quedado en libertad se encuentran Ramón Bugallo Martínez, "Mon", y uno de sus hijos. Bugallo Martínez es primo del histórico narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, "

Sito Miñanco

".

La juez imputa a los doce investigados delitos de contrabando y contra la salud pública. Para los cuatro que han quedado en libertad se han decretado una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de España.

La operación “Munari” ha servido para abortar varios alijos de droga inminentes. En torno a media docena de las lanchas rápidas que había fabricado la organización desmantelada esta semana entre Arousa, Salamanca, Madrid, Barcelona y el norte de Portugal ya estaban listas para ser botadas y participar en una operación del narcotráfico. Los agentes que participaron en el operativo las encontraron en diferentes puntos -sobre todo en un astillero del norte del Portugal-, cubiertas con lonas blancas.

La redada explotada el miércoles por agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, bajo la coordinación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados se ha saldado finalmente con la detención de 21 personas (12 de ellas en Galicia, la mayoría en O Salnés), y la aprehensión de 23 embarcaciones en distinto estado de construcción. También se han intervenido numerosos motores de gran potencia.

De los 21 detenidos en la operación, nueve habían quedado en libertad el jueves, en sede policial, al tratarse presuntamente de meros peones de la organización, y los doce restantes fueron conducidos a primera hora de la mañana del viernes ante la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados.

Declararon ante la magistrada Luz María Fernández de Landa y el fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Pablo Varela, asistidos por sus abogados y bajo la custodia de agentes de la Guardia Civil.

Pasadas las 11.30 horas de la noche del viernes, la jueza decretaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para 8 de los 12 detenidos. Las cuatro personas restantes han sido puestas en libertad, aunque se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido abandonar el territorio nacional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean llamados. Todos ellos están investigados por un delito continuado de contrabando, un delito de pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública.

Entre los investigados en la operación “Munari” se encuentran Ramón Bugallo Martínez, “Mon”, un primo del histórico narco cambadés “Sito Miñanco”, y el vilanovés Pablo V., un hombre de unos 34 años y sin antecedentes que se cree que estaba también en la parte alta jerárquica de la organización.

La “Munari” es la mayor operación llevaba a cabo nunca contra el entramado logístico marítimo del narcotráfico. Para encontrar un precedente de similar valor habría que remontarse a la “Tabaiba” de 2009, dirigida también desde los Juzgados de Cambados.

En aquella ocasión, el número de embarcaciones incautadas fue menor, pero a cambio se descabezó una organización de “narcolancheros” que participaba activamente en los alijos.

Otro aspecto relevante de la “Munari” es que los fabricantes de las planeadoras trabajaban para diferentes grupos dedicados al

tráfico de drogas

, la mayoría de ellos dedicados al transporte de hachís entre Marruecos y España a través del Estrecho de Gibraltar. En la operación se han intervenido varios ordenadores, teléfonos móviles y otros documentos, que podrían dar pistas de los destinatarios finales de las “narcolanchas”. Presumiblemente, esto ayudará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a afinar a corto o medio plazo la persecución de los clanes que operan en el sur de España.

La organización desmantelada se dedicaba supuestamente a fabricar lanchas rápidas para las organizaciones del narcotráfico. Se las proporcionaban por vía marítima o por tierra. En estos casos, los transportes se hacían dentro de lo posible por Portugal, ya que la legislación en este país permite este tipo de embarcaciones. En España, las naves recreativas de más de ocho metros de eslora están prohibidas desde 2018, pero no así en Portugal, razón por la cual los integrantes de la trama procuraban finalizar la construcción de sus planeadoras en el país vecino.

Estalló el miércoles

La operación “Munari” arrancó a primera hora de la mañana del miércoles, con las primeras detenciones y los registros más madrugadores. Los diferentes equipos actuaron de manera simultánea, para evitar la huida de algún investigado o la destrucción de pruebas, y contaron con el apoyo de dos helicóptero y con la participación de una unidad de perros adiestrados.

En Cambados, los agentes arrestaron al primo de “Sito Miñanco” y a un hijo, mientras que en Vilanova eran detenidos dos primos vinculados a un taller mecánico. El dispositivo se trasladó inmediatamente a las poblaciones vecinas de Ribadumia y Meaño, pues los investigadores querían entrar en las naves y galpones en los que la organización ocultaba las planeadoras que estaba fabricando.

El despliegue fue especialmente importante en una nave de Meaño, en cuya fachada todavía luce el rótulo de una empresa vinculada al sector de la piedra. Docenas de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplegaron allí durante buena parte de la mañana. Otro de los puntos de intervención fue Ribadumia, en una nave sin rótulos situada en una discreta zona rural próxima al río Umia.

En los registros, los investigadores hallaron embarcaciones en diferentes estados de construcción, montadas sobre carros, y grupos de motores fueraborda de gran potencia apilados contra la pared. También se localizó una embarcación en el interior de la caja de un camión, presumiblemente lista para ser entregada a los clientes finales de la organización.

El operativo se desarrolló en una decena de partidos judiciales repartidos por cuatro comunidades autónomas españolas y el norte de Portugal, para lo cual fue de gran importancia la colaboración de la oficina del Eurojust, que gestionó las órdenes de Cambados.