Parricidio
El juzgado de malos tratos de Sueca sí recibió aviso de que la víctima se estaba divorciando
La Guardia Civil lo incluye en el atestado que entregó a la jueza junto con el agresor detenido, el mismo día que lo juzgaron y condenaron
La jueza sustituta del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca que juzgó y condenó en agosto pasado a José Antonio A. C., el parricida confeso, cuando fue detenido por
maltrato
a su entonces ya exmujer sí estaba informada de la existencia de un proceso por divorcio en otro juzgado de Sueca. Y también la fiscal que atendió el caso y la abogada de la víctima. O debían estarlo, al menos, ya que esa información, aportada por la propia víctima, constaba en el atestado policial elaborado por la Guardia Civil de Cullera y que fue entregado en el juzgado el mismo día que el arrestado, el 11 de agosto de 2021.
Concretamente, esa información aparece en el folio 7 de los 24 de que consta el atestado y está recogida dentro de uno de los elementos fundamentales del informe policial: la declaración de la víctima. Así, a dos preguntas diferentes, una de las cuales ni siquiera buscaba esa respuesta, contesta que existe un proceso de divorcio. En la primera, el agente le pregunta «si existen condenas o procesos judiciales anteriores por hechos de esta naturaleza», en referencia a la violencia machista, y la mujer responde que "un proceso de divorcio, en los juzgados de Sueca".
Tres preguntas más tarde, el agente inquiere si existe "proceso judicial de separación o divorcio o resoluciones judiciales en esta materia", y vuelve a contestar que "sí".
Pese a que desde el TSJCV se había informado el lunes de la existencia de dos procesos judiciales paralelos, uno penal, por el maltrato, y otro civil, por el divorcio, y que ambos discurrieron sin información recíproca hasta que el segundo otorgó la custodia compartida de mutuo acuerdo porque "ninguno de los cónyuges informó al de Familia" del proceso por maltrato, lo que el atestado policial, al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, deja claro es que quien sí debía estar al tanto es el primero, el de Violencia de Género, y que la víctima, en ese proceso al menos, sí dejó claro que había un divorcio iniciado en otro juzgado.
La ley integral de violencia de género obliga a que los juzgados que entienden de esa materia, que en principio solo era penal, asuman también la parte civil, esto es, las medidas de esa jurisdicción como, por ejemplo, la custodia o patria potestad de los menores, el uso de la vivienda, la pensión alimenticia e incluso el divorcio, entre otras.
Por tanto, el juzgado que condenó al maltratador debía haber informado al otro de que tenía que inhibirse en su favor en la tramitación del divorcio, lo que hubiera derivado en que nunca se habría aprobado una custodia compartida, ya que esta no cabe cuando existe una condena -o una investigación- por maltrato de por medio.
La detención de José Antonio A. C., vecino de Sueca, se produjo el 10 de agosto del año pasado en Cullera, adonde se había ido a vivir su mujer con el hijo de ambos, Jordi, de 10 años en aquel momento, y que el domingo pasado fue asesinado a cuchilladas por su padre, tal como adelantó Levante-EMV, precisamente en uno de los pocos momentos en que la madre le permitía estar con su padre porque no se fiaba de que fuera a ocuparse de él adecuadamente, ya que cada vez bebía más alcohol (fue detenido en junio conduciendo borracho).
Madre e hijo se fueron a casa de los padres de ella, para que el uso de la vivienda de Sueca no supusiera un conflicto añadido. En agosto, un incidente grave terminó con José Antonio A. C. detenido. Fue el 10 de agosto. Al día siguiente, a las 9.00 horas, la
Guardia Civil
entregó al acusado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca.
Una hora después, se celebró un juicio rápido por un único episodio, ocurrido en febrero, cuando él la estampó contra la pared agarrándola por el cuello porque le anunció que quería separarse. Se le dijo que, si admitía los hechos, tenía derecho a una reducción de la condena en un tercio. Así, en vez de 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad, se le impusieron 40, además de ocho meses de alejamiento de 200 metros (habría finalizado el 12 de abril) y 16 de prohibición de tener armas.
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