Familiares, trabajadores y mayores piden inspecciones técnicas en todas las residencias tras producirse 40 muertes por incendios en 10 años

Cuarte de Huerva (Zaragoza) en julio de 2015, nueve fallecidos; Olvera (Cádiz) en junio de 2017, tres fallecidos; Cartagena (Murcia) en febrero de 2018, uno. En 2021, en Soria, hubo una muerte en enero y otra en Sevilla; en Moncada (Valencia), en enero de 2022, otros nueve fallecidos. Son, todos ellos, decesos que tuvieron lugar en incendios producidos en residencias de mayores, como también el que se produjo en Guadarrama (Madrid) en abril de 2022, donde tuvieron que desalojar a 130 personas usuarias.

Hubo otro en julio de 2022 en Celada del Camino (Burgos), donde perdieron la vida tres personas. En diciembre de ese mismo año murió una persona en Matadepera (Barcelona); en Torrelodones (Madrid) en junio de 2023, hubo un fallecimiento y 10 heridos. En septiembre de 2023, otro incendio en un centro de mayores en Siero (Asturias) provocó el fallecimiento de una persona y otras 27 resultaron heridas, mientras que 150 fueron desalojadas en Palma de Mallorca. La Unión de Ciudadanos por la Mejora de las Residencias (UCMR) ha querido refrescar la memoria para recordar que lo del incendio de la residencia de Aravaca (Madrid), donde tres mujeres perdieron la vida, no fue una situación singular, sino que viene repitiéndose en varios lugares de España en los últimos años, por lo que piden inspecciones técnicas.

En concreto, en el caso de Aravaca, el fuego en el centro se originó por la combustión de un radiocasete antiguo. La documentación, a la que tuvo acceso este diario, señaló que los agentes de la Policía Municipal encontraron que la "puerta de emergencias" de acceso al exterior estaba "bloqueada" en la primera planta, y lo mismo ocurría con la que daba acceso a la terraza. Además, no existían "luces de emergencia en ninguna estancia y el pulsador de alarma de incendios no emite señal luminosa ni acústica", indica el documento.

Falta de personal

"Consideramos inadmisibles las irregularidades que se han desvelado como claros contribuyentes del desenlace fatal: las carencias de personal que no pueden atender diligentemente en ciertos horarios la asistencia de personas con discapacidades variables en situaciones tan complejas, las deficiencias estructurales y funcionales que entorpecen la labor de los servicios de extinción de incendios, y la aparente ineficacia de las inspecciones que había pasado recientemente la residencia", asegura la UCMR en un comunicado.

Indican que no pueden quedarse "en la crítica fácil y efímera a los responsables políticos de una comunidad concreta" sino que, para evitar que situaciones así se repitan, se debe "profundizar en la situación, y reconocer como sociedad que se trata de carencias estructurales y funcionales que padecen muchas residencias geriátricas a lo largo y ancho del territorio español, desconocidas en general, y por desgracia parece que también banalizadas y minusvaloradas por las administraciones".

Código Técnico de Edificación

"Sabemos que a veces los centros inician su funcionamiento y se ocupan sin haber pasado por la debida verificación de seguridad de las instalaciones, e incluso las mantienen funcionando con conocimiento de que tienen importantes deficiencias sin subsanar, o sin realizar mantenimiento y formación rutinarios y debidamente supervisados, como la realización de simulacros de emergencias. Cuarenta fallecidos en incendios de geriátricos en la última década, a lo largo y ancho del territorio español, dan fe de la magnitud del problema. Los edificios que resguardan el bienestar de personas en situación tan vulnerable tienen la obligación de aplicar el mismo Código Técnico de Edificación (CTE) que se aplica en los hospitales, aunque parece evidente que, en la práctica, existe una diferencia abismal en las garantías que ofrecen estos edificios. Del mismo modo que existe gran diferencia en la capacidad de reacción y colaboración de los trabajadores", denuncia la asociación de familiares, trabajadores y mayores.

Por todo, piden que se realicen inspecciones técnicas en todas las residencias que alberguen personas vulnerables, "para comprobar el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, de la seguridad pasiva del equipamiento, el correcto funcionamiento de los sistemas de protección y seguridad, así como el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de evacuación en situaciones de emergencia, sin olvidar del cumplimiento de las ratios de personal para garantizar el éxito" de que se cumplan en cualquier horario.

"Por supuesto, que en estas inspecciones se tenga en cuenta las limitaciones funcionales de sus moradores, que difícilmente pueden alertar de las incumplimientos que pueden suponer un grave compromiso de su propia vida y seguridad", añaden. Por su parte PLADIGMARE, la asociación de familiares de residentes y trabajadores en Residencias de Mayores, ya pidieron el pasado mes de enero el cese de los responsables de los servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid al asegurar que "están aplicando ratios inferiores (menos personal exigible) a las residencias con residentes con el cheque-servicio".