El PP aprueba el choque Congreso-Senado por la amnistía sin confirmar que lo elevará al TC

El PP ha llevado su campaña contra la amnistía hasta su punto más álgido, la aprobación de un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Con el rodillo de su mayoría absoluta y ante las críticas de todas las formaciones -salvo Vox-, los populares han aprobado una iniciativa sin precedentes en 45 años de democracia alegando que la ley de amnistía es una "reforma encubierta de la Constitución" que usurpa competencias a la Cámara Alta. No obstante, los populares parecen dudar de sus propios planes iniciales y no confirman que vayan a elevar este choque al Tribunal Constitucional (TC), el objetivo final de este procedimiento.

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"La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución", ha sentenciado el senador del PP Antonio Silván antes de asegurar que el Congreso "se ha extralimitado en sus competencias" al tramitar la medida de gracia como una proposición de ley orgánica y no como una reforma de la Constitución. Apoyándose en el informe de los letrados del Senado, Silván ha defendido que la amnistía no está contemplada en la Carta Magna y que la norma actual solo viene a llenar ese vacío. "El poder no tiene derecho, tiene competencias y estas han de estar perfectamente tasadas y delimitadas por la Constitución", ha apuntado.

Los populares alegan que al "Senado se le obliga a tramitar una reforma constitucional como una proposición de ley" y que, por tanto, se usurpa el papel clave que tiene la Cámara Alta, con mayorías más altas, para aprobar una modificación de la Carta Magna. Para el resto de formaciones, no existe tal conflicto, ya que el Senado está debatiendo la medida de gracia de manera plena. Así, el senador socialista Francisco Fajardo ha llegado a decir que el choque promovido por los populares es "casi un 'quieto todo el mundo'", comparándolo con el golpe de Estado del 23-F.

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Dudas internas

La iniciativa, aprobada con el 'sí' de PP, Vox y Coalición Canaria, solicita al Congreso que retire la ley de amnistía o, en su defecto, que reinicie su tramitación como una reforma constitucional. La Cámara Baja podrá responder a la petición en el plazo de un mes o guardar silencio. Será después cuando el Senado, en manos del PP, pueda elevar el conflicto institucional al TC. Sin embargo, los conservadores tienen dudas sobre qué hacer y, por el momento, no aseguran que vayan a dar este paso. "Cada cosa a su tiempo", sostienen fuentes del PP. Este mismo miércoles, la portavoz popular, Alicia García, evitó también confirmar que vayan a acudir al tribunal de garantías.

En las filas conservadoras existe cierto temor a que el Tribunal Constitucional, con una mayoría progresista, eche abajo su argumentación, lo que complicaría la futura argumentación de un recurso de inconstitucionalidad. A esto se suma que elevar el conflicto ante el alto tribunal no tendría consecuencias prácticas, ya que no paralizaría la tramitación de la amnistía y el TC se pronunciará una vez que la medida de gracia ya se hubiera aprobado y estuviera en vigor.

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"Creemos que no se van a atrever a acudir al Tribunal Constitucional para plantear el conflicto de atribuciones porque saben de sobra que las posibilidades de que prospere son prácticamente nulas", le ha espetado el senador del PSOE Antonio Magdaleno a la bancada del PP. Así, ha apuntado que los populares se tendrían que enfrentar a "una humillación política y jurídica". En esta línea, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha dicho que es "muy sospechoso" que no lo tengan claro: "¿Tan poca seguridad tienen?".

Reproches habituales

Más allá de la incertidumbre sobre los futuros pasos del PP, todos los grupos han criticado la iniciativa. Los socialistas y sus socios han denunciado, una vez más, el uso partidista que los populares hacen del Senado en su cruzada contra la amnistía. Además, han rechazado que la ley usurpe competencias a la Cámara Alta. Hasta UPN, aliado habitual del PP, ha compartido este argumento. Vox, que sí ha dado su apoyo a la propuesta, ha reprochado a los populares que no la hubieran adoptado antes y les ha pedido que inadmitan a trámite la norma.