TRIBUNALES
El tribunal ignora el intento de Zaplana de anular el registro del despacho del abogado del yonqui del dinero que originó el caso Erial
El juicio del caso Erial se retoma tras dos aplazamientos por enfermedades del fiscal y el letrado del exministro que también pide la nulidad de la causa por el inicio rocambolesco de la investigación
Los magistrados también rechazan que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional
Laura Ballester
Los magistrados de la sección cuarta rechazan de plano el intento de Eduardo Zaplana de anular todo el caso Erial al intentar tumbar el registro en el despacho del abogado del yonqui del dinero, Marcos Benavent, que permitió iniciar la instrucción de la causa que sienta en el banquillo al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, su sucesor, José Luis Olivas, junto a trece personas jurídicas más y cuatro jurídicas.
El abogado del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana también ha solicitado al tribunal que lo juzga en la Audiencia de València, que su caso sea juzgado en la Audiencia Nacional. "Esta parte ya lo intentó durante la instrucción, pero no se nos hizo caso. La competencia es de la Audiencia Nacional", ha reivindicado el letrado Daniel Campos.
"Corresponde a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque tal como los narra la fiscalía se cometieron básicamente en el extranjero. También a partir de 7 millones de cuantia la competencia también afecta a la Audiencia Nacional. Y en este caso el fraude excede con mucho la cantidad de siete millones. Por tanto seria tambien competencia de la Audiencia Nacional, como ha sucedido en el caso Koldo. O si excede el ámbito de una provincia".
El letrado del exministro ha recordado que según el relato del fiscal y el auto de procedimiento abreviado dice que la recepción de sobornos por parte de Imison International se reciben en Luxemburgo. Se transfieren a Luxemburgo las comisiones pactadas. A mediados de 2006". Y, ha añadido, "el delito de cohecho se materializó, según la UCO de la Guardia Civil y la jueza, de forma velada en Luxemburgo".
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a esta petición ya que considera que el delito principal, el presunto cohecho por las comisiones que Eduardo Zaplana y su círculo de confianza cobraron por la adjudicación de las ITV y el Plan Eólico y que pagó la familia Cotino, se cometió en València.
Un argumento que ha aceptado el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de València que ha decidido rechazar la cuestión previa de competencia del caso Erial, por lo que mantiene el juicio en València, que continúa en estos momentos.
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